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La política de ocultar lo evidente
SI el gobierno nacional intentara responder a las afirmaciones que sobre la persistencia de los niveles de pobreza o el deterioro de la calidad de la educación se han publicado recientemente, no tendría otras herramientas más que las asignaciones presupuestarias, la cantidad de beneficiarios de los programas o los descartables números del Indec. No existe en toda la administración pública un solo estudio sistemático que demuestre el impacto concreto que sobre las condiciones de vida de las personas pobres han tenido los enormes montos gastados, ni estimaciones de inversiones alternativas.
Con la sola excepción del programa "Ciudadanía porteña", del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no hay en toda la administración pública nacional o provincial un monitoreo que permita seguir la evolución de los programas. El presupuesto nacional no ofrece tampoco ninguna pista sobre los criterios de inversión geográfica (¿por qué La Pampa recibe más fondos por habitante que Misiones, que es mucho más pobre?), y menos aún un análisis crítico de éxitos o fracasos. La única respuesta es: estamos invirtiendo más, aunque no sabemos si mejor. Si las comparaciones internacionales indican que no nos va bien (como en el índice PISA-Unesco de calidad educativa), el problema es el índice, que "no contempla la realidad argentina", aunque sí la peruana o uruguaya.
En el resto del mundo no es así. En México, Chile o Brasil, todos los programas sociales públicos son evaluados anualmente y sus resultados subidos a Internet y enviados al Congreso.
En los Estados Unidos hay en estos momentos una apasionante discusión legislativa sobre qué hacer con algunos programas históricos (como el " Head Start" , que viene de la época de Clinton), y que cuando fueron evaluados demostraron su inutilidad. Al mismo tiempo, pequeños programas, como el de "Visitas a madres primerizas pobres" demostraron éxitos enormes en reducir abuso, abandono y violencia. Aun con la resistencia de los aparatos políticos, la cultura de evaluar para invertir comienza a instalarse. Mientras el Congreso norteamericano discute estos temas, el oficialismo sólo concedió una hora y media para preguntar a dos funcionarios sobre el contenido del presupuesto 2012.
Son los más pobres las principales víctimas de una burocracia que se encierra sobre sus mitos ideológicos y supone que cualquiera que pretenda evaluar es un enemigo de intenciones inconfesables. ¿Qué tiene que ver la disputa política con verificar que el embarazo adolescente se está convirtiendo en una pandemia de la pobreza, a pesar de que existen varios programas de salud sexual en Nación, provincias y municipios? ¿A quién defienden quienes se niegan a reformar el artículo 97 de la ley nacional de educación que impide que se muestren las evaluaciones a nivel de escuelas? ¿Qué valores protegen los que nos impiden saber si los programas de empleo para jóvenes pobres han tenido éxito?
Todos estos vicios se podrían resolver si el oficialismo se decidiese a apoyar las iniciativas legislativas que varios hemos presentado para instaurar la evaluación de impacto como una política de Estado. No sólo sería una muestra de transparencia, sino que le ayudaría a mejorar enormemente su pobre performance actual.
© La Nacion
Eduardo Amadeo es diputado nacional por el Frente Peronista
