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La ley de la ciencia… y de la economía
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A pesar de la siempre abrumadora coyuntura, cada tanto la política argentina encuentra un huequito para dar un paso importante para nuestro futuro. Días atrás el Congreso Nacional dio uno: aprobó con amplia mayoría la ley de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. La norma establece un incremento progresivo de la inversión pública en investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos (I+D) ligado al PBI, llevándola desde un 0,28% del PBI en 2021 hasta el 1% en 2032; Referencia: en 2019 esta inversión fue de 0,21% PBI, y tuvo su pico de 0,46% PBI en 2015.
Podemos pensar que con esta ley se resuelve positivamente el largo debate sobre si debemos o no invertir en ciencia y tecnología de manera planificada. Una excelente noticia. Sin este paso, necesario pero no suficiente, resulta estéril cualquier estrategia de crecimiento económico sostenido en el tiempo.
El planeamiento presupuestario definido por la nueva ley es importante por dos motivos. Primero, su proyección de 11 años es compatible con los proyectos de I+D. Proyectos cortos requieren unos años; ejemplos: validar una hipótesis sobre el mecanismo de una enfermedad, o modernizar una línea de producción. Proyectos más ambiciosos requieren una década o más; ejemplos: diseño, fabricación, aprobación e instalación de radares (Invap), o desarrollo, aprobación y comercialización de una nueva semilla (trigo resistente a la sequía del Conicet y la Universidad del Litoral). La nueva ley garantiza la necesaria continuidad por un lapso razonable, que deberá ser extendido oportunamente.
En segundo lugar, la ley establece una velocidad de incremento de la inversión. Para progresar, la Argentina necesita generar conocimiento e innovaciones a una cierta velocidad, superior a la que marcan los líderes. Se trata de una carrera por la economía global. Cada año, el mercado internacional se nutre de nuevos productos y servicios que apuntan a mejorar nuestra calidad de vida en todos sus aspectos: salud, alimentación, educación, vivienda, transporte, trabajo, comunicaciones, entretenimiento, etc. Estos nuevos productos y servicios se consumen en todo el mundo, pero se generan en abrumadora mayoría en los países desarrollados. Esto es así porque esos países son lo que cuentan con la capacidad de innovación. Para sostener su potencia económica, los países desarrollados invierten cada año una fracción mayor de sus PBI en I+D. El ritmo de este avance puede medirse. Los datos del Banco Mundial o Unesco muestran que, en promedio, los países desarrollados invierten cada año un 0,03 %PBI más que el año anterior. Esa es la velocidad promedio de los líderes: Estados Unidos va al 0,02 %PBI/año, Alemania al 0,04 %PBI/año. Los verdaderos países en desarrollo aumentan su inversión en I+D a un ritmo superior. Por ejemplo, China lo hace al 0,08% PBI/año. Corea de Sur va al 0,15% PBI/año, Malasia al 0,06 %PBI/año. Es una carrera. Si uno quiere ganar posiciones debe ir más rápido que los líderes.
La Argentina, con importantes altibajos, viene aumentando su inversión en I+D a un ritmo promedio de 0,01% PBI/año; tres veces más lento que los países desarrollados (ver gráfico). Venimos acumulando un retraso científico-tecnológico fenomenal. Es importante asimilar estas métricas comparativas con los países desarrollados y en desarrollo porque si no, desde el punto de vista de nuestro retraso, nos confundimos avances locales con estar en desarrollo. La nueva ley brinda una oportunidad para revertir esta tendencia condenatoria.
Para visualizar esta carrera por la innovación, el gráfico muestra la inversión en I+D en función del tiempo de algunos países de referencia. Mayor pendiente indica mayor velocidad de transformación. Como ejemplo de países desarrollados están Alemania y Estados Unidos. Como ejemplo de países en desarrollo, China y Malasia. Argentina y Brasil están estancados; Brasil en un nivel superior. China nos superó en los 1990, pasó a Brasil en 2002, y alcanzará a Estados Unidos en 2026. Malasia superó a la Argentina en el 2000 y a Brasil en 2005.
La inversión que cuenta en este análisis es la total, pública + privada, expresada como fracción del PBI; la fracción de la economía que se invierte en I+D. La nueva ley, desde luego, solo planifica la inversión pública. En la Argentina, la participación del sector privado es de un 20 a 30%. La proyección a futuro para la Argentina que se muestra en el gráfico toma la inversión pública programada por la nueva ley y asume una participación privada constante de 25%. Esto ya implicaría un cambio sustancial, aunque modesto para el nivel de retraso que hemos acumulado. Alcanzar a Brasil recién sería posible en 2035; Malasia aparece en un horizonte inalcanzable. Ni hablar China o los países desarrollados. Pero de aplicarse bien la nueva ley, la participación del sector privado debería crecer, dando como resultado una aceleración mayor.
Un país en desarrollo se caracteriza por un proceso en el que la inversión total en I+D aumenta a una velocidad competitiva (0.06% - 0.15% PBI/año), y dónde la participación del sector privado crece. Corea del Sur, por caso, arrancó en los 1960s con una inversión 95% pública. Le llevó 30 años impulsar a su sector privado a invertir el 50%. Unos poco años después alcanzó la relación 75% privado – 25% público, que en la actualidad es la norma en los países desarrollados. Esta proporción responde a un balance entre el conocimiento científico generado principalmente con fondos públicos, y su demanda a través de tecnologías por el sector productivo.
El sistema científico se encuentra en un estado muy preocupante, con salarios de pobreza y enormes dificultades para trabajar. Muchos científicos, jóvenes y no tanto, buscan otros horizontes geográficos, virtuales (telemigrantes) o laborales. Sin dudas, parte del nuevo presupuesto debe destinarse a mejorar las condiciones laborales de los científicos en instituciones estatales, pero no debe limitarse a eso.
Para salir del estancamiento y las crisis recurrentes, la Argentina necesita que todas sus empresas sean cada vez más competitivas, que generen y comercialicen productos y servicios cada vez de mayor valor en la economía global. Para ello, deben innovar, convertirse en genuinos demandantes de conocimiento y tecnología. Y de nuevo, para que sea exitoso, este proceso de aprendizaje y mejora debe hacerse con un mínimo de velocidad. Si no, no reducimos nuestro retraso.
El sector empresario es donde se concretan las innovaciones. No hay que confundir una invención con una innovación. Una invención es una idea para un nuevo producto o servicio; en principio, la puede hacer cualquier persona, en cualquier lugar. Desde luego, con más conocimiento y creatividad se producen mejores invenciones. Pero una innovación es otra cosa, consiste en transformar una invención en un producto o servicio real, producido y distribuido a escala para la sociedad. No la puede hacer una sola persona, ni se puede hacer en cualquier lugar. La capacidad de innovación es algo complejo y cada vez más desafiante. Requiere de un conjunto de habilidades específicas para cada sector, que incluyen, además del dominio de tecnologías clave, conocimiento de regulaciones, mercadeo y prospectiva, captación de capitales, financiación, fabricación, logística, comercialización, y gerenciamiento de la innovación; en sectores estratégicos incluso de política exterior y lobby internacional.
Para la enorme mayoría de las empresas argentinas (y del mundo) es imposible reunir todas estas capacidades por sí solas. Tampoco las reúnen las oficinas o unidades de vinculación tecnológicas existentes en nuestro país. Los países desarrollados y en desarrollo cuentan con instituciones especializadas en esta tarea para cada sector productivo. Allí, las empresas del sector encuentran la tecnología y el asesoramiento profesional para poder innovar. La institución estrella de este tipo son los Institutos Fraunhofer de Alemania (80 centros especializados). Este esquema tiene una doble ventaja: 1) la inversión hecha en esas instituciones, que sería imposible de afrontar para una empresa individual, se amortiza entre muchas empresas del sector; 2) la capacidad de innovación se concentra en un sitio, el conocimiento se pasa de generación en generación, y el aprendizaje se aprovecha mejor; la experiencia hecha en un caso sirve para casos futuros.
En resumen, para que la inversión pública en I+D sea efectiva, requiere de una estrategia con lineamientos y objetivos sostenibles, en un clima desarrollo integral del país. Si no, será infructuosa y generará un crecimiento del sistema científico desacoplado de las necesidades de la sociedad, generando más problemas que soluciones. La inversión pública en I+D debe incluir estímulos a la inversión privada en innovación en diversas formas: incentivos económicos, facilidades regulatorias, y centros sectoriales especializados en innovación.
Si esto se hace correctamente, la inversión privada en I+D aumentará junto a la pública, y con el tiempo lo hará a un ritmo superior. Esto, a su vez, dará mayor competitividad a nuestras empresas, generando más riqueza, más y mejores puestos de trabajo, y mayor recaudación, permitiendo al Estado continuar aumentando la inversión pública en I+D. Se establece un círculo virtuoso donde la inversión pública se multiplica y permite el crecimiento sostenido. Esto puede parecer una sobre-simplificación, que ignora o subestima los obstáculos prácticos, pero no lo es. Se trata de definir un camino sostenible y con propósito. Los obstáculos aparecerán, pero si el objetivo está claro se sortean uno a uno. Una buena aplicación de esta nueva ley tiene el potencial de desencadenar un círculo virtuoso que impulse a nuestro país por un sendero de desarrollo en solo unas décadas.
Vicedirector del Centro de Investigaciones en Bionanociencias (Cibion, Conicet), profesor titular de Física Experimental, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA
