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La publicidad oficial como prebenda
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El manejo arbitrario de la publicidad oficial para premiar a quienes guardan complacencia con el Gobierno y castigar a las voces críticas es una práctica lamentable que vulnera la libertad de prensa. El gobierno nacional tiene el derecho de elegir dónde publicitar los actos oficiales, pero como responsable de la administración del Estado debe garantizar que los millonarios fondos fiscales destinados a la publicidad no sean utilizados como prebendas o herramientas de presión.
Recientemente la Editorial Perfil inició un juicio de amparo contra el Estado nacional, a quien ha acusado de haberla discriminado en relación con sus colegas, ya que a sus publicaciones no se les cursan órdenes o pedidos de publicidad oficial de ninguna especie.
Organismos vinculados con la actividad de la prensa, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) o la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), denunciaron esa situación, considerándola un verdadero atentado a la libertad de prensa, pues con ello se pretende castigar a un medio que no coincide con algunos aspectos de la política gubernamental. Esa no es razón, de acuerdo con esas entidades, para ser excluido de contratos comerciales de publicidad que se brindan a otros medios.
En su último informe anual, Freedom House, una de las instituciones señeras en mediciones de libertad de prensa en el mundo, identificó como uno de los problemas en la Argentina la presión ejercida con la publicidad oficial, en especial en las provincias.
Numerosos diarios del interior han elevado sus quejas porque ven violada su libertad de prensa cuando critican al gobernante de turno y reciben, como sanción, el retiro de la publicidad oficial, ahogándolos financieramente frente a competidores cercanos a las políticas públicas.
La única discriminación que debería hacer la publicidad oficial -considerada como un contrato, no como un subsidio, premio o castigo-, es la que, gracias a su calidad y llegada al público, determinan su circulación y venta. Así, hay medios de prensa gráfica que, por ejemplo, reciben el mismo volumen de publicidad estatal que otros a pesar de que su circulación no alcanza ni el 10 por ciento de la de estos últimos.
La publicidad oficial es un contrato, no una dádiva o una prebenda. Si sólo algunos recibiesen la publicidad oficial mientras a otros se la negase, como le ocurre a Perfil, estaríamos ante una forma de violación de la libertad de prensa.
Es lamentable que un medio de comunicación tenga que recurrir a la Justicia para pedir que se remedie la discriminación de la que es víctima por tener ideas distintas de las que profesa el gobernante de turno.
