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La reforma silenciosa que puede decidir el rumbo de la Argentina
Mientras el Gobierno avanza —con mayor o menor consenso— sobre reformas laborales, tributarias y previsionales tras el resultado electoral de octubre, una discusión indispensable continúa prácticamente ausente del debate público: la reforma del Poder Judicial. Y sin un sistema de justicia previsible, eficaz e independiente, cualquier intento de reordenamiento institucional corre el riesgo de naufragar antes de comenzar. La Argentina arrastra desde hace décadas una crisis de confianza en su sistema judicial. Retrasos, vacancias prolongadas, fallos imprevisibles y tensiones políticas que se filtran en la estructura de los tribunales conforman un escenario que desalienta inversiones, erosiona la seguridad jurídica y profundiza la distancia entre la ciudadanía y las instituciones. El deterioro es tan evidente que abordar la situación del Poder Judicial ya no es una opción: es una urgencia.
La primera medida –la más inmediata y menos controversial– es cubrir las vacantes existentes. Hoy, un tercio de los juzgados nacionales y federales, y la mitad de las fiscalías, no tienen titular. Un nivel de acefalía incompatible con cualquier aspiración de eficiencia judicial. En septiembre, las principales organizaciones de la abogacía del país solicitaron al Poder Ejecutivo que enviara al Senado los pliegos correspondientes. Desde el inicio del actual gobierno no se ha remitido ninguno y los pliegos presentados por la administración anterior fueron retirados. Corregir esta situación requiere solo mayoría simple. No hacerlo perpetúa un estado de parálisis.
En una segunda etapa, el país debe resolver nombramientos claves: dos vacantes en la Corte Suprema, la designación de un procurador general y la elección del defensor del Pueblo, cargo vacante desde hace más de 16 años. En este contexto reapareció la idea de ampliar el número de miembros de la Corte Suprema. Una propuesta sin estudios serios que la justifiquen y que, en un momento de ajuste del gasto público, solo agregaría costos y burocracia. El objetivo no debería ser aumentar sillas, sino fortalecer la legitimidad del tribunal. Hoy existen dos lugares disponibles que podrían cubrirse con juristas de trayectoria incuestionable y la mayoría agravada necesaria podría alcanzarse mediante acuerdos federales, sin quedar rehén de minorías parlamentarias disciplinadas.
La tercera etapa es la más profunda: despolitizar el funcionamiento del Poder Judicial. El Consejo de la Magistratura, encargado de seleccionar y controlar a los jueces, continúa condicionado por disputas partidarias y por la agenda legislativa. Este año solo logró reunirse en 3 plenarios. En 2016 se propuso una reforma que buscaba reemplazar la participación directa de legisladores por representantes designados entre juristas de prestigio, como ocurre en la ciudad de Buenos Aires y en varios consejos provinciales. Su objetivo era claro: garantizar independencia, profesionalismo y continuidad en el funcionamiento del organismo. Esa discusión sigue pendiente.
2026 –año sin elecciones– presenta una oportunidad singular para retomar aquella agenda. Pero requerirá una decisión política poco frecuente: que el Congreso esté dispuesto a ceder una cuota de poder en la selección de quienes integran uno de los tres poderes del Estado. Hablar de reforma judicial no debería ser un eslogan ni un tema reservado a especialistas. Es, quizás, la condición necesaria para que las demás reformas estructurales –las que prometen modernizar al país– puedan sostenerse en el tiempo. Sin un Poder Judicial eficiente, independiente y creíble, cualquier transformación será débil. Y la Argentina no puede permitirse volver a fallar.
Vicepresidente primero de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA)
Tipo de trabajo:
opinión
