La percepción sobre la corrupción en Perú

Emilio J. Cardenas
Emilio J. Cardenas PARA LA NACION
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23 de noviembre de 2017  • 23:35

Las investigaciones fiscales en torno a las distintas acusaciones de corrupción que afectan, cual verdadera pesadilla, a la empresa constructora de obra pública brasileña Odebrecht están en marcha -y avanzan- en distintos países de América Latina.

Entre ellos, en el Perú. Donde afectan nada menos que a dos de los más conocidos y encumbrados personajes de la política local que eventualmente podrían haber estado envueltos en esos episodios: al ex presidente de la República y dirigente máximo del populista Partido Aprista, Alan García. Y a la recientemente derrotada candidata presidencial opositora y actual líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

En ambos casos porque sus nombres o iniciales (en el caso de Alan García) aparecen en las libretas de los funcionarios de la empresa que aparentemente habrían estado involucrados en las diversas maniobras de corrupción que ahora se investigan.

Esas anotaciones incluyen asimismo una mención específica al también ex presidente del Perú, Ollanta Humala, quien está ya detenido, así como a su esposa, por otras acusaciones que también tienen que ver con el flagelo de la corrupción.

¿Qué piensan ante esto - prima facie- los peruanos, como sociedad? ¿Les preocupa realmente lo que sucede? ¿Rechazan masivamente la corrupción?

Veamos lo que, por el momento, surge de algunas encuestas recientes. Por una parte, el 67% de los peruanos entrevistados por la conocida y respetada consultora “Ipsos” afirman “estar al tanto” de las investigaciones fiscales que avanzan sobre ambos políticos. Esto es, conocer lo que ocurre. El porcentaje, por alto, parecería sugerir que la corrupción es un tema delicado, que de alguna manera inquieta a la sociedad peruana toda.

Respecto de Keiko Fujimori, sin embargo, sólo un 46% de las respuestas parecen creer que las acusaciones están bien fundamentadas. Y un 41%, en cambio, sostiene que se trataría de una “persecución política” más. Un 13%, por su parte, sostiene no tener opinión al respecto.

Con relación a Alan García, el 61% de los entrevistados cree que las acusaciones que se han acumulado en su contra son reales y un 23% supone, en cambio, que ellas forman parte de una “operación de desprestigio”. Un 16% no tiene opinión que expresar.

Pero respecto de Alan García hay, además, un 69% de quienes responden a las encuestas que supone que el ex presidente García pudo bien haber formado parte de una asociación ilícita, mientras que el 19% cree que ha sido ajeno a las acusaciones. Mala imagen, entonces.

Ante ese estado de cosas pueden extraerse algunas conclusiones preliminares.

Primero, que el tema de la corrupción de los políticos inquieta. Mucho. Porque un porcentaje alto de la población lo sigue con algún grado de curiosidad. Segundo, que muchos dan por sentado, aún antes de que las investigaciones que, con la colaboración de sus pares brasileños, lleva adelante el fiscal peruano especial para lavado de activos, Germán Juárez Atoche, hayan llegado a su fin -desde que ellas están hoy apenas en una etapa preliminar- que la corrupción es un fenómeno que efectivamente anida hasta en lo más alto de la política local.

Sólo la labor -eficaz e independiente- de los tribunales judiciales locales en cada país es capaz no sólo de suscitar atención, sino de alimentar además la esperanza de que el mal de la corrupción sea combatido y erradicado de la política. Como está sucediendo precisamente en Brasil, cuya clase política ha sido infectada por el mal que ahora se combate activamente desde la justicia.

Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas

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