1
La nueva política contra las drogas
Después de las PASO, el hoy presidente electo Mauricio Macri hizo públicos varios programas específicos, entre ellos, el plan "Terminar con el Narcotráfico". Ahora que Cambiemos ha triunfado parece pertinente hacer un análisis más detallado de esa iniciativa. Se trata sin duda de una aproximación elaborada y no de una idea improvisada. No se encuadra en la lógica militante de la "guerra contra las drogas", con su epicentro en la militarización del combate contra los narcóticos, pero tampoco sugiere una racionalidad alternativa a la prohibición.
El plan adolece de cierto carácter efectista al plantear que "el narcotráfico es la principal amenaza a la seguridad". Se sabe que la mayor fuente de inseguridad es la desigualdad y su ampliación, tal como han mostrado innumerables estudios mundiales sobre la relación desigualdad-criminalidad. A su vez, tiene una meta maximalista: "derrotar al narcotráfico". Ahora en Occidente se habla de la necesidad de contener y revertir el fenómeno de las drogas porque, como dijo Henry Barrett Chamberlin, responsable de la Chicago Crime Commission en la década del 30, "el crimen organizado nunca será eliminado, pero sí puede ser minimizado y controlado".
El plan se propone metas ambiciosas: "reducir los homicidios un 20% y la oferta de paco en un 70% y de cocaína y drogas duras en un 50% en el primer año de gestión". Un objetivo más ponderado y gradual, en porcentaje y tiempo, pareciera ser más realista. Se plantean dos consideraciones clave: primero, las consecuencias nocivas del consumo del paco, y segundo, el efecto corruptor del narcotráfico en "políticos, policías, jueces y funcionarios". El primer fundamento es importante: según el Sedronar, la prevalencia en el consumo de paco pasó de ser del 0,2% de la población en 2010 a 0,4% en 2014. Y sin duda, afecta severamente a sectores juveniles y pobres. Esta preocupación muestra una oportuna sensibilidad social. El segundo fundamento parece más declarativo que sustantivo. Las propuestas del plan no parecen dirigirse prioritariamente a frenar el entramado de policías, políticos y pandillas que configuran la "Triple P" de nuestro narcotráfico.
No hay una referencia precisa a los recursos presupuestarios en materia de drogas. Ojalá que el nuevo gobierno modifique el parámetro distorsivo que ha caracterizado la práctica en este frente. Según el Sedronar, la Argentina invierte 1,4% del PIB, pero destina 95% para combatir la oferta y 5% para superar la demanda. El presupuesto federal antidrogas de Estados Unidos de 2015 dedica, respectivamente, 55% y 45%. Según un estudio minucioso de la Rand Corporation estadounidense, la inversión en tratamiento es siete veces más efectiva, en términos de costo, a los fines de reducir el consumo en comparación a las medidas para controlar la oferta.
Entre sus propuestas cabe destacar la creación de la Agencia contra el Crimen Organizado. Hoy es más probable que en el pasado lograr un cierto consenso político para establecer este tipo de organismo, teniendo en cuenta que algunas de sus funciones no se superpongan con las de la existente Agencia Federal de Inteligencia. Cabe evaluar los esquemas existentes en el mundo. Quizás el modelo del National Crime Agency británico sea uno a estudiar y adaptar, con las necesarias especificidades para el país.
La propuesta que habla de "modernizar las fuerzas policiales" parece muy insuficiente. Es urgente una transformación honda de la policía, tema sobre el cual podría haber actualmente más reclamos ciudadanos que convergencia entre diversos actores políticos. Un retoque cosmético de las fuerzas de seguridad sólo perpetuaría su creciente estado de autonomización. Ejemplos regionales, como el de la Policía Nacional de Colombia bajo el mando de Oscar Naranjo, muestran que es esencial ir más allá de la "modernización" policial: hay que reestructurar la fuerza.
Hoy pareciera un acuerdo amplio para reformar el Sedronar. Sin embargo, no está claro aún a qué apuntaría esa reforma ahora que dicho organismo se aboca sólo a la superación de las adicciones. ¿Se quiere que desde allí surjan iniciativas más próximas a nuevos paradigmas de regulación y su aplicación en la Argentina o se la concibe como un ámbito donde se refuerce el prohibicionismo?
Además, se destaca una propuesta para mejorar el control "en serio" de las fronteras y del espacio aéreo. Con la salvedad de que omite que las drogas también entran por vía fluvial, en esta idea hay un elemento promisorio y otro inquietante. Es positivo que el Estado recupere su presencia territorial y que lo haga con mejores políticas públicas en términos de Justicia, empleo, educación, infraestructura, etc. Pero sería peligroso que esto se convirtiera en la excusa para involucrar a las fuerzas armadas en labores contra el narcotráfico. Los países de América latina que recurrieron a esa estrategia no han resuelto el problema del narcotráfico ni el de la inseguridad.
En síntesis, el plan es interesante aunque tiene aspectos que deben ser repensados con atención. Dependerá de la forma como se ejecute: el papel de la sociedad será evaluar su puesta en marcha y desarrollo pues ella se verá directamente afectada si el asunto de las drogas no se empieza a resolver.
