1
La solvencia fiscal es necesaria para avanzar con justicia social
Por Jorge Remes Lenicov
1 minuto de lectura'
La Argentina tiene problemas en cuatro campos: ocupación, competitividad, educación y distribución del ingreso. El objetivo central de sus políticas debe ser entonces potenciar el crecimiento y aumentar la equidad. El escenario internacional no ayuda y no parece mejorar con rapidez.
Por ello debemos atacar rápidamente nuestros puntos vulnerables: servicios de la deuda muy altos con relación a las exportaciones y endeudamiento creciente (con pasivo previsional "invisible"); déficit fiscal incompatible con la convertibilidad y una evasión que sigue siendo muy relevante; riesgo país consecuentemente elevado y tasas de interés altas; necesidad de ingreso de capitales porque el ahorro local es insuficiente; poca capacidad del Estado para sostener políticas sociales y productivas e ineficacia y desorden en el sistema fiscal federal, impotente para atenuar las recesiones y mejorar la eficiencia de los servicios y la recaudación.
Ninguna medida por sí sola resuelve estos problemas. Hay que trabajar en muchos flancos, pero uno clave es el fiscal. Dentro del mismo hay que ubicar la ley de solvencia fiscal, que apunta a tres objetivos: a) alcanzar y sostener el equilibrio fiscal; b) crear un fondo anticrisis, y c) mejorar la calidad y transparencia de su gestión. Su cumplimiento permitirá aumentar la competitividad por medio de la baja del riesgo país y la tasa de interés; estabilizar y mejorar el crecimiento de la economía, por el fondo anticíclico, y mejorar la distribución de los ingresos, por la mayor calidad y transparencia en la asignación y ejecución del gasto.
Los contenidos de la ley, en el campo macrofiscal: 1. Establece una secuencia obligatoria de reducción del déficit hasta su total desaparición en el 2003, cuando termine el próximo gobierno. Su cumplimiento permitirá el aumento del ahorro interno y la reducción de la dependencia de los capitales externos y de nuestro costo financiero. Estas tres mejoras son vitales para sostener la inversión y crear trabajo. El equilibrio fiscal tendrá un efecto neto expansivo; por el contrario, el déficit fiscal, al provocar aumento de la tasa de interés tiene un efecto contractivo. EE.UU., Nueva Zelanda y Europa han sancionado leyes que buscan el equilibrio fiscal. Las economías más sólidas del mundo adhieren a estas reglas; las más vulnerables no tenemos opción (por eso Brasil también está discutiendo la suya).
2. El gasto público primario sólo podrá crecer al ritmo del PBI. Ello nos obliga a ganar eficiencia estatal para poder prestar más y mejores servicios.
3. La presión tributaria de la administración nacional deberá crecer a costa de la evasión durante los próximos años, hasta lograr el equilibrio fiscal. Luego será posible reducir el peso del IVA y los aportes a la Seguridad Social, lo que ayudará a mejorar la distribución de los ingresos, estimular los mercados de bienes-salario y las exportaciones y crear empleo. Estas medidas también alentarán las inversiones.
4. La deuda pública nacional sólo podrá crecer hasta el 2002 para financiar el decreciente déficit fiscal. La deuda se reducirá gradualmente, con relación al PBI. Y con ello se limitará nuestra vulnerabilidad y el saldo que pagarán nuestros hijos.
5. Se crea el Fondo Anticíclico Fiscal para ahorrar en las buenas y poder mantener el gasto en las malas. Hoy la política fiscal tiene tendencias perversas: refuerza el auge, a través de gasto público excesivo, y acentúa las caídas, como consecuencia de su inevitable contracción. El campo fiscal es el único donde se puede hacer política anticíclica relevante, dado el régimen monetario-cambiario que tenemos. El gasto público tendrá un comportamiento mucho más estable, con impactos positivos en la economía, el empleo y nuestra imagen en el exterior. El objetivo es llegar a contar con recursos acumulados equivalentes al 3% del PBI en menos de dos períodos de gobierno.
6. Se elaborarán presupuestos plurianuales, de hasta 4 años, para extender el horizonte de certidumbre y, por tanto, de credibilidad fiscal y macroeconómica. Esto mejorará las posibilidades de planeamiento del sector privado y ayudará a elevar la tasa de crecimiento de largo plazo.
Cambios indispensables
Los equilibrios macroeconómicos, la estabilidad y el crecimiento no garantizan, per se, las mejoras necesarias en la competitividad y en la distribución del ingreso. Por eso es crucial transformar la gestión del Estado. Sin este cambio es difícil pensar en políticas activas pro-Pyme y pro-exportación, así como gestionar con éxito políticas sociales para mejorar la educación y la situación de los más desprotegidos. Este es el otro gran objetivo de la ley, que propone modificaciones en el proceso presupuestario y de gestión pública y en el acceso a su información y control.
7. Se promoverán Convenios-Programa con objetivos, metas e instrumentos bien delimitados, flexibilidad en su administración y premios y castigos para sus responsables, según resultados.
8. No podrán crearse fondos u organismos que impliquen gastos extrapresupuestarios. 9. Se perfeccionará el proceso presupuestario, los sistemas de control y la información. Se deberá evaluar la ejecución presupuestaria del año anterior, explicar las diferencias y el modo de corregir los desvíos. Se mejorarán los sistemas de información y su acceso será libre. Ello aumentará, por un lado, la transparencia de la gestión, y por el otro, la eficacia del proceso de decisión y control. Para que sea plena, la transparencia informativa debe alcanzar tanto a gastos como a ingresos públicos. Para un mejor control del gasto social se crean los Consejos de la Comunidad y se instala un programa especial para la evaluación de su calidad.
10. Es difícil imaginar el orden fiscal y la transformación del Estado sin el concurso de las provincias y, a través de éstas, de los municipios. Representan casi la mitad del gasto público, sus gastos crecieron en 5000 millones en los últimos 5 años, su deuda es de 17.000 millones y tienen a su cargo buena parte del gasto social.
Se invita a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires a sancionar leyes con similares propósitos. Un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos constituirá la oportunidad para completar y dar consistencia al conjunto normativo para la mejora del sistema fiscal federal. El consenso acerca de la necesidad de las políticas enumeradas es creciente. Como es lógico, algunos colegas han disentido: a los que sostienen que las metas de reducción de déficit son muy ambiciosas, los invito a que miren el mundo en que vivimos; a los que las critican por poco exigentes, les sugiero ponderar mejor las limitaciones del propio país. Si consolidamos la macroeconomía y afianzamos el equilibrio fiscal estamos creando las condiciones para que, a partir de una profunda transformación del Estado, podamos avanzar en el aumento de la competitividad y la mejora en la distribución del ingreso.
