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La letra grande y la letra chica del acuerdo Argentina–EE.UU.
La firma del acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos debe leerse, antes que nada, como un hecho político. Más que el resultado de una negociación tradicional entre dos Estados con intereses simétricos, el entendimiento refleja la convergencia ideológica entre Javier Milei y Donald Trump y la decisión del gobierno argentino de anclar su estrategia internacional en una alineación explícita con Washington. En ese sentido, el acuerdo funciona como la validación de una apuesta política que Milei viene sosteniendo desde el inicio de su mandato: mostrar a la Argentina como un socio confiable de Estados Unidos y del “Occidente político”, aun cuando ello implique asumir compromisos de apertura con efectos desiguales hacia adentro.
Para el oficialismo, el pacto tiene un fuerte valor simbólico. Se presenta, narrativamente, como la prueba de que el país dejó atrás el aislamiento, el proteccionismo y la imprevisibilidad. Esto se apoya también en los recientes respaldos financieros extraordinarios de la administración Trump que desembocan en la firma de un acuerdo comercial que consolida esa cercanía política en términos económicos concretos.
Los principales ganadores del acuerdo son claros: el sector agroexportador, y en particular la cadena de la carne bovina, emerge como el beneficiario más tangible. Estados Unidos cuadruplicará el cupo de importación de carne argentina con arancel preferencial, llevándolo de 20.000 a 100.000 toneladas anuales, un cambio de magnitud histórica para el sector. A ello se suma la eliminación de aranceles recíprocos para más de 1.600 productos argentinos, incluidos insumos farmacéuticos y recursos naturales no disponibles en el mercado estadounidense.
Sin embargo, una lectura más detenida del acuerdo obliga a mirar también lo que quedó fuera. La continuidad de los aranceles del 50% sobre el acero y el aluminio argentino expone los límites de la “amistad política” cuando entran en juego intereses estratégicos de Estados Unidos. Estos sectores siguen protegidos bajo el argumento de la seguridad nacional, y si bien Washington prometió revisar la medida en el futuro, no hay plazos ni garantías. Para la industria pesada argentina, que había depositado expectativas en una eliminación inmediata, el resultado deja un cierto sabor amargo y confirma que la cercanía ideológica no siempre se traduce en concesiones automáticas.
El capítulo más sensible del acuerdo se juega puertas adentro de la economía argentina. La apertura de más de 200 categorías de productos estadounidenses -desde maquinaria y dispositivos médicos hasta autopartes-, junto con la reducción arancelaria y la aceptación automática de estándares técnicos y sanitarios de Estados Unidos, marca un cambio profundo en las reglas del juego. La homologación directa de certificaciones, como las de la FDA o las normas de seguridad vehicular estadounidenses, agiliza el comercio y reduce costos, pero también elimina barreras paraarancelarias que durante décadas funcionaron como mecanismos de protección indirecta para la industria local.
Aquí aparece una tensión central: mientras el consumidor podría beneficiarse de mayor oferta y menores precios, buena parte del entramado industrial argentino enfrenta el desafío de competir en un contexto de apertura acelerada, sin redes de contención ni políticas de reconversión explícitas.
En clave geopolítica, el acuerdo también opera como un mensaje. Las cláusulas vinculadas a la prohibición de importar bienes producidos mediante trabajo forzoso y a la cooperación en materia de “seguridad económica” alinean a la Argentina con la estrategia estadounidense de contención de China. Sin mencionarla explícitamente, el texto incorpora referencias habituales de la política comercial norteamericana para limitar prácticas consideradas desleales y coordinar controles sobre exportaciones, inversiones sensibles y cadenas de suministro estratégicas. Argentina, así, se inserta de manera explícita en una lógica de competencia geopolítica que trasciende el intercambio comercial.
El futuro del acuerdo, además, no está exento de incertidumbres. En la Argentina deberá atravesar el proceso de ratificación legislativa y una compleja etapa de adecuación normativa, desde la propiedad intelectual hasta las reglas laborales y sanitarias. En Estados Unidos, la resistencia política ya es visible. El lobby ganadero expresó su rechazo al aumento de importaciones de carne argentina, y sectores del Partido Demócrata cuestionan tanto el acuerdo como el respaldo financiero previo, al que califican como un favor político con costos para los contribuyentes estadounidenses. Estas tensiones internas bien podrían condicionar la implementación efectiva del pacto o demorarla.
Quedan abiertas las preguntas de fondo sobre el impacto en la estructura productiva, el margen de maniobra regulatorio y el lugar que Argentina elige ocupar en un escenario global cada vez más atravesado por disputas estratégicas. El verdadero balance del acuerdo no estará en el anuncio, sino en su implementación, en el equilibrio de las tensiones que alimentará intra Mercosur y en la capacidad del país de transformar esta apertura en desarrollo sostenible, y no solo en una señal de alineamiento político.
Directora de Insight 21, think tank de Universidad Siglo 21
