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La representación
Por Raúl Alfonsín Para LA NACION
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En su programa del domingo 5 de septiembre, el importante colaborador de La Nacion Mariano Grondona se refirió al tema de la representación en un sentido que lo aproximaba a la tesis del “mandato vinculante”, con la que no coincido. Estoy escribiendo un libro sobre la república y la democracia en el que considero este tópico.
Por centurias, el grave problema con el que se encontraba la teoría democrática era el de la dimensión: hallar la forma de aplicar la teoría a la escala de una gran nación.
Montesquieu ensalzó la idea de la representación. Rousseau terminó por considerarla legítima y Stuart Mill la encomió como el gran descubrimiento de los tiempos modernos. En sus Consideraciones sobre el gobierno representativo, Stuart Mill expuso los siguientes argumentos: los derechos e intereses de las personas sólo se defienden si cada una es capaz de hacerlo. Para ello tienen que estar habilitadas para participar en las determinaciones del gobierno, por lo que a todos les corresponde una porción del poder, pero como no es posible que todos participen personalmente en cualquier cuestión pública, el tipo ideal de gobierno debe ser representativo.
Robert Dahl sostiene que la representación puede entenderse como un fenómeno histórico y, a la vez, como una aplicación de la lógica de la igualdad a un sistema político de gran tamaño. William Nelson afirma que se puede admitir que una persona representa a otra cuando actúa en su nombre e interés y que un gobierno representativo es aquel en el cual los representantes de los ciudadanos toman decisiones políticas. Esto da origen a diversas cuestiones; primera: ¿cuándo es verdad que una persona representa a otra? Mi representante, ¿debe actuar siguiendo mi opinión sobre mis intereses o la suya propia? ¿Cuándo es verdad que un individuo representa a un distrito electoral, siendo que éste puede estar formado por personas con intereses diversos? Segunda: ¿cómo logramos un gobierno representativo? ¿Qué clases de instituciones necesitamos si hemos de asegurar que quienes toman las decisiones en el gobierno representan efectivamente a los ciudadanos? Tercera: ¿por qué hemos de querer un gobierno representativo?
Bobbio analiza el tema de la representación con detenimiento. Sostiene que la democracia moderna hubiera debido estructurarse sobre la base de una representación política en la que el representante, al tener que velar por los intereses de la nación, no pudiera quedar supeditado a un tipo de mandato vinculante. Está claro que lo que caracteriza a una democracia representativa es que el representante sea un fiduciario y que represente los intereses generales.
“Las democracias representativas que conocemos –dice– son democracias en las cuales se entiende por representante a una persona que tiene estas dos características bien precisas: a) en cuanto goza de la confianza del cuerpo electoral, una vez elegido deja de ser responsable frente a los propios electores y, por lo tanto, no es revocable; b) no es directamente responsable ante sus electores precisamente porque es llamado a tutelar los intereses generales de la sociedad y no los intereses particulares de esta o de aquella categoría. La solidaridad de partido y, por lo tanto, la visión de los intereses generales, es más fuerte que la solidaridad de categorías y, en consecuencia, que la consideración de los intereses particulares.”
Nelson afirma que lo importante en el gobierno democrático es que los procesos de toma de decisiones se realizan en forma abierta. Los gobernantes están obligados a defender sus actos en público y esa discusión abierta conduce a la gente a adoptar principios morales razonables.
La exigencia de que un conjunto de principios constituya un consenso potencial estable tenderá a rechazar principios injustos. En cualquier sociedad existe un consenso básico en cuanto a la necesidad del Estado. Pero hay, además, otro acuerdo básico de igual importancia sobre lo que la sociedad no soporta, que constituye el otro supuesto de la vida en común. No se tolera que el Estado prive a nadie de su libertad ni que le cercene derechos que tiene la obligación de preservar.
Desde el punto de vista de un demócrata, cualquiera que sea su orientación doctrinaria, se aceptará, sin duda, que existe un consenso en cuanto al respeto a derechos tales como la protección de la vida, la libertad, la igualdad ante la ley y todos aquellos principios que constituyen el fundamento ético del Estado, orientado siempre a servir al hombre en la lucha que le impone su propia naturaleza: su perfeccionamiento constante a través de los tiempos y, en esa lucha, la constante búsqueda de la igualdad universal, para que cada uno pueda obtener aquello que siente que le falta para ser reconocido en su esencial dignidad humana.
La república democrática recibe de la sociedad el impulso para concretar fines últimos, porque no es cierto, por lo menos no totalmente, que cada voto sea exclusivamente una manifestación de adhesión a un programa concreto y no a una elección de principios y valores. Tocqueville se preguntaba si no había aumentado el número de aquellos que votan por los intereses personales y no había “disminuido el voto de quien vota sobre la base de una opinión política”, y calificaba esta tendencia como expresión de “moral baja y vulgar”, siguiendo la cual, “quien goza de los derechos políticos supone que puede hacer uso personal de ellos en su propio interés. Pero el mero hecho de emitir un voto señala la aceptación de principios y creencias, producto de un consenso básico, que es el sustento mínimo de la existencia de una sociedad libre”.
La república democrática no se planteará jamás la posibilidad de convertirse en dogmática. Ese es el problema del Estado que se pretende como expresión absoluta de una cierta idea de justicia. Es incorrecto afirmar que quien vota simplemente elige gestores. Sostener esto es negar la existencia de partidos políticos. Y, mucho más grave, es negar una realidad evidente.
Robert Dahl enumera las siguientes consecuencias importantes. 1) Representación: el cambio más obvio es que los actuales representantes han sucedido a la asamblea de ciudadanos de la democracia antigua. 2) Límites a la democracia participativa: como consecuencia directa del mayor tamaño, algunas formas de participación política quedan más limitadas, aunque deben aceptarse ciertas formas de democracia directa, sostengo por mi cuenta. 3) Diversidad: cuanto mayor y más abarcadora es una unidad política, más tienden los habitantes a mostrar diversidad en aspectos que tienen que ver con la política. Entre ellos, sus lealtades locales y regionales, su identidad étnica y racial, su religión, creencias políticas e ideológicas, ocupación y estilo de vida. 4) Conflicto: como consecuencia de la diversidad, se multiplicaron las divisiones políticas y apareció el conflicto como aspecto inevitable de la vida política, aceptado en el pensamiento y en la práctica como un rasgo normal y no aberrante.
Carlos Strasser, connotado politicólogo argentino, nos reclama seriedad en cuanto al análisis de los peligros de la representación tal cual se presenta en los estados a los que define como democrático-liberales, sobre todo cuando éstos se convierten en un régimen de pactos entre la burocracia y las empresas y, en definitiva, en un sistema de compromisos entre “poderes estatales, sociales y económicos, más que en una democracia en el sentido propio”.
El peligro es la posibilidad de pasar de una concepción de autogobierno a otra que haga realidad las frases que recuerdo de Octavio Paz en cuanto a que los dirigentes primero guíen, luego representen y, por último, suplanten a la gente, haciendo que las instituciones representativas puedan “traicionar en vez de servir a la democracia y la libertad”.
A caballo de la transposición entre la representación política y la puesta en escena de esa representación, muy en línea con el auge neoconservador, se montó la idea de la necesidad de votar por personas y no por partidos o programas. Al respecto, Vance Packard, hace ya muchos años, anticipaba el hecho de que “probablemente lo más importante que pueda hacer un político en nuestro sistema actual es establecer para sí una personalidad pública antes que anunciar una serie de soluciones para los problemas”.
Finalmente, digamos con Bobbio: “Consideramos a todo el que no participa en la vida del ciudadano –esto dijo Pericles en una famosa sentencia que nos transmite Tucídides– no como a uno que cuida sus negocios, sino como a un individuo inútil”. Rousseau sostuvo: “Tan pronto como alguien diga sobre los asuntos del Estado: ¿qué me importa a mí?, podemos estar seguros de que el Estado está perdido”.
Se pueden mencionar ejemplos concretos en los que los representantes actúan sirviendo al interés general, sin desvirtuar los deseos de sus representados: cuando se pide la pena de muerte, que la Constitución prohíbe, se dictan distintas normas que procuran disminuir la inseguridad; cuando se reclama contra la desocupación, sucede lo mismo, pero conociendo que el problema no podrá resolverse por una ley ni en un instante; cuando se reclaman lógicos aumentos de salarios, no se actúa sin tener en cuenta hasta dónde es conveniente para los mismos trabajadores; cuando se exige un nuevo régimen de jubilaciones, se presentan los respectivos proyectos. Lo mismo sucede con el sistema impositivo, con la educación, con la salud, con las economías regionales, con la deuda externa, con la integración regional... En fin, la lista sería interminable.
En definitiva, aquí no hay representados sin representación.
