La Rioja, ¿malas prácticas o fraude electoral?
En los distritos de baja intensidad democrática, hasta las buenas iniciativas naufragan. Las PASO representaron una respuesta innovadora a un reclamo ciudadano de mayor participación en los procesos competitivos partidarios. Más allá de la renuencia de algunos partidos a ofrecer más de una lista por alianza, el saldo es positivo porque la competencia se ha evidenciado en todas las elecciones desde su implementación. Además, mantiene aceptables niveles de participación para un régimen de voto obligatorio que, en los hechos, no impone sanciones por no votar debido a que la inflación se devoró el monto de la multa.
Pero no todo lo que brilla es oro. En nuestro país existen distritos en donde la democracia y el libre voto se encuentra en entredicho. Según el Mapa de Integridad de Argentina, que elaboró Transparencia Electoral, hay 9 provincias con baja integridad electoral, que en concreto significa ausencia de Estado de derecho y división de poderes, autoridades electorales parciales o sesgadas, barreras normativas explícitas e implícitas a la participación electoral efectiva, acoso a la libertad de expresión y de asociación y financiamiento indebido de la política y las campañas. La Rioja es una de estas provincias, un típico caso de “padrón chico, infierno grande”. Se trata de una provincia rentística, que recibe fondos nacionales que refuerzan una red clientelar muy extendida y que asfixia la competitividad electoral. Para ejemplificar: esta provincia es la única en donde en la elección del 14 de noviembre pasado el Frente de Todos ganó en todos los distritos locales, es decir, en los 18 departamentos que componen la provincia. Algo así no ocurrió ni en Formosa ni en Santiago del Estero, otras dos provincias con déficit democrático. Además, dicho sea de paso, es la provincia con menos porcentaje de mujeres en los ministerios y en la Legislatura provincial (17%).
En las PASO la participación fue baja. Por ejemplo, entre el 43 y el 56% en Arauco, General Belgrano, Chamical, Chilecito, Rosario Vera Peñaloza y General San Martín. Cerca de 60% en Vinchina, Famatina, Independencia, Juan Facundo Quiroga, General Ortiz de Ocampo y Ángel Vicente Peñaloza. Sin embargo, de cara a la elección del 14 noviembre la participación creció contundentemente. ¿El “plan platita”? Así se ha denominado a este festival de dádivas relacionado con el desvío discrecional de fondos públicos para subsidios, bolsas de comida, bonos, electrodomésticos etc. La pregunta que muchos analistas se hacen es si se puede medir el impacto de este accionar clientelar tendiente a comprometer el libre ejercicio del voto. En La Rioja sí se pudo. Un video, filmado desde un celular por un fiscal de Juntos en el marco de un escrutinio de mesa en el departamento de Castro Barros, expuso un caso de compra de votos. Boletas marcadas con un número prolijamente escrito en una zona de la boleta que no comprometiera su anulación, cifra que representaba el número de orden en el padrón del elector que había vendido su voto. Además, para corroborar la ingeniería que había detrás de este delito, estos electores ponían dos boletas iguales en el sobre, una sin marcar y la otra marcada. Luego de que el fiscal partidario del oficialismo anotara el número que aparecía en la boleta, la destruía y computaba la boleta sin inscripción. Objetivo: borrar la prueba. Esta práctica fue sistemática en 17 de 23 mesas que tiene el departamento.
Los fiscales de mesa no pudieron ejercer sus derechos de control y este atropello se extendió al escrutinio definitivo. La Junta Electoral tuvo criterios disímiles para la apertura de mesa y revisión de los votos nulos. Se llegó a sostener que solo se abrirían las urnas cuando existieran más de 70 votos nulos. Sí, leyó bien, 70. En mesas donde habían votado cerca de 250 electores. Solo para recordar y dimensionar la gravedad del problema: Juntos no obtiene un diputado nacional por 171 votos y, si solo contabilizamos este caso ocurrido en Castro Barros, nos topamos con la diferencia de votos en juego. Si nos vamos un peldaño más arriba en el análisis advertimos que esa banca pudo reconfigurar el poder en la Cámara de Diputados en cuanto al bloque detentor de la primera minoría.
Este ejemplo sirve para comprender cómo un fraude electoral realizado en unas mesas de una provincia con déficit democrático, luego avalado por la Junta Electoral, puede impactar en la calidad de la representación de un Congreso. Esa banca tiene un origen viciado y esto habla de las debilidades de nuestro sistema electoral.
Pero esto no fue lo único que pasó aquí. Primero la oposición tuvo que elevar denuncias para que eliminen las colectoras. La Cámara Nacional Electoral así lo hizo, pero en esas idas y venidas quedaron listas cortas y largas ocasionando situaciones muy extrañas y sospechosas. Por ejemplo, en el departamento de Rosario Vera Peñaloza el oficialismo provincial obtuvo un resultado con poco apego a la pluralidad: obtuvo un 80% de los votos afirmativos, lo que significó 4042 votos. Y el voto blanco, para sorpresa de muchos, obtuvo 3516, es decir, el 40% de los votos totales. En el departamento de Juan Facundo Quiroga, donde la competitividad es la peor de todas (71%, es decir, la diferencia entre la primera lista y la segunda), también se da la mayor proporción de votos nulos: 5,2%.
Retomando. Las PASO brindan una información estratégica para los funcionarios que adhieren a las malas prácticas políticas. Esa información es doblemente estratégica en un país con un 50% de pobreza, con muchos electores dependiendo de algún tipo de asistencia estatal, sea nacional, provincial o municipal. Esa información es la de saber quién no votó. La distancia entre las PASO y la general le dan una ventana de oportunidad a los que quieren condicionar el voto libre. Las redes clientelares trabajan sin descanso entre una fecha y otra “visitando a los desagradecidos”. Por lo tanto, estamos ante un mecanismo de disciplinamiento social del voto, que en esta elección se ha mostrado como muy efectivo. Esa información puede provenir de dos instancias. Una es la propia fuente partidaria, los fiscales de mesa que en las PASO llevaron el registro del padrón. Otra fuente es la propia Justicia, y esto da lugar a otro aspecto delicado: el vínculo estrecho entre algunos jueces federales con los ejecutivos provinciales. Las Juntas Electorales son, en definitiva, la convergencia entre la justicia federal y la provincial.
Se pueden enumerar muchos otros problemas graves, como el del “vuelco de fiscales de mesa”, que surge luego de advertir comportamientos electorales anómalos en centros de votación. Esta situación es referida por los propios apoderados de la oposición en el distrito y ahora lo vinculan con un extraño pedido de la Junta Electoral en la etapa preelectoral para que se informe por anticipado la nómina de los fiscales de mesa, cuando lo que se pedía habitualmente eran los datos de los fiscales generales.
Lo que ha pasado en La Rioja no es nuevo. Se trata de una provincia con un extravío democrático que lleva décadas y que ya no nos permite distinguir con claridad si estamos en presencia de un contexto en donde solo hay malas prácticas electorales o se trata de algo más: de una situación autoritaria que aplica a distintas escalas algún tipo de fraude electoral.
El autor es director de Transparencia Electoral de América latina y magister en Derecho Electoral
Tipo de trabajo:
análisis
