La re-reelección de los intendentes bonaerenses, una traición al voto republicano

La ley aprobada en la provincia de Buenos Aires que le permitirá a unos 90 intendentes ir por un período más de gobierno, es una traición al compromiso que Juntos por el Cambio asumió como oposición en noviembre de este año.

Ese voto que la ciudadanía les confío y que permite soñar que un futuro distinto es posible, no puede ser dejado de lado por un puñado de legisladores que preocupados por los cargos y la retención del poder que ostentan, traicionan ese mandato constitucional y se olvidan de quién los puso ahí.

El resultado de la votación pone en crisis el armado de las listas sábanas que integran los candidatos que luego resultaron electos. Todos responden primero a tal o cual referente, antes que al pueblo que es legítimamente quien, con su voto, eligió qué tipo de valores quiere que lo representen.

Los integrantes de una lista de candidatos a cargos legislativos deben surgir de personas que sean representativos de una determinada jurisdicción electoral (en la provincia de Buenos Aires existen 8). De lo contrario, las listas seguirán integradas por sujetos que no representan a nadie más que al referente que los puso ahí y no la ciudadanía que los votó.

No hay dudas de que el poder sin alternancia corrompe. Nubla la vista de quienes tienen que decidir los destinos de una provincia cada vez más empobrecida que, en 2020, según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), fue récord histórico alcanzando al 56,6% del conurbano bonaerense.

La alternativa de poder no puede construirse de espaldas a la sociedad. Nuestra obligación como oposición es ser distintos frente al Kirchnerismo que es quien entiende que el poder les pertenece como algo permanente.

Aquellos que se presentan frente a la ciudanía como defensores de los valores republicamos, la democracia y la libertad como principales estandartes, no pueden caer en la torpeza de creer que, votando con los barones del conurbano, van a mejor la institucionalidad y garantizar la democracia.

Nada bueno puede salir de seguir contribuyendo a que se perpetúen en los cargos aquellos que durante años han degradado la provincia de Buenos Aires, destruyendo a su paso las reglas más elementales de organización social y de la democracia representativa de gobierno.

Basta recorrer el conurbano el día de las elecciones para darse cuenta del enorme “aparato” clientelar puesto a rodar en favor de que la gente voto siempre a los mismos. Que nadie cambie para que el poder siga estando en las manos de las mismas personas que gozan de los privilegios que irracionalmente sigue otorgando la política argentina. Aún el municipio más pobre, ese que no tiene recursos ni para recolectar la basura o pintar una escuela, siempre tiene billetera para repartir cargos y beneficios.

La provincia de Buenos Aires, a través de la ley impulsada por María Eugenia Vidal en 2016, había logrado generar un mecanismo que fortalecía la transparencia, regulando así la posibilidad de que cada municipio establezca su propio régimen y generase una dispersión normativa que atente contra la inseguridad jurídica. La autonomía municipal lo es a los efectos de su autoadministración, pero no para determinar su propio sistema de elección de autoridades. La ley de Vidal y Massa había logrado zanjar esa incertidumbre.

Volver atrás permitiendo que los intendentes elegidos en 2015 puedan ejercer un período más de gobierno, es un retroceso que los legisladores de Juntos por el Cambio, o “Juntos” (ya no hay cambio) no debieron jamás haber acompañado. No hay artilugio de la reglamentación alguno que permite justificar su accionar. Los valores de la república deben estar por encima de cualquier excusa.

Lo acontecido en estos días, tanto en la Legislatura Bonaerense, como en el Congreso Nacional, obliga a los dirigentes a estar más atentos. El otro también juega y no hay que subestimar su poder de daño.

Quienes conducen los bloques deben tener en claro cuál es el cambio que le han propuesto a la sociedad a la hora de pedirles su voto. El nivel de responsabilidad y compromiso que requiere el servicio público y ser elegido para ello, es mayor que el del común de la sociedad. No hay vacaciones posibles, como pudiera planificarlas cualquier otro compatriota, hasta el cierre de las sesiones ordinarias. No hay acuerdos políticos posibles, si los mismos van a contramano de los intereses de sus representados.

La alternancia en el poder es un valor irrenunciable de nuestra democracia. Las diferencias entre distintos sectores de la oposición, no pueden nunca comprometer los valores republicanos. Esa es la única verdad que nuestros legisladores no pueden traicionar.

Exsecretario de Vivienda de la Nación