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La ley de abastecimiento traerá más deterioro
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El Gobierno promociona en estos días la llamada ley de abastecimiento como una ley que amplía derechos de los consumidores, pero buena parte de la oposición y de los actores económicos, incluidas pymes y asociaciones de consumidores, la consideran, además de inconstitucional, un instrumento que llevará a mayor deterioro de la economía. ¿Quién tiene razón? O, más importante, ¿qué implica este tipo de leyes para el desarrollo económico de largo plazo?
El proyecto se puede analizar en el marco que elaboraron Daron Acemoglu y James Robinson en su trabajo sobre instituciones y desarrollo, y popularizaron en su libro ¿Por qué fracasan los países? Allí postulan que existen dos clases de instituciones económicas y políticas, las extractivas y las inclusivas. Las extractivas son aquellas que benefician a un grupo pequeño de personas a costa de la población, con los casos extremos de colonias esclavistas o regímenes dictatoriales como los de Corea del Norte o Cuba. Y las inclusivas son las que distribuyen el poder político en forma amplia y que aseguran, en lo económico, una cancha de juego pareja para todos, como los países escandinavos, Corea del Sur o Australia.
Lo curioso del caso es que tanto el oficialismo como los opositores pueden utilizar este simple esquema para justificar sus creencias y acciones. Acuerdan en que la Argentina está a medio camino en este proceso hacia la inclusión, pero difieren en las causas de la persistencia de la exclusión. Mientras que el oficialismo culpa a las corporaciones económicas, a los medios de comunicación y al "campo" por la exclusión, los opositores apuntan a un Ejecutivo que busca concentrar el poder, disminuir el pluralismo y constituirse en una nueva elite económica mediante la adquisición fraudulenta de empresas y medios.
Pues bien, no es en el esquema, sino en la encarnadura de la teoría donde se encuentran respuestas sobre si el kirchnerismo ha alentado o no la inclusión social sostenible. Los autores asocian instituciones políticas inclusivas con un poder repartido y con el control del poder político por parte de la ciudadanía, los medios y las asociaciones privadas, e instituciones económicas inclusivas con la defensa de la propiedad (sea privada o pública), la promoción de la competencia, el rechazo a las expropiaciones y a los monopolios, la reducción de las barreras de entrada a mercados y la disminución de las trabas burocráticas.
Acemoglu y Robinson indican en un artículo algo más técnico que las "buenas instituciones económicas son aquellas que aseguran a una amplia mayoría de la sociedad los derechos de propiedad y el acceso relativamente igualitario a los recursos". Con la ley de abastecimiento, el oficialismo cree (en su versión más benigna) que puede lograr lo segundo minando los derechos de propiedad. En cambio, los opositores creen que no existe desarrollo igualitario sin una fuerte defensa de aquéllos. En efecto, aspiran (en su versión más benigna) a una democracia en la que una amplia mayoría de la población tenga activos de largo plazo, como una casa, una pequeña empresa, un ahorro o, para el caso, una educación de calidad.
El proyecto de ley de abastecimiento concentra el poder en el Ejecutivo, al que se le permite fijar precios máximos, expropiar mercadería y activos, y obligar a operar a pérdida, abriendo la puerta a la extorsión de empresarios, a la precarización de los productos y de los mercados, al desaliento de inversiones y a la destrucción de empleo. Todo esto ya sucedió en algunos mercados con herramientas similares y con resultados previstos: en carne bovina, en trigo, en energía, en hipotecarios y en el mercado cambiario. Esta ley, generalizando esos procedimientos, permitirá al Ejecutivo realizar tanto o más daño que el provocado por Guillermo Moreno, si bien bajo la apariencia de mejores modales.
Sin la desafortunada serie de medidas tomadas desde 2007 -desde la falsificación de las estadísticas públicas hasta el ataque a la Justicia, pasando por el aumento de la presión tributaria, la confiscación a millones de jubilados, el desarme del Banco Central, el cepo y la pobre política energética-, todos cambios institucionales que concentraron la economía y el poder político, la Argentina estaría creciendo animadamente con baja inflación, los salarios reales estarían aumentando y la pobreza y la desigualdad disminuyendo. Lamentablemente, como predice la teoría antes expuesta, es por estas cuestiones institucionales (mucho más que por el fallo de Griesa o por una desaceleración mundial) que la Argentina no ha entrado en un camino de desarrollo sostenido.
