La presión de Correa a la prensa

Según el Pacto de San José de Costa Rica -es decir, la Convención Americana sobre Derechos Humanos- cualquier persona o grupo de personas o entidad no gubernamental de sus Estados miembros puede presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas vinculadas con la violación de esa convención por parte de algún Estado miembro.

Cuando esto ocurre, si la Comisión se pronuncia por la admisibilidad de la petición, puede solicitar información al gobierno del Estado en cuestión sobre el contenido de las denuncias recibidas. Además, en casos de extrema gravedad y urgencia el organismo interamericano tiene facultades para dictar medidas cautelares y disponer que se garantice al lesionado el goce de la libertad conculcada, para prevenir daños y aunque exista algún proceso judicial en marcha.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dentro de ese marco legal, acaba de decidir revisar una inusual sentencia dictada recientemente por la Corte de Justicia del Guayas, en Ecuador, contra un periodista y tres directivos del diario El Universo, de ese país, y contra el propio medio, consecuencia de una querella iniciada contra todos ellos por el propio presidente ecuatoriano, Rafael Correa.

Esa criticable sentencia, que confirma un fallo anterior de primera instancia, luce frágil desde el punto de vista del derecho penal y es, además, groseramente desproporcionada. Porque condenó no sólo al articulista, Emilio Palacio, sino también a los directivos de El Universo, así como al propio medio -que, como persona jurídica que es, no tiene responsabilidad penal- a tres años de prisión y al pago de 40 millones de dólares al presidente ecuatoriano por presuntas injurias derivadas de una nota escrita por Palacio sobre la asonada policial del 30 de septiembre del 2010, titulada: "No a la mentira", donde se califica a Correa de dictador.

La enorme suma indemnizatoria ha sido recientemente calificada de "brutalmente astronómica" por un conocido catedrático español de derecho penal. Por su inaudito monto, la sentencia en cuestión parecería tener una lamentable naturaleza destructiva.

Ante la gravedad de lo sucedido, la CIDH acaba de requerir que se aclare cuáles son los criterios utilizados para determinar la gigantesca reparación monetaria dispuesta a favor del presidente, precisando si hay, o no, precedentes similares que pudieran haber sido dictados en Ecuador en los últimos cinco años.

Además, solicita que se aclare con qué fundamentos y argumentos legales se sostiene la existencia en el caso de una pretendida "autoría coadyuvante", criterio realmente extraño con el que se procura responsabilizar y castigar a los directivos del diario por el artículo de opinión firmado por Palacio, como si la línea editorial de un medio y la opinión de alguno de sus columnistas fueran simplemente una sola y misma cosa.

Este pedido es una consecuencia directa de la solicitud de medidas cautelares requeridas a la Comisión por los condenados. La referida comunicación de la Comisión se remitió a la Procuraduría General del Estado, es decir, a los abogados del Estado ecuatoriano, confiriéndoles un plazo de diez días para responder. La Procuraduría se limitó a impugnar las probables medidas cautelares, y señaló que "es una intromisión manifiesta en la soberanía nacional". Esto es desconocer la jurisdicción y facultades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El presidente Correa, con reacción indignada, cuestionó duramente la intervención de la Comisión y amenazó con "llevar el tema" a la próxima Cumbre de América latina y el Caribe, que se reunirá en Caracas el viernes. Esto no es necesariamente malo, atento a que permitiría a los mandatarios que concurran pronunciarse sobre la libertad de prensa, lo que sería interesante en momentos en que, en distintos rincones de nuestra región, ella está amenazada y en serio peligro.

La inquisitoria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se dictó sólo dos semanas después de la audiencia pública en la que los afectados denunciaron, en Washington, los "ataques a la libertad de expresión" en Ecuador. Una vez recibida la respuesta, la Comisión decidirá acerca de la solicitud de adopción de las medidas provisionales solicitadas.

Queda visto que el sistema interamericano es capaz de reaccionar con diligencia ante las arbitrariedades que ponen en peligro las libertades individuales en la región. Particularmente cuando ellas son consecuencia de sentencias judiciales insólitas, emanadas de sistemas judiciales cuestionados, como pareciera ocurrir con la decisión de la Corte de Justicia del Guayas en la causa aludida, iniciada por el "bolivariano" presidente de Ecuador, Rafael Correa, uno de los líderes de la región que más activamente recurre a la "censura indirecta" en procura de cercenar las libertades de prensa y de opinión para imponer su discurso único.

© La Nacion

El autor es ex embajador de la Argentina ante las Naciones Unidas.