La policía provincial y su depuración

Después de seis años en la conducción del gobierno provincial, el gobernador Eduardo Duhalde se ha manifestado enérgicamente decidido a emprender una lucha frontal contra la corrupción enraizada en la policía bonaerense. Hubo otros intentos previos de depuración, ante la evidencia de una activa participación de personal de todos los niveles en los más diversos hechos delictivos, pero la honda repercusión del caso Cabezas fue, ciertamente, la gota de agua que colmó el vaso de la paciencia ciudadana ante la ostensible situación de inseguridad que aflige el ánimo colectivo.

Aquellos intentos anteriores consiguieron desarmar algunas importantes bandas, pero sus éxitos resultaron parciales y momentáneos frente a la certeza de una corrupción ampliamente difundida y sólidamente arraigada: es frecuente, sobre todo en determinadas áreas del Gran Buenos Aires, que en la consideración de la gente sean más peligrosos los policías que los delincuentes.

El gobernador ha prestado atención, por fin, a este estado de ánimo colectivo, y parece dispuesto a tomar el toro por las astas. "No puede ser "ha dicho, poco más o menos" que la gente diga que tiene miedo de hacer una denuncia en la comisaría o cuando aparece un patrullero de noche"; y afirmó que es necesario "reconciliar" a la sociedad con su policía.

El Estado bonaerense cuenta, desde agosto último, con una ley que puso en disponibilidad a los 48.000 efectivos de la policía provincial, que podrían quedar cesantes sin sumario previo, para acelerar una depuración que se ha hecho con toda evidencia imprescindible, pero que, en rigor, no comienza ahora: hace ya un año, las máximas autoridades del cuerpo habían informado sobre la separación de 2600 agentes involucrados en delitos, y en estos últimos días se anunció la exoneración de otros 150. Estos datos revelan que el gobierno y la conducción policial no han sido indiferentes a los problemas que vive la institución; pero, al mismo tiempo, muestran qué hondo han llegado entre los cuadros las raíces del delito, e imponen admitir que el crecimiento de las actividades ilegales ha ido más de prisa que los intentos de depuración.

El gobierno bonaerense ha esbozado otras iniciativas, como la figura del defensor de la seguridad, un funcionario civil designado en cada municipio para denunciar eventuales irregularidades, y diversas formas de mejora en las remuneraciones, como para paliar el malestar que entre el personal honesto está generando esta situación de imputaciones, sospechas, cesantías, amenazas, encubrimientos, complicidades y demás.

Hay, sin embargo, un error de procedimiento en el sistema policial-judicial de la provincia, que es necesario corregir con urgencia. La policía tiene hoy las atribuciones de un verdadero juzgado de instrucción, lo que le permite a su personal inducir las decisiones de los jueces; si ese personal tiene intereses directos en el caso, puede torcer un fallo en su favor. Y no se trata de una mera hipótesis: un año atrás "en su momento, esta columna se ocupó del tema", en Campana, se desarmó una banda de policías y abogados que fraguaban regularmente pruebas y distorsionaban sumarios para obtener determinadas sentencias.

Dentro de un año regirá en Buenos Aires un nuevo código procesal penal, que procura fortalecer las atribuciones de los fiscales en el control de la instrucción de las causas, en la cual la acción de la policía debería ser minuciosamente guiada, paso a paso, desde el juzgado. El nuevo sistema contribuirá, sin duda, a fortalecer las garantías individuales y, consecuentemente, al saneamiento moral de la institución guardiana del orden. El cambio que se propone exigirá contar con el personal policial idóneo y con una estructura eficiente orientada a ese fin, tanto en la Justicia como en la fuerza policial; pero resulta claro, a esta altura, que el instructor, en todos los casos, debe estar en los tribunales.

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