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La reforma de la Corte no es “federal”, es feudal
El lunes pasado, dieciséis gobernadores provinciales del peronismo anunciaron en el Consejo Federal de Inversiones que avanzarán sobre una serie de proyectos de reforma de la Corte Suprema de Justicia, inspirados en recomendaciones del juez garantista Eugenio Zaffaroni, quien –como es sabido– fue uno de los grandes ideólogos de la doctrina de seguridad del kirchnerismo, la que entiende al fenómeno como una “sensación” y que privilegia a los delincuentes por sobre las víctimas.
De esa usina de ideas sobre cómo debe funcionar la justicia en la República Argentina llega ahora un nuevo intento de cambiar la composición de la Corte, debate reiterado al que nos tiene muy acostumbrados la vicepresidenta, acaso la primera interesada en desmantelar el Poder Judicial aunque –como veremos– dista de ser la única. Aquí es donde el timing de estos proyectos sí trae un factor de novedad.
Con el título siempre grandilocuente de “Por una Corte Suprema de Justicia Federal” el documento presentado en el CFI que lleva las firmas de estos gobernadores tan preocupados por el federalismo anuncia su decisión de “elaborar un proyecto para nueva (sic) conformación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” con el objetivo de hacerla “más moderna, más eficaz, acorde a las mejores experiencias internacionales, y principalmente que tenga un verdadero carácter federal”. Suena lindo ¿no? Pero veamos qué pasa con esas bellas palabras cuando las ponemos en contexto.
Hay dos hechos de actualidad a la luz de los cuales debe leerse el avance sobre estos proyectos de reforma de la Corte (que siempre se presentan como muy buenos y federales). El primero tiene que ver con la investigación por malversación de fondos durante la administración de Sergio Urribarri en la provincia de Entre Ríos y la reciente destitución de la procuradora Cecilia Goyeneche, quien impulsó la causa que resultó en la condena a ocho años de prisión del exgobernador por la sustracción de 9 millones de dólares de las arcas públicas. Urribarri tuvo que renunciar a su cargo como Embajador de Israel, el cual le fue asignado cuando ya estaba procesado, es decir, teniendo el gobierno nacional pleno conocimiento de las denuncias que, al parecer, no le quitaron mucho el sueño a Alberto Fernández.
Goyeneche fue destituida como procuradora por el Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Entre Ríos luego de haber recibido un amparo por unanimidad de (¡oh casualidad!) la Corte Suprema. Goyeneche responsabilizó por su destitución a integrantes del jury que responden al actual gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet. Bordet, como era de esperarse, se desligó de las acusaciones, pero… adivinen si es o no es, él también, uno de los dieciséis gobernadores peronistas que están reclamando una reforma en la Corte. ¡Claro que sí! Otra casualidad, seguro.
Se trata de un hecho que expone una corporación mafiosa integrada por políticos de la dirigencia provincial y por actores judiciales como jueces y fiscales, que se cuidan las espaldas para sostener una red de corrupción. Esto fue oportunamente advertido por un comunicado del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio que alerta sobre la destitución de Goyeneche como un “mensaje, casi una amenaza, a todos aquellos integrantes de la Justicia que pretendan un poder independiente”.
No sería extraño que la misma mecánica que se mostró en la provincia de Entre Ríos funcione también en otras provincias, siendo que muchas de ellas tienen una reputación histórica de ser cuasi-feudos de familias gobernantes (invito a revisar la lista de los gobernadores que firman el documento y sacar sus propias conclusiones). El caso de Entre Ríos, particularmente, ilustra una triste decadencia en materia de calidad institucional y de división de poderes, que es uno de los tantos saldos negativos que ha dejado la época kirchnerista en la Argentina y que todavía tienen sus efectos.
El otro hecho a partir del cual debe observarse este pedido de reforma de la Corte tiene que ver con la discusión entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires por la coparticipación, que inició en septiembre de 2020 cuando el presidente Alberto Fernández decidió de forma intempestiva y arbitraria sacarle una parte del financiamiento a los porteños para contener el reclamo salarial de la Policía Bonaerense (producto de la mala gestión del gobierno de la provincia de Buenos Aires, hay que decirlo). Sin haber podido llegar a un acuerdo entre las partes corresponde a la Corte Suprema dirimir la cuestión. Los gobernadores peronistas que reclaman la reforma, anunciaron en el mismo pronunciamiento que pedirán un juicio político a los miembros, en caso de que el fallo sea favorable a la CABA.
Esto no se puede leer como otra cosa que el intento de avasallar al Poder Judicial y que este sirva como una mera fantochada para perpetrar la corrupción en todos los niveles del Estado. Con la excusa del “federalismo” lo que se promueve en verdad es el “feudalismo”, es decir la anulación total de la división de poderes en aras de la impunidad de los que gobiernan para obrar sin reparos de la ley, como hacen Urribarri, Bordet y Alberto Fernández, entre otros y otras.
Por estos motivos, en calidad de diputado nacional, presenté esta semana ante la Honorable Cámara de Diputados un proyecto de declaración en rechazo de cualquier intento de reforma de la composición actual de la Corte Suprema de Justicia que, inevitablemente, deberá tener tratamiento parlamentario. Espero que me acompañen en el rechazo no solo dentro del interbloque de Juntos por el Cambio sino en la oposición en general, ya que esta es una avanzada más del kirchnerismo sobre las instituciones de la República que solo producirá más corrupción e impunidad para los poderosos.
En una Argentina desolada por la mala administración en materia de economía, salud, educación y seguridad el buen funcionamiento de las instituciones tal y como está planteado en nuestra Constitución es uno de los pocos -pero contundentes- límites a los manejos y abusos discrecionales de la dirigencia corrupta. El otro es el rechazo enfático de la ciudadanía. Afortunadamente ese último está en marcha y ese sí que no lo podrán desmantelar tan fácilmente, ni aunque firmen todos los gobernadores.
Exviceministro de Seguridad de la Nación, diputado nacional por Juntos en la provincia de Buenos Aires
