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La reparación de Cristina a los intendentes del conurbano
Si las elecciones de 2023 fuesen ahora, el Frente de Todos vencería a Juntos por tres puntos en la provincia de Buenos Aires. Casi la misma ventaja que la oposición obtuvo sobre el oficialismo en las PASO de 2021, pero que se redujo a menos de uno en los comicios generales. Confirmado por tres encuestadoras líderes, este dato es el que está ordenando las decisiones que debaten en esas dos coaliciones para tomar posición en el conurbano, territorio que concentra casi al 40 por ciento de los electores.
Esa ventaja exigua y variable de medio millón de votos está detrás del pedido de Cristina para terminar con la tercerización de los planes de desempleo que promovió en el plenario de la CTA en Avellaneda. Una reparación histórica a los intendentes trece años después. Fue ella la que inició ese proceso en 2009. Le transfirió la administración de esos subsidios a los piqueteros para escarmentar a los jefes comunales por la presunta traición a su esposo Néstor en los comicios de ese año. El expresidente encabezó la lista de diputados nacionales bonaerenses y fue derrotado.
Martín Insaurralde fue el primero en adherir con fervor a esa propuesta, que si no es la misma con la que insiste Juan Zabaleta, se le parece demasiado. El Ministerio de Desarrollo Social es reacio a oficializar precisiones sobre los casi 130 mil beneficiarios que pasaron a prestar servicios en unidades ejecutoras a cargo de municipios gracias a una decisión administrativa de Zabaleta. Algunos en su entorno aseguran que el Movimiento Evita es el más afectado por ese proceso migratorio. Pura malicia.
La preocupación porque el crecimiento exponencial en el control de recursos económicos en esa organización alcance una expresión electoral ajena al Frente de Todos, provoca que el jefe de Gabinete bonaerense y el titular de la cartera asistencialista depongan sus diferencias. Al menos en forma transitoria. Igual que las que tiene Cristina con los intendentes. Una categoría que incluye a los de Lomas de Zamora y de Hurlingham.
Nadie sabe por ahora si Daniel Scioli será incluido en este círculo virtuoso de reconciliaciones. Esa sola posibilidad inquieta a Sergio Massa. El ministro de la Producción podría interferir con su plan de convertirse en el único candidato presidencial oficialista que pueda volver a interesar al voto moderado de un sector de la sociedad.
Massa viene teatralizando el presunto denuedo para desoír el pedido de romper con el kirchnerismo que le efectuaría su entorno. El mismo que lo habría amenazado con abandonarlo si no se le unía en 2019. Pero el halo de misterioso suspenso que rodea a la definición del postergado congreso del Frente Renovador cuya reunión de abril se anuncia ahora para julio, podría tener alguna razón más poderosa sobre la que trabajaría Raúl Pérez. Apodado “Cabezón” por sus amigos, el jefe del Gabinete de Massa en la Cámara de Diputados le habría solicitado al juez de Garantías N°6 de la Plata, Jorge Grispo, que acelere el trámite de elevación a juicio contra Scioli efectuado por el fiscal Álvaro Garganta en la causa donde está acusado de negociaciones incompatibles con la función pública. Una patraña asida a la realidad por el delicado trámite judicial que Pérez resolvió a su favor. La Justicia bonaerense lo absolvió en una causa donde lo investigó por enriquecimiento ilícito.
De existir, esa influencia no habría sido suficiente para evitar que un jurado de enjuiciamiento investigue al fiscal de Tigre, Claudio Scapolán, al que la Justicia Federal procesó como líder de una asociación ilícita dedicada al narcotráfico. La presunta vinculación de Scapolán con Massa fue alimentada por una suspicacia. Malena Galmarini presenció la audiencia en la que fue destituido Washington Palacios, el fiscal de Pilar que acusó a Scapolán de fraguar el acta del robo al domicilio de Massa en 2013.
La sala 1 de la Cámara Federal de San Martín dejó sin efecto el procesamiento dictado a Scapolán por la jueza Sandra Arroyo Salgado, a la que antes había apartado de la causa. Dos trámites en los que habría intervenido en forma directa Daniel Angelici. Marcos Morán, Juan Pablo Salas y Marcelo Fernández integran esa sala. Angelici tendría llegada directa a Salas y Fernández. Salas festeja sus cumpleaños en la quinta que tiene en Parque Leloir el juez Federal de Morón, Jorge Rodríguez, a quien se atribuye el control de esa Cámara de Apelaciones. Scioli fue otro invitado a la quinta de Rodríguez en mayo.
Fernández es compadre de Sergio Torres, de estrecha relación con Rodríguez. ¿Obró Angelici a pedido de Horacio Rodríguez Larreta, amigo de Massa?. Otra murmuración incomprobable. Torres es vocal de la Corte bonaerense y desmiente haber adelantado a legisladores de Juntos una fake news. El fallo de la Corte a favor de restituir el régimen de privilegios a jubilados del Bapro modificado en la gestión de María Eugenia Vidal.
Néstor Grindetti rechaza haber organizado la visita de Torres a la Legislatura bonaerense en mayo para exponer sobre ese tema. Entre los dos adaptan y protagonizan una versión libre y acotada de Fuenteovejuna. Mauricio Macri ordenó rechazar esa iniciativa negociada por el intendente de Lanús con Insaurralde. Grindetti desistió de seguir con esa tarea al ser desautorizado por el expresidente al que, sin embargo, se acercó. Probablemente para expresar su enojo con Rodríguez Larreta por no haberlo defendido. Macri volvió a vetar a Grindetti esta semana. Ordenó deshacer lo que parecía un hecho hasta el martes. La designación de Pablo Paladino por Juntos en una empresa del grupo Bapro. Paladino es ahijado político de Aníbal Fernández y estuvo procesado en la causa que investiga supuestas irregularidades en el programa “Fútbol para todos’'. Paladino integra “Hacemos”, los peronistas reclutados para Juntos por Diego Kravetz, jefe de Gabinete de Grindetti.
Antes que su designación quede sin efecto, Paladino criticaba a Grindetti por acercarse a Macri. La mala imagen que conservaría en el conurbano hace mayoría a esa opinión en Hacemos. Un designio que Macri desafiará con recorridas como la de anteayer en La Plata, junto a Vidal, Ritondo y Julio Garro. El expresidente intenta restaurar su liderazgo en el Pro bajo la consigna de diferenciar con claridad a Juntos del oficialismo. Implica suspender negociaciones con el gobierno y repensar el vínculo con la UCR. No hace falta que diga que le habla a Rodríguez Larreta. Algunos de sus asesores lo instan a reclamarle a Diego Santilli que sea el jefe político en la Provincia. Es decir, que subordine desde una posición de fuerza el vínculo conflictivo que mantiene con Grindetti y Ritondo, dos de sus competidores por la candidatura a gobernador. La reticencia de Santilli a cumplir ese rol trae consecuencias. Ayer no fue parte de la reunión entre el jefe del gobierno porteño y sus referentes bonaerenses.
Javier Iguacel es su otro competidor. Intimó a Jorge Macri a que renuncie a presidir el Pro bonaerense, su reaseguro para garantizarse ser candidato a jefe de gobierno porteño. Grindetti rechazó ese planteo. Amenaza los equilibrios internos que le permitieron a Macri ocupar ese lugar. Para Iguacel ese es el problema. La sospecha que pesa sobre todos los entendimientos que la sociedad no percibe encaminados a resolver sus prioridades. Inflación e inseguridad según el sondeo de satisfacción política de la Universidad de San Andrés (Udesa). A Joaquín De la Torre le resulta simpático el planteo de Iguacel. Le parece similar al suyo.
