La sociedad civil ante el poder de ambición totalitaria

El poder totalitario ejercido desde un gobierno genera, domina y combina los siguientes elementos: 1) Discurso inapelable: el relato se construye como sentencia, se propagandiza como monólogo y se acepta como dogma. 2) Enemigo interno: le permite al gobierno victimizarse y administrar violencia pública bajo la excusa de combatirlo. 3) Enemigo externo: despierta en la ciudadanía el sentido de unidad nacional que permite al gobierno utilizar la amenaza externa para justificar abusos internos. 4) Democracia insuficiente: instala el concepto de que el sistema democrático no alcanza para impulsar los cambios necesarios y por ello hay que reformarlo, eludirlo o forzarlo. 5) Gobierno parainstitucional: la institucionalidad consolidada en plena participación ciudadana, prensa libre e independiente, federalismo fiscal, control de la gestión pública, división de poderes y descentralización y alternancia de poder es un escollo a todo proyecto totalitario, lo que requiere una arquitectura de poder paralela a las normas e instituciones.

El poder totalitario basado en estas cinco variables se consolida en gobierno totalitario cuando se ejerce el monopolio del poder público para administrar discrecionalmente pobreza, delito e ignorancia. La administración deliberada de pobreza permite extorsionar a través del asistencialismo y fidelizar a través del clientelismo político. La administración de delito permite instalar la corrupción como forma de financiar de manera espuria la actividad política, chantajear desde los organismos de inteligencia y fuerzas de seguridad y disciplinar desde la violencia y la connivencia con el crimen organizado. La administración de ignorancia consistente en la degradación de la educación pública y la negación de formación cívica abre las puertas a la demagogia, estrategia de seducción de toda manifestación totalitaria.

Los gobiernos totalitarios anulan el sistema republicano, llevan a la democracia a su mínima expresión y combaten, capturan y desactivan a la sociedad civil, que actúa de manera autónoma y crítica valiéndose del Estado para imponer sus prácticas desde una insalvable asimetría.

En la Argentina, la asimetría de poder gubernamental sobre las organizaciones sociales se refleja en las numerosas acciones que restringen peligrosamente el espacio de actuación e impacto de la sociedad civil. El Gobierno ha impulsado numerosas acciones para acotar, neutralizar, cooptar y eliminar a aquellas organizaciones sociales y cívicas que no aceptan someterse a las exigencias de los referentes del oficialismo.

Existe persecución a líderes y organizaciones sociales. Desde Gendarmería Nacional opera el Proyecto X, una base de datos creada en 2002 y actualizada en 2006, con información obtenida mediante inteligencia y espionaje sobre militantes y organizaciones sociales, que viola la ley 25.550, que prohíbe a los organismos públicos obtener información de las personas por su "adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales o sindicales". En agosto de 2012, la Secretaría de Comercio se arrogó la facultad de suspender del registro de organizaciones de defensa del consumidor a la entidad Consumidores Libres, poniéndola al borde del cierre al limitar su capacidad de acción cuando le impidió elaborar el índice de precios, y al quitar el financiamiento público que le corresponde por ley.

Se han puesto en marcha diversas acciones para restringir el financiamiento a las organizaciones. Desde la Cancillería se lleva adelante una agresiva política exterior contraria a la cooperación internacional, lo que genera un menor flujo de ayuda del exterior, que asfixia el financiamiento de agendas como derechos humanos, construcción de ciudadanía, fomento de la transparencia y mejoramiento de la calidad institucional. También se registraron casos en los cuales organismos públicos no otorgaron la no objeción para donaciones de organismos multilaterales, impidiendo el ingreso de fondos para áreas sensibles, por ejemplo, el microcrédito.

La política de aislamiento internacional repercute en organismos multilaterales como el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) del Banco Interamericano de Desarrollo, que desde 2012 no aprueba nuevas donaciones en la Argentina, lo que perjudica a organizaciones que trabajan en segmentos vulnerables y que promueven la integración de sectores excluidos.

La absoluta discrecionalidad del Gobierno en la asignación de los subsidios públicos (concentra los recursos en organizaciones afines a sus políticas) genera inequidad en la distribución del presupuesto público ante la falta de criterios transparentes, promueve chantajes a las organizaciones al condicionar la renovación de subsidios a la presencia de miembros de esas organizaciones en actos gubernamentales o a apoyos manifiestos a la gestión de gobierno, o convierte a las ONG en zonas liberadas a la corrupción como lo sucedido con Madres de Plaza de Mayo.

Estos hechos demuestran cómo el poder totalitario puede maniatar a las organizaciones sociales desde una asimetría de poder que impide que cualquier estrategia para hacer frente a ese totalitarismo se base en la concentración de poder por parte de la sociedad civil. Por el contrario, al poder totalitario no se lo puede combatir desde un poder real acumulado, sino que se lo enfrenta con poder difuso.

Dado que el poder real de las organizaciones puede ser identificado, medido y, en consecuencia, combatido y neutralizado, éstas inciden cuando logran administrar poder difuso, un poder que no es propio, sino que se construye a partir de alianzas y es orientado y administrado en función de la creación de bienes públicos, del desarrollo de una causa común o de la necesidad de poner límites al poder imperante. El poder difuso consiste en tomar como base el poder real de un espacio y amplificarlo sobre capacidades existentes en otros actores de la sociedad. Un movimiento social o cívico construye poder difuso cuando suma a su equipo rentado voluntariado que aporte tiempo, trabajo e ideas; cuando proyecta su limitada estructura en espacios colectivos como redes o coaliciones de orden local, nacional, regional o internacional; cuando complementa su foco temático en alianza con otros actores sociales que permitan construir una agenda común; o cuando enriquece la segmentada información a la que accede y el focalizado conocimiento que genera y administra estableciendo alianzas con el mundo académico y cerrando acuerdos que le permitan acceder a nuevas tecnologías y a la innovación científica.

Capítulo aparte merecen los medios de comunicación y la prensa independiente, que son los grandes generadores de poder difuso, pues la principal forma que tienen las organizaciones sociales para expandir su reducida capacidad de inserción social es a través de alianzas estratégicas con los medios masivos. Por eso, cuando un gobierno restringe la capacidad de la prensa independiente, está restringiendo la independencia y capacidad que poseen las organizaciones sociales para controlar e interpelar al poder e instalar una agenda de bien común.

Si se analiza cómo se generó la incidencia que les permitió a muchas entidades de la sociedad civil, a numerosos movimientos sociales y a diversas organizaciones de base mejorar la capacidad de las instituciones y la calidad de vida de la gente, la conclusión será la siguiente: cuanto más difuso fue el poder, más concreto fue el impacto. Sobre todo cuando las democracias quedan a merced de gobiernos totalitarios que practican el terrorismo de Estado contra la sociedad civil. Sin armas, pero con similar poder de fuego.

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