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La tercera fundación de Buenos Aires
De los desafíos argentinos asociados a la gestión territorial, hay dos que destacan por su volumen y complejidad. El primero de ellos es generar condiciones que estimulen la actividad económica en las provincias del Norte, para evitar la migración indeseada, aprovechar cabalmente nuestras potencialidades y también para reequilibrar el sistema político. El segundo desafío, asociado a aquel en sus orígenes, pero diverso en su emergencia, es incrementar y perfeccionar mecanismos de gobernabilidad sobre las áreas metropolitanas, pero sobre todo respecto del AMBA.
Es alentadora la decisión de conformar un "gabinete metropolitano", tomada por los Ejecutivos de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires hace unos meses, y que ha ido constituyendo una rutina de encuentros, diálogos, y proposiciones orientadas a construir miradas y respuestas de tipo metropolitano, frente a una realidad social ineludible y largamente ignorada.
Un juicio verdaderamente justo sólo podrá hacerse con la obra a la vista, y lo cierto es que el "gabinete" no sólo recién comienza, sino que la madeja de intereses, institucionalidad preexistente, urgencias cotidianas y demás complejidades hacen de su tarea un verdadero laberinto; pero eso no debe menoscabar la intención.
La "Gran Buenos Aires" es institucionalmente compleja, socialmente dual y políticamente tensa. Lamentablemente, en los últimos 40 años, desde el apogeo industrial de mediados de los años 70, no ha tenido la capacidad de integrar adecuadamente a las poblaciones migrantes ni se ha reconvertido económicamente de manera eficiente, por lo que hoy padece de déficits estructurales equivalentes (y en muchos casos peores) a los de casi todas las capitales de la región.
El mito de la ciudad culta, elegante, diversa socialmente y económicamente pujante no es verificable desde la simple observancia estadística.
Nuestra "gran ciudad" necesita de una visión integradora y contemporánea, y no hay ninguna posibilidad de generarla sin un espacio compartido por los responsables institucionales. También otros actores estatales y extraestatales deben tomar la palabra, pero esa agregación debe seguir una lógica colaborativa y eso justifica empezar por una agenda estricta que evite las impostaciones políticas.
Gestar una nueva institucionalidad para el AMBA es una deuda de la democracia argentina, cuyo costo pagan los ciudadanos más pobres, carentes de servicios urbanos básicos. El trabajoso esfuerzo de coordinar normas o expandir servicios es el nombre que adopta una nueva perspectiva de la ciudad, que incluye a 13 millones de personas en 2000 kilometros cuadrados. Una perspectiva que debe ser abonada con criterios de sostenibilidad, gobernanza y equidad.
La agenda metropolitana debe concebirse con eje en recuperar la idea de ciudad como espacio de ciudadanía, y luchar contra la dispersión, la degradación de lo público, la exclusión y la captura del territorio como espacio para la emergencia de un para-poder. Para ello es indispensable que la ciudad cuente con soportes económicos competitivos.
La movilidad, el acceso al suelo, el cuidado ambiental, las ofertas culturales, económicas y sanitarias tienen que ir adquiriendo una creciente perspectiva metropolitana y ser parte de la reconfiguración de la ciudad.
A pesar de todas las postales del fracaso que a diario vemos tanto en los bordes como en el centro de nuestra ciudad, Buenos Aires tiene condiciones para ser una ciudad calificada. Para ello necesita política, acuerdos e inversiones.
La Ciudad de Buenos Aires debe hacer un esfuerzo especial porque es más rica que las localidades del conurbano: ha sido beneficiada con inversiones federales y sobre todo será tributaria futura de una dinámica territorial más policéntrica y menos demandante.
La "Gran Buenos Aires" podría ser la cara de un país innovador, que exhiba pujanza, integración económico-social y exuberancia cultural. Si no, queda conformarse con un conglomerado segregador, ingobernable y asfixiante. Se trata de un camino largo, con una agenda en construcción; pero es imposible pensar que pueda ser exitoso cualquier proceso político argentino sin resolver este desafío.
El dilema no se resuelve en un instante ni con una sola medida; su resolución requiere, además de la determinación política, un marco fiscal adecuado que financie un ambicioso programa de obras, una respuesta sofisticada e incluyente a la innegable realidad de la informalidad económica, una mayor (y sobre todo mejor) presencia del Estado en cada rincón del territorio, tanto con su rostro amable (asistencial, promocional y de servicios) como con su rostro severo (cumplimiento de la ley, lucha contra las mafias, ruptura de la política como industria del favor o como mutualización de la indigencia).
Un largo camino siempre empieza por el primer paso. Mucho mejor cuando es en la dirección correcta.
Abogado, director de Sociedad y Territorio
