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La ley de lemas es inconstitucional
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Las disputas y las desinteligencias entre los dirigentes del justicialismo, a las que lamentablemente no escapa el Poder Ejecutivo Nacional, están provocando un hecho con tristes antecedentes en nuestra historia: que se intente trasladar un conflicto que debe ser resuelto dentro de un partido político al conjunto de la sociedad, como si ésta no tuviera ya demasiados problemas.
El gobierno nacional convocó para el próximo 24 de noviembre a elecciones internas abiertas en las cuales la ciudadanía podrá dirimir las candidaturas a presidente y vicepresidente de la Nación de las fuerzas políticas.
Rápidamente, un sector no menor del justicialismo cuestionó esa convocatoria, ante la posibilidad de que afiliados a un partido político pudieran votar en las elecciones internas abiertas de otra agrupación. Ese grupo de dirigentes propuso, por consiguiente, que se inhabilitara a los adherentes a un partido a sufragar en otro, para lo cual sería necesario que existan varios padrones: uno para el electorado independiente y otros para los afiliados a cada fuerza.
Tal propuesta, por cierto, puede encontrar tantos seguidores como críticos. En definitiva, como reconocen los especialistas en ingeniería electoral, ningún sistema electoral es perfecto ni inocente, en tanto que siempre beneficiará más a alguna agrupación que a otra.
Pero si se sigue el razonamiento de los sectores del justicialismo que cuestionaron las reglas del juego fijadas por los decretos presidenciales que convocaron a los comicios, encontraremos también algunas dificultades. La principal de ellas es que los padrones partidarios están hoy desactualizados, ya que, con excepción de unos pocos distritos, nunca hubo una depuración. Es así como aparecen como adherentes a partidos personas ya fallecidas, otras que fueron afiliadas sin su consentimiento y muchas otras que se afiliaron en la década del 80, al calor de la reapertura democrática, pero que hoy ya no simpatizan con esa agrupación.
En vista de las múltiples dificultades para conciliar todos esos puntos con las necesidades políticas de los diferentes sectores internos del PJ, han surgido distintas ideas. Una de ellas es dejar de lado las elecciones internas abiertas y reemplazarlas por las tradicionales internas cerradas. Otra iniciativa es suspender el proceso de selección de candidatos y que todos los que aspiran a la presidencia de la Nación se presenten directamente en los comicios generales. Entre quienes abogan por esta última alternativa, hay un grupo de senadores justicialistas que ha reflotado la posibilidad de que las elecciones presidenciales se convoquen bajo el imperio de una ley de lemas.
Frente a la posibilidad de que se pretenda imponer este sistema electoral, sólo cabe reiterar que tal régimen choca claramente con el mecanismo instituido por la Constitución Nacional para la elección del presidente y del vicepresidente de la República.
Más allá de los muchos cuestionamientos que pueden formulársele a una eventual ley de lemas desde la teoría de los sistemas electorales, se impone leer lo establecido por nuestra Ley Fundamental para advertir las evidentes contradicciones entre una y otra modalidad electoral.
Sobre este particular, basta un ejemplo: cómo se conciliaría la ley de lemas propiciada con la Constitución si, en las proyectadas elecciones presidenciales, la fórmula de un lema llega al 45% de los votos necesarios para ganar, pero otro lema suma entre todas sus fórmulas o sublemas un porcentaje de votos mayor al 45%, aunque ninguno de esos binomios supere tal porcentaje. ¿Cómo se explicaría que el postulante presidencial que obtuvo el porcentaje exigido por la Constitución para ser consagrado jefe del Estado termine siendo postergado por alguien que cosechó menos votos?
Alguien podrá decir que con una adecuada reglamentación podrían evitarse situaciones como ésa. Dos argumentos refutan esa hipótesis: en primer lugar, fijar las reglas del juego de una elección con ley de lemas sería probablemente mucho más engorroso que llevar a cabo el proceso electoral con los decretos presidenciales vigentes. En segundo lugar, el sistema de lemas –como ya se ha dicho– es lisa y llanamente inconstitucional.
Es imprescindible que la clase política toda, y el oficialismo en particular, aborden la salida electoral con la seriedad y el respeto que reclama la ciudadanía, algo que no debería resultar difícil con la experiencia acumulada desde la reapertura democrática de 1983. No hacerlo así sólo profundizará la desconfianza en la dirigencia, acentuará la crisis de representatividad y generará la sensación de vacío institucional.
