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La seguridad cibernética, una agenda relegada en América Latina
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Para LA NACIONBruna Barlaro Rovati
En la última década, la ciberseguridad se ha convertido en un tema crítico para la estabilidad integral de los países en el mundo. La progresiva digitalización de los sistemas de información y comunicación ha permitido una mayor eficiencia en la economía y en la gestión gubernamental. Sin embargo, también ha creado nuevas vulnerabilidades y riesgos de ciberataques.
Los patrones de dependencia de la tecnología han llevado a la necesaria incorporación de estrategias efectivas que regulen el uso del ciberespacio y, especialmente, hagan frente a las ciberamenazas; que distan en sus actividades alrededor del mundo, pero que comparten el hecho de ser factores desestabilizadores para todos los Estados… desde la interrupción de servicios críticos como la energía y el transporte, hasta el robo de información confidencial o la manipulación de elecciones. Y América Latina no es ajena a esta problemática:
· En 2014, Petrobras, la empresa petrolera más grande de Brasil, sufrió un ciberataque masivo que afectó a sus sistemas y causó la filtración de información confidencial.
· En 2017 se descubrió que la base de datos electoral de México había sido hackeada: filtrándose la información de millones de votantes, incluyendo sus nombres, direcciones y números de teléfono. Algo similar ocurrió ese mismo año en las elecciones presidenciales de Ecuador.
· A mediados de 2018, Banco de Chile experimentó un ciberataque que provocó la interrupción de sus servicios en línea y el robo de aproximadamente 10 millones de dólares.
· En noviembre de ese año se produjo otro, esta vez al Congreso de la Argentina, que afectó a varios sistemas informáticos de la institución, impidiendo el acceso a ciertos sistemas y archivos.
· Uno similar, en 2019, hacia la red eléctrica de Venezuela que causó apagones masivos en todo el país.
· Ya en 2020, la Asamblea Nacional de Ecuador se convirtió en una víctima más de la lista al filtrarse información confidencial de más de 200 políticos y funcionarios públicos.
· Más recientemente, a mediados de 2022, Costa Rica sufrió una serie de ciberataques que paralizaron sistemas médicos, gubernamentales y comerciales del país, obligando al gobierno a declarar un estado de “emergencia nacional”.
Aun considerando los nocivos efectos de estos episodios ejemplificadores, el progreso en materia de ciberseguridad ha sido inconsistente en la región. Según el último informe del Índice de Ciberseguridad Global de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 17 países latinoamericanos carecen de una estrategia nacional de ciberseguridad que aborda la infraestructura crítica y resiliencia, 14 no poseen un equipo nacional de respuesta a incidentes informáticos y 28 no ofrecen incentivos para mejorar las defensas/protecciones del sector privado (sólo la región de África obtuvo una clasificación más baja). Y la falta de notoriedad política, en general, alimenta ese diagnóstico.
En el marco de cooperación multilateral, por otra parte, se han definido varias iniciativas, destacándose dos principales: en primer lugar, nueve países de la región se adhirieron a la convención de Budapest que mejora los mecanismos para la cooperación transnacional en la lucha contra el delito cibernético; además, los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) acordaron una serie de Medidas de Fomento de la Confianza Cibernética. Aunque son loables, estos esfuerzos resultan aún insuficientes para dar fin a las brechas de seguridad cibernética en la región.
La clave para cerrar estas grietas se enmarca en, al menos, dos puntos indispensables.
Primero, en la necesidad de adoptar una “conciencia cibernética” considerando a todas las partes involucradas en esta agenda: los formuladores de políticas, los legisladores, las empresas y la misma sociedad civil. En este punto, cabe recalcar que el sector académico puede jugar un rol fundamental como productora y promotora de conocimiento.
Segundo, el abordaje conjunto, enmarcado en esquemas de cooperación regional efectivos, que permita desarrollar modelos de resiliencia cibernética para los países de la región. En este sentido, el liderazgo proactivo de países con mayores capacidades cibernéticas (fundamentalmente Brasil y Chile) puede ser un primer acercamiento a una acción coordinada, ahondando en el intercambio de buenas prácticas sobre diagnóstico de amenazas y procedimientos de respuesta.
Incluir a la seguridad cibernética como un tema de agenda en América Latina es crucial para garantizar la protección de los ciudadanos, las empresas y las instituciones frente a los crecientes riesgos y amenazas de este estilo. Sólo de esta manera podremos aprovechar plenamente el potencial de la tecnología para impulsar el desarrollo sostenible y el progreso en la región.
Docente de la Lic. en Gobierno, RR. II. y becaria doctoral UADE - Conicet.
