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La privatización del Correo
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Con la apertura de los sobres que contenían la oferta económica de los grupos participantes, se inició la última fase del trámite para la privatización del Correo argentino.
Más allá del resultado a que se arribe –y sin abrir juicio sobre los méritos del grupo ofertante que resulte vencedor en la compulsa–, es indudable que el clima en que se desenvolvió el proceso licitatorio estuvo lejos de ser el más adecuado para la adjudicación de una empresa que, por el volumen de los negocios que maneja y por su significación logística, figura entre las más importantes del país.
Fue, como nadie ignora, una privatización extremadamente delicada. En primer lugar, por la índole del servicio postal, en el que adquiere singular importancia la naturaleza de las cosas que se transportan y el principio constitucional de confidencialidad a que está sujeta la actividad. En segundo término, por el hecho –público y notorio– de que uno de los empresarios del sector está envuelto desde hace mucho tiempo en una atmósfera de sospechas tensa e inquietante, que plantea toda clase de dudas sobre la licitud y la moralidad de los medios de que se valió para hacer negocios. Aunque ese empresario no participó directamente de la licitación, existen fuertes indicios que lo vinculan a varios de los consorcios intervinientes.
Por esos motivos, han ido creciendo las dudas acerca de la oportunidad elegida por el Gobierno para instrumentar la privatización del Correo. No parece bueno para el país –y para el desenvolvimiento futuro de un servicio de tan vital importancia pública– que se adopten decisiones trascendentes en un clima enrarecido por las suspicacias y la desconfianza, cada vez más extendidos en el cuerpo social.
En momentos en que la sociedad experimenta perturbadores temores sobre los niveles que habría alcanzado la corrupción en la estructura del Estado, no parecen estar dadas las condiciones adecuadas para llevar adelante una licitación que no suscite reparos ni genere sospechas o cuestionamientos. Lo dicho no significa desconocer, por supuesto, que la privatización es, justamente, un arma eficaz para luchar contra la corrupción, como lo demostró la experiencia argentina reciente en otros campos.
La inoportunidad del actual proceso de venta del Correo se acentía por el hecho de que el Estado no ha organizado todavía un sistema de regulaciones y controles que asegure el correcto funcionamiento del servicio transferido.
La constitución de un ente regulador confiable y eficiente se impone hoy como un requisito que requiere especial consideración. Dada la escasa experiencia universal en materia de competencia y privatización de servicios de correos, es indispensable que la ciudadanía se sienta protegida y sepa, llegado el caso, si existen intereses ocultos en la trastienda del problema postal.
No puede ignorarse que se trata de una actividad de enorme significación, no sólo por las necesidades sociales a las que debe dar respuesta sino también por su cuantía económica y su potencial rentabilidad. El Correo argentino, conducido con eficiencia, según estimaciones de los expertos, podría justificar el pago de un canon anual de 110 a 115 millones de dólares, en promedio calculado para varios años, lo que significa –descontando ese flujo de dinero al 12 por ciento anual– un valor del negocio de 950 millones. Se trata de una actividad económica demasiado grande para ser manejada con criterios poco transparentes o sospechados de arbitrariedad.
Es necesario extremar el análisis de la situación y considerar si existen o no motivos para anular lo actuado y llamar a una nueva licitación, con los criterios generalmente aceptados en esta clase de privatizaciones. Es lo que se hizo, por ejemplo, en el caso del concurso para la construcción del puente Rosario-Victoria, en el que los intereses afectados eran, por cierto, mucho menos significativos.
ComoLa Nación lo ha venido sosteniendo desde los inicios del trámite de gestación de la ley de Correos, no sería saludable que quedasen flotando dudas en uno de los procesos de licitación más voluminosos y trascendentales de la economía nacional.
