La universidad docente, bajo la lupa

El gobierno de la ciudad anunció una reforma educativa que, entre otras cuestiones, incluye la creación de una universidad para los maestros. En los últimos años el Cippec ha recomendado avanzar hacia la reorganización y planificación estratégica de la oferta de formación docente, como parte de un plan más integral de jerarquización de la carrera docente. En la Argentina el sistema de formación de docentes está sobredimensionado y fragmentado. Hay más de 1200 instituciones, es decir, 32 entidades por cada millón de habitantes. Para ponerlo en perspectiva, en Chile y México hay cuatro por cada millón; en Colombia, dos; en Estados Unidos, tres, y en Francia, media. Esto dificulta garantizar las condiciones necesarias para ofrecer una formación de calidad en todas las instituciones, hoy muy heterogéneas entre sí.

Por eso, la concentración de la formación docente en los institutos y/o universidades con mejores condiciones y resultados constituye una opción de política a explorar, teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada jurisdicción. La propuesta del gobierno de la ciudad pareciera ir en esa dirección, ya que busca reemplazar los 29 institutos de formación docente por una universidad, pero amerita algunas consideraciones.

La decisión oficial se basa en el fuerte supuesto de que la universidad es el mejor espacio institucional para formar maestros y profesores. Pero no hay consenso en la comunidad educativa acerca de este punto. En la Argentina, un 80% de los docentes se formaron en instituciones de nivel terciario y el 20% restante, en la universidad. La calidad de su formación no pareciera depender del formato institucional.

El nivel universitario per se no asegura la resolución de problemas históricos de la formación, como el vínculo con las escuelas, e incluso por su matriz histórica -fuertemente teórica y alejada de la práctica- podría obstaculizarlo. Por otra parte, la institucionalidad universitaria podría implicar desafíos de gobernabilidad dados los altos niveles de autonomía de las universidades en nuestro país. Todo conduce a preguntarse si un cambio de institucionalidad es la mejor respuesta a este desafío. Jerarquizar la profesión docente requiere de un abordaje que combine la formación inicial, las condiciones de trabajo y la carrera docente.

Por otra parte, las fuertes implicancias de la reforma exigen analizar el proceso de construcción política. Falta un diálogo con los protagonistas del sistema formador en la construcción de los cambios propuestos. Las transformaciones afectarán la organización y el contenido del trabajo de miles de docentes y estudiantes, y marcarán el futuro de una de las profesiones más importantes para el desarrollo del país. Las reformas implementadas para la construcción de los sistemas educativos más exitosos del mundo avanzaron de la mano de sus docentes, haciéndolos partícipes de un proceso de construcción iterativo y retroalimentado.

La reforma debería provenir de un proceso de concertación que reconozca lo ya construido. Los institutos de formación docente tienen culturas organizacionales fuertemente arraigadas en sus protagonistas y territorios, con amplia y reconocida trayectoria en la formación de docentes desde sus orígenes como escuelas normales. Dados su recorrido y experiencia, sumar sus voces a la construcción del cambio contribuiría a enriquecer la propuesta y permitiría más adhesión a modificaciones que requieren del aval de los protagonistas para poder avanzar.

Hasta ahora, el gobierno porteño buscó la adhesión de la reforma en el público general a través de consultas mediante su sitio web o las redes sociales, donde la discusión quedó reducida a la pregunta de si la formación docente debería ser terciaria o universitaria. Pero los verdaderos interrogantes que la sociedad y el sistema formador en particular deben hacerle a la dirigencia política son: ¿en qué medida un cambio de institucionalidad asegura una mejora en la calidad de la formación?; ¿es conveniente tener una sola institución formadora?; ¿cuál será la nueva propuesta pedagógica?; ¿habrá cambios en el currículum?; ¿cómo se preparará y reorganizará el trabajo de los formadores?; ¿cómo se garantizarán la suficiencia y calidad de espacios de práctica profesional para los docentes en formación?; ¿cuáles serán los pasos para alcanzar esa concentración?

La jerarquización de la profesión docente es una cuenta pendiente del país. Es deseable que las políticas docentes se repiensen en el marco de un diagnóstico y un plan de acción concertado entre los diferentes actores.

Directora y coordinadora, respectivamente, del programa de Educación del Cippec

Alejandra Cardini y Belén Sánchez