La utopía no ha muerto

Elisa Carrió
Elisa Carrió PARA LA NACION
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7 de octubre de 1998  

Gobernaríamos con el desafío de construir una república incluyente que aleje al país tanto de la tecnocracia, que planifica la felicidad de la sociedad a pesar y con el sufrimiento de ella, como de la demagogia, que, apegada a la encuesta permanente, es incapaz de reflexionar sobre los problemas que lastiman el lazo social.

Recuperaríamos el Estado para el interés general y lo rescataríamos del asalto particularista al que fue sometido en la última década. Estado promiscuo que mezcló los negocios públicos con los negocios privados, sellando en cuartos secretos la agonía de la República.

Lideraríamos un proceso social destinado a construir, entre todos, una sociedad decente, entendiendo por tal aquella cuyas instituciones no humillan a la gente.

Replantaríamos la cuestión democrática como algo sustantivo que implique una cultura de reconocimiento del otro. Esto supone desnudar y superar la ley no escrita de la eliminación, de la exacción y de la discriminación, que convierte nuestro capitalismo dependiente en monopólico, nuestras instituciones en enclaves de legitimación de intereses no generalizables, nuestra política en un simulacro de la guerra, nuestras políticas sociales en clientelistas, nuestra justicia en garante de la impunidad generalizada.

Un poder distribuido

Utilizaríamos el poder para redistribuirlo socialmente, para hacer más fuerte la sociedad; limitaríamos la permanencia en el poder y acotaríamos la discrecionalidad acordada constitucionalmente, sobre la base del principio del mérito y la excelencia (por ejemplo, en la designación de miembros de la Corte Suprema).

Construiríamos el consenso para lograr la sanción de leyes de financiamiento público y auditado de los partidos políticos. Ley de transparencia, que establezca que todos los actos públicos entren en un circuito informático, y sean controlados por organizaciones no gubernamentales. La corrupción es hija dilecta del secreto.

Reconstruiríamos la Justicia respetándola, haciendo funcionar institucionalmente el Consejo de la Magistratura y cambiando las prácticas paternalistas, clientelistas y partidocráticas que sellaron y caracterizaron la designación de los miembros del Poder Judicial desde la Presidencia de la Nación.

Rescataríamos y revalorizaríamos la eficiencia social de las políticas de distribución directa de ingresos en la lucha contra la pobreza y la miseria, de modo de permitir a las familias pobres disponer de ingresos que reconstituyan el lazo familiar e intergeneracional, ya que padres que no pueden dar de comer a sus hijos pierden su papel de referencia simbólica, es decir, dejan de ser padres, los chicos dejan de tener familia y la violencia es su consecuencia directa.

El Estado debe ser un centro de información y un garante de la formación de todas las generaciones. Asociando una política de la memoria, una política de la justicia y una política del conocimiento, se podrá sustituir la miseria de una educación cuyo objetivo es generar mano de obra calificada y barata por una utopía que nos permita innovar, ser libres y tener un lugar en el mundo tecnológico.

Las nuevas reglas de juego

Hay que construir una sociedad que valore tanto el trabajo autónomo como el empleo. Debe garantizarse la dignidad laboral, la certeza de derechos, porque flexibilidad no debe significar desprotección sino tranquilidad y dignidad para afrontar los cambios.

El Estado no sólo ha de educar en el ámbito de la escuela y de la Universidad, debe ser básicamente un Estado informador, educador y formador de las nuevas reglas de juego y de las nuevas posibilidades. Las economías regionales quebraron porque nadie les explicó a las pequeñas y medianas empresas de administración familiar que las reglas de juego habían cambiado, y esto fue deliberado y mortal para ellas.

El crecimiento del delito está directamente relacionado con la ruptura del lazo social producto de políticas sociales de exclusión. Controlar el delito es integrar la sociedad. De modo tal que una eficaz política de seguridad supone el diseño de una política económica y social dirigida a reconstruir el lazo social y básicamente el lazo familiar roto por la indigencia.

Los límites macroeconómicos deben ser respetados: el equilibrio fiscal, la apertura racional de la economía, el respeto a las privatizaciones.

Elaborar el trauma

Finalmente, el pasado no vuelve pero las utopías no han muerto. Ponerle palabras y acción al futuro exige conocimiento, excelencia, principios y eficacia. La sociedad no perdonará a la dirigencia que, en vez de pensar en plural, persista en el interés particularista.

Repensar y construir una república incluyente podrá parecer poco para nuestra generación, la de los años 60 y 70, en términos de lo que soñaron nuestros amigos muertos, pero puede ser bastante - yo diría muchísimo- en términos de lo que estan esperando millones de argentinos abatidos por el escepticismo, la ignorancia, la desigualdad y la exclusión.

A nuestra generación le diría que debemos poder contar nuestra historia, que tenemos el deber de superar el trauma de esta sociedad que se comió a sus propios hijos, trauma que nos obliga a justificar todos los días por qué estamos vivos. Si, como después de una violación, pudiéramos como sociedad elaborar ese trauma, quizá también ayudaríamos a reconstruir el lazo social simbólico en el seno de nuestra propia familia y podríamos descifrar nuestra neurótica relación con el poder y convertirnos definitivamente en adultos.

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