La ley de divorcio cumplió quince años

Durante el transcurso de 2002 se han cumplido quince años de vigencia de la ley 23.515, que introdujo en nuestro Código Civil el divorcio vincular. No es mucho tiempo, pero la institución arraigó rápidamente y ya parece incorporada definitivamente a nuestras costumbres, seguramente porque era una necesidad de la sociedad que no admitía postergaciones.

Sin embargo, no fue sencillo el trámite que condujo a su sanción. Entre las presiones de algunos sectores que se oponían a ella, que no por minoritarios carecían de peso, y la renuencia de los legisladores en abordar los temas que interesaban especialmente a la comunidad, el tiempo iba pasando sin que se encontrasen las soluciones que correspondían frente a un problema que aquejaba a miles de conciudadanos.

Una breve reseña histórica puede ser interesante para examinar los antecedentes que condujeron a que finalmente la ley fuese dictada.

Probablemente pocos recuerden que aproximadamente un año antes de la caída de Juan Perón ya se había incorporado a nuestra legislación una norma que habilitaba el divorcio vincular. Se lo hizo de un modo casi subrepticio, injertando esta posibilidad dentro de una "ley ómnibus" (14.394) que trataba distintas instituciones, como el bien de familia, la declaración de ausencia, la declaración de presunción de fallecimiento, etcétera.

Se trató de una ley que no fue debatida con la madurez que requería una cuestión de esa índole, y se inscribió en el enfrentamiento de Perón con la Iglesia Católica, que culminó con la quema de importantes templos de esta religión.

El gobierno de la Revolución Libertadora, con suma prudencia, suspendió la vigencia de esa norma, invocando los vicios de forma y de fondo que habían precedido a su sanción, pero no se consideró habilitado para legislar sobre el punto, considerando que era una cuestión que debía resolverse cuando se restableciesen las instituciones democráticas.

No obstante ello, los gobiernos se sucedieron y sistemáticamente eludieron encarar el tema, a pesar de que la realidad social imponía paulatinamente la necesidad de debatirlo y resolverlo. Los cambios sociales eran cada más dinámicos y crecía día tras día el número de parejas que, tras un divorcio de una unión anterior que no los habilitaba a contraer nuevas nupcias, montaban un sistema de ficciones con celebración de matrimonios en el exterior que no eran válidos y con la adquisición simulada de bienes para sustraerlos de eventuales reclamos.

Pero los sistemas basados en ficciones conducen a resultados injustos y muchos de los integrantes de esas uniones veían perplejos que la ley no les concedía derechos, impidiéndoles reclamar, en caso de ruptura, alimentos, pensiones y ganancialidad en los bienes. Por otro lado, y con una actitud bien distinta, la sociedad aceptaba esos nuevos vínculos de hecho sin condenarlos, incorporando esas parejas a su seno con el mismo trato que el que se daba a cualquier matrimonio legal.

Había ya, hacia 1986, una profunda fractura entre la ley vigente y la realidad social. Llevábamos para ese entonces tres años desde el pleno restablecimiento de las instituciones democráticas, pero el debate sobre el tema que nos ocupa seguía pendiente.

Fue entonces cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó su fallo en el caso Sejean, el 27 de noviembre de 1986, declarando, de igual modo que lo había hecho el juez Vilar en primera instancia, la inconstitucionalidad de la ley de matrimonio civil en cuanto impedía la celebración de nuevas nupcias a las personas divorciadas. Ese fallo tuvo una inmensa repercusión y originó que miles de personas efectuasen planteos para obtener un pronunciamiento igual.

Me desempeñaba en ese entonces como juez nacional en lo civil y fui el primer magistrado en dictar un fallo posterior en el mismo sentido de nuestro más alto tribunal. Como también tuvo enorme difusión, me costó recibir anónimos con descalificaciones personales, cartas de lectores adversas, artículos periodísticos que invitaban a los jueces a no presionar a los legisladores, etcétera. Pero se trataba de los últimos intentos de quienes se aferraban a antiguas concepciones, sin advertir que aquéllos se estrellarían contra los que privilegiábamos nuestra libertad de conciencia y contra las necesidades actuales de las personas comunes.

La existencia de este nuevo criterio jurisprudencial, que llegaba con la autoridad del alto tribunal del que provenía, determinó que finalmente se sancionase, en 1987, la ya mencionada ley 23.515, que habilitaba el divorcio vincular y la posibilidad de volver a casarse, incluso a aquellas personas que se habían divorciados durante la vigencia del régimen anterior.

Causas objetivas

Indudablemente la novedad más importante de la nueva ley era la posibilidad que daba a los cónyuges divorciados, al romper el vínculo matrimonial, de contraer nuevas nupcias. Incluso autorizó a miles de matrimonios cuyo divorcio (no vincular) se había efectuado bajo el régimen anterior a adecuar su situación a la nueva normativa. De ese modo, durante los primeros años se sucedieron miles de pedidos de personas que se habían separado bajo el imperio del antiguo régimen y que deseaban acogerse a los beneficios de la nueva legislación.

Fue así como muchísimas personas pudieron también regularizar uniones de hecho que en algunos casos eran de viejísima data, otorgando a ese vínculo el complejo de derechos y de deberes que supone una institución tan valiosa como el matrimonio.

También introdujo la nueva ley una novedad cuya importancia quedó demostrada con el tiempo, y que es la posibilidad de divorciarse invocando causales "objetivas". Hasta ese entonces sólo cabían dos alternativas: o invocar y probar la culpa del otro o divorciarse de común acuerdo, a través de dos audiencias en las que se exponían al juez las causas que hacían moralmente imposible la vida en común.

En cambio, hoy se puede invocar la separación de hecho, sin voluntad de unirse, por más de tres años, y esa sola situación objetiva autoriza el divorcio, aun por pedido de uno solo de los cónyuges, sin necesidad de debatir las causas que le dieron origen ni atribuirse culpas.

Cuando ambos esposos invocan en forma conjunta esta separación la sentencia de divorcio demora sólo unos pocos días, lo que deja a nuestros tribunales fuera de las críticas que se les hacen por la demora en la tramitación de los procesos.

Aquellos viejos expedientes de divorcio, en los cuales se ventilaba la intimidad de los matrimonios y se obligaba a declarar a amigos, vecinos y parientes sobre una realidad que no conocen más que los integrantes de la pareja de a poco van desapareciendo para dar lugar a procesos más expeditivos y más respetuosos de la privacidad.

De primera y de segunda

El balance que cabe hacer, entonces, a quince años de la sanción de la ley 23.515, es altamente positivo. Hoy ya no existen los matrimonios de primera y de segunda categoría, y todo aquel que quiere darle un marco legal a su unión puede hacerlo.

También la práctica ha demostrado que la ley no ha alentado a las personas a divorciarse, ni la decisión de casarse se adopta hoy con mayor superficialidad por el solo hecho de poder divorciarse vincularmente después. Los pronósticos que se hacían en este sentido no se han cumplido.

Es cierto que la sociedad moderna se enfrenta a diversas causas que atentan contra la estabilidad de los matrimonios y de las familias. Pero ellas deben buscarse más que nada en la prédica disolvente de ciertos medios de comunicación, en la superficialidad del tratamiento que se da en ellos a las instituciones básicas de la comunidad y en los argumentos de ficción de películas y programas de televisión que no apuntan a cimentar los valores sobre los que se estructura la organización social. Tanto en esas áreas como en todo lo que concierne al ámbito de la educación es donde debe trabajarse, sepultando en el olvido definitivo los cuestionamientos que se hacían a una ley que no ha hecho más que traducir y reflejar la realidad social.

El autor es abogado y profesor de derecho civil.

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