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La prevención de los conflictos internacionales
Por Kofi Annan Especial para The Economist y La Nación
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NUEVA YORK.- EN los últimos veinte años comprendimos la necesidad de intervenir militarmente allí donde los gobiernos violen de manera flagrante los derechos humanos y el orden internacional. En los próximos veinte años deberemos aprender tanto la manera de prevenir conflictos como la de intervenir en ellos.
Hasta la más costosa política preventiva cuesta mucho menos, en vidas humanas y recursos, que la menos costosa de las intervenciones.
Por eso hemos estado insistiendo ante la comunidad internacional sobre el propósito de que considere más seriamente el tema de la prevención.
Un estudio elaborado por la Comisión Carnegie para la Prevención de Conflictos Extremos calculó que el costo para la comunidad internacional de las siete mayores guerras registradas durante la década de los años noventa, sin incluir la de Kosovo ni la de Timor Oriental, fue de 199.000 millones de dólares. Si agregamos el costo de esos dos conflictos, 230.000 millones de dólares parece ser la cifra más probable. Una prevención eficiente hubiera evitado gran parte de ese enorme costo. Y, habría permitido salvar miles de vidas humanas.
Sucesivamente, se deja que las diferencias se conviertan en controversias y que las controversias se conviertan en conflictos extremos. Del mismo modo se ignoran las señales de advertencia y se hace caso omiso de los suplicantes pedidos de auxilio. Tan sólo después de las muertes y de la devastación intervenimos -a un costo humano y material mucho más elevado- y para ese entonces quedan ya menos vidas por salvar.
Existen, a mi juicio, tres principales motivos por los que fracasa la prevención cuando es tan evidente que la prevención es posible.
En primer término, la renuencia de una o más de las partes en conflicto a aceptar cualquier tipo de intervención externa.
Segundo, la falta de voluntad política en los máximos niveles de la comunidad internacional.
Y tercero, tanto dentro del sistema de las Naciones Unidas como de la comunidad internacional, la falta de estrategias integradas para prevenir conflictos. De todo esto, la voluntad de actuar es lo más importante. Sin la voluntad política de actuar cuando la acción sea necesaria, ninguna coordinación, por más ajustada que fuese, ni ninguna advertencia anticipada podrán transformar la conciencia en acción.
Los fundadores de las Naciones Unidas concibieron su Carta con una sensata visión de la naturaleza humana. Habían sido testigos de la capacidad del hombre para librar una guerra de una atrocidad sin igual y una crueldad sin precedente. Sobre todo, habían sido testigos del fracaso de la prevención, cuando la prevención era, durante los años treinta, aún posible y cada señal apuntaba hacia la guerra.
Por supuesto, como realistas que somos debemos también reconocer que en algunos casos la absoluta ingobernabilidad de los conflictos y la terquedad de las partes enfrentadas harán que una exitosa intervención sea muy improbable.
Sin embargo, incluso las guerras que una vez desencadenadas no se pueden parar bien podrían haber sido evitadas con medidas preventivas eficientes.
No nos hacemos ilusiones de que las estrategias preventivas serán fáciles de poner en práctica. Por empezar, los costos de la prevención deben ser pagados en el momento, mientras que sus beneficios aguardan en un futuro lejano. Además, los beneficios no son tangibles; cuando la prevención triunfa, no pasa nada. Para correr semejante riesgo político cuando existen pocas recompensas evidentes son necesarias una gran convicción y una notable visión.
En segundo lugar, realmente existen barreras institucionales para la cooperación institucional que se necesita con el propósito de prevenir. En los gobiernos nacionales y los organismos internacionales, los departamentos responsables de la seguridad tienden a saber poco acerca del desarrollo o el ejercicio de poder. Identificar esas limitaciones no es una recomendación desesperada. Se trata de una condición necesaria, si no suficiente, para el progreso.
Durante la década de los años noventa se produjo una notable aunque no muy advertida disminución de las guerras en el mundo. Son más las guerras de larga data que terminaron en ese lapso que las que comenzaron en ese período. Entre 1989 y 1992 un promedio de ocho nuevas guerras étnicas comenzaron cada año; hoy el promedio es de dos por año. Entre 1992 y 1998 la extensión y la intensidad de los conflictos armados en todo el mundo disminuyeron aproximadamente un tercio. El número de gobiernos democráticamente elegidos aumentó en la misma proporción.
No podemos aventurarnos a sacar la conclusión de que el aumento del número de democracias provocó la disminución de los conflictos bélicos. Otros factores -por ejemplo, el fin de la Guerra Fría- sin duda también hicieron lo suyo (aunque esos dos aspectos están evidentemente relacionados). Pero la evidencia se adecua a la bien fundada -aunque poco difundida- comprobación de que los países democráticos tienen niveles de violencia interna mucho más bajos que aquellos que no lo son. Esto no es sorprendente. Controlar los conflictos sin recurrir a la violencia forma parte de la propia esencia de la democracia. En una época en que más del 90 por ciento de las guerras se libra dentro de los Estados -y no entre ellos- el significado de esa comprobación para la prevención de conflictos debería ser obvia.
La prevención no es un curalotodo. Es necesario que los gobiernos actúen de buena fe y coloquen el bienestar de los ciudadanos por encima de los mezquinos intereses sectoriales. Sin embargo, sabemos que algunos gobiernos propensos a crear conflictos consideran que las medidas de prevención, especialmente aquellas que acentúan la democratización y el buen ejercicio del poder, constituyen una amenaza contra su propio poder y sus propios privilegios. Y por esa razón es probable que las rechacen.
El autor es el secretario general de las Naciones Unidas.
