La necesidad de un Banco Central independiente

Fortalecer la independencia del Banco Central es un tema fundamental para el futuro de la Argentina. La estabilidad monetaria, los derechos de propiedad y el patrimonio de los ciudadanos necesitan un Banco Central profesional y no sometido a los intereses cortoplacistas de los funcionarios de turno. Sin embargo, queremos llamar la atención sobre la necesidad de no caer únicamente en detalles técnicos, sino de analizar el contexto. Para eso nos preguntamos: ¿puede un gobierno fortalecer las instituciones cuando recurre de manera sistemática a las mismas prácticas que durante décadas contribuyeron a debilitarlas?

No alcanza con blindar legalmente al Banco Central si, al mismo tiempo, se conserva un sistema que permite al Poder Ejecutivo desplazar al Congreso mediante los decretos de necesidad y urgencia. Dicho de otro modo, no alcanza con reformar técnicamente el Banco Central si no se corrigen herramientas que permiten al Ejecutivo volver a capturarlo.

Estas cuestiones remiten a un problema más profundo que la coyuntura. Existe una brecha entre un discurso que promete reconstruir la institucionalidad y una práctica que sigue apoyándose en herramientas propias del populismo: la polarización, la creación de enemigos imaginarios, los institutos de emergencia y el cortoplacismo.

La idea de dotar al Banco Central de mayor independencia responde a un diagnóstico ampliamente compartido. Buena parte de la inflación crónica argentina se explica por el uso del Banco Central para financiar el déficit fiscal. Limitar legalmente esa posibilidad es un objetivo razonable y congruente con nuestra Constitución.

Si vamos a los detalles técnicos, la reforma debe insistir en un esquema de designación de autoridades que distribuya el poder entre el Ejecutivo y el Congreso, con mandatos escalonados y requisitos de idoneidad, para evitar que un solo gobierno controle el Banco Central. También deben existir mecanismos que aseguren una independencia efectiva, impidiendo que las designaciones queden indefinidamente “en comisión” (debe haber plazos de caducidad automáticos y breves para estos mandatos) y garantizando la renovación parcial de las autoridades. No es recomendable que funcionarios designados “en comisión” gocen del blindaje propuesto; deben gozarlo quienes tienen la legitimidad democrática (es decir, quienes sean designados con esas mayorías). Debe existir un régimen robusto de rendición de cuentas presencial ante el Congreso y la ciudadanía, mediante informes y transparencia en las decisiones. También deben preservarse instancias de coordinación con el Poder Ejecutivo y el Congreso, para evitar que la autonomía derive en un aislamiento institucional que perjudique el realismo de la política. Las designaciones y destituciones de las autoridades del Banco deben requerir mayorías calificadas por parte del Congreso nacional.

Pero insistimos en el riesgo de que el debate se focalice en detalles sin ver el contexto general. La experiencia argentina demuestra que el problema nunca fue solamente una mala regulación del Banco Central. El verdadero problema fue la creciente concentración del poder en el Ejecutivo, que desplazó al Congreso de una competencia que la Constitución le asignó expresamente.

La Constitución de 1853 reservó al Congreso la facultad de crear y regular un banco con capacidad de emitir moneda. Desde la reforma de 1994, además, le asignó la responsabilidad de proteger el valor de esa moneda. No fue una decisión casual: los constituyentes entendieron que la política monetaria no es una cuestión meramente técnica, sino una materia vinculada con el derecho de propiedad, la libertad económica y la seguridad jurídica.

Por eso, la independencia del Banco Central no debería significar aislamiento democrático. Sus autoridades deberían mantener un vínculo institucional con el Congreso. La independencia protege de las urgencias políticas y de los problemas de inconsistencia temporal; el control parlamentario aporta legitimidad democrática y sostenibilidad en el tiempo. Debe existir autonomía política del Banco Central respecto del Poder Ejecutivo, para lograr profesionalización y “asepsia” partidista, pero no debemos generar una desconexión de la legitimidad democrática de sus autoridades.

Utilizando una metáfora vieja pero vigente, los argentinos debemos atarnos al mástil como lo hizo Ulises para no seguir el canto de las sirenas. Pero la atadura al mástil debe ser una decisión democrática, un autocompromiso real de una comunidad y no un chaleco de fuerza impuesto por elites extractivas.

Hay que recuperar un verdadero banco con contenido federal, sometido a la ley y no a la voluntad del presidente de turno. Los problemas monetarios son conocidos: adelantos transitorios, utilización de utilidades contables para financiar gasto público y apropiación de reservas internacionales. Todos responden a un mismo fenómeno: la subordinación de la política monetaria a las necesidades cortoplacistas del gobierno. Estos problemas de inconsistencia temporal son propios de los gobiernos populistas y no solo se reflejan en la emisión descontrolada, sino también en políticas de tipos de cambio artificialmente atrasados, por las cuales muchos políticos ganan popularidad por un dólar barato mientras se funden pequeñas y medianas empresas por los efectos nocivos sobre la producción. Eso también es populismo cortoplacista.

Por eso resulta positivo fortalecer la independencia del Banco Central. Pero sería un error creer que una reforma de su Carta Orgánica alcanza por sí sola. Las instituciones no funcionan aisladas, sino dentro de un sistema. Específicamente, por ejemplo, es urgente volver a un tema recurrente: la reforma constitucional de 1994 intentó limitar el abuso de los decretos de necesidad y urgencia. Sin embargo, la ley 26.122 terminó produciendo el efecto contrario: los DNU siguen vigentes mientras ambas cámaras no los rechacen, convirtiendo la inacción del Congreso en una forma de aprobación tácita.

El resultado fue una transformación silenciosa del sistema constitucional. El Congreso conserva formalmente muchas atribuciones que, en los hechos, ejerce cada vez más el Poder Ejecutivo. La legislación por decreto dejó de ser una excepción para convertirse en una técnica habitual de gobierno. Esto ocurrió con presidentes de distintas orientaciones políticas.

En este caso, debemos recordar que en 2009 el Ejecutivo dictó un DNU (2010/2009) que disponía el uso de las reservas del BCRA para pagar deuda del Estado nacional con acreedores privados, en el marco de una operación denominada “Fondo del Bicentenario”. Si bien la Justicia suspendió el DNU, el Ejecutivo volvió a emitir otro con idéntico contenido (296/2010).

Es justamente aquí donde el debate sobre el Banco Central adquiere una dimensión institucional. Si el objetivo es impedir que futuros gobiernos vuelvan a utilizarlo como una dependencia del Ministerio de Economía, el primer paso debería ser fortalecer al Congreso, que es el órgano constitucional encargado de controlar esas decisiones. De poco servirá darle autonomía al Banco Central si el Ejecutivo sigue concentrando facultades legislativas mediante un régimen deficiente de DNU.

Por eso, la reforma del Banco Central debería ser la oportunidad para un debate institucional más amplio. Debatir esa reforma de manera aislada, sin entender el contexto, no es inteligente ni eficiente. Recuperar el papel constitucional del Congreso exige revisar el régimen de los DNU, reformar la ley 26.122 y establecer que los decretos caduquen automáticamente en un plazo si no son aprobados por ambas cámaras (como sucede en países como Brasil e Italia o en la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires). De lo contrario, cualquier gobierno podrá modificar nuevamente las reglas del BCRA mediante un simple DNU.

La estabilidad de la moneda es uno de los grandes desafíos del país. Pero reducirla a un problema técnico, sin entender el contexto político, implica ignorar que detrás de cada crisis monetaria hubo, casi siempre, una decisión política tomada al margen del equilibrio constitucional. Un gobierno que abusa de los DNU y de mecanismos populistas difícilmente pueda consolidar la institucionalidad. Se puede ser republicano o populista, pero no ambas cosas al mismo tiempo.