La violencia y el regreso del pasado
Un clima autoritario, peligroso y regresivo se está instalando en el país, promovido por las dos principales fuerzas políticas: el oficialismo y su oposición kirchnerista. Uno, el Gobierno, carece de una estructura política significativa, pero todo indica que transita por un buen momento en las mediciones de simpatía popular, aunque siempre está convencido de que lo acecha algún enemigo más imaginario que real. El otro, el peronismo cristinista, tiene a su lideresa presa por delitos de corrupción cometidos en la función pública. Ni el peronismo ni ella refutan nunca las pruebas de la Justicia por las que Cristina Kirchner fue encerrada en su casa, pero denuncian permanentemente una conspiración de vastos alcances para “proscribir” a quien fue dos veces presidenta de la Nación. Ella no podrá participar en procesos electorales por decisión del Código Penal, no porque alguien la haya excluido arbitrariamente. El Presidente tiene el poder de la lapicera y, por lo tanto, sus decisiones implican una mayor trascendencia institucional. El kirchnerismo ejerció desde que existe la violencia de la palabra y la persecución personal; ahora agregó, en el tramo tal vez final de la decadencia de su jefa, la violencia de los hechos y las amenazas físicas. Un feo vaho se abatió, en definitiva, sobre la nación política.
Empecemos por el oficialismo, que es el que tiene el poder. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, militó en el peronismo de los años 70 y en su rebelde y combativa Juventud Peronista. Ella asegura, contra el testimonio de muchos protagonistas de aquella época desquiciada, que nunca integró la agrupación insurgente Montoneros. Creámosle. También Bullrich parecía ser la figura destacada del setentismo que mejor se había integrado luego al sistema político por su convincente defensa de los valores democráticos, de la reconciliación de los argentinos y de los derechos y garantías de los ciudadanos. Con el descontrolado poder que le dio Milei, Bullrich parece haber regresado a las históricas concepciones autoritarias del peronismo y, sobre todo, de aquella intolerante Juventud Peronista. En días recientes, Milei firmó un decreto, inspirado en la propia Bullrich, que estableció un nuevo estatuto para la Policía Federal, que se convertirá de ahora en más en una especie de FBI argentino. En primer lugar, los federales deberán olvidarse de sus viejas mañas (o de algunas, al menos) si quieren compararse con la agencia norteamericana de investigaciones. Con el voluntarismo no es suficiente. La primera observación que debe hacerse a esa decisión de Bullrich, refrendada por Milei, es que, al legislar sobre cuestiones penales, debió ser una ley aprobada por el Congreso, no un simple decreto con la firma del Presidente y su ministra. Dos personas no pueden tirar abajo toda la estructura jurídica que protege a los argentinos de los abusos del Estado. A todo esto, ¿no era, acaso, nefasta la incursión del Estado en la vida de la gente común? ¿O lo es solo en las cuestiones económicas? Las facultades especiales que el Parlamento le dio a Milei al comienzo de su mandato le permiten hacer “reordenamientos administrativos” en la administración pública. Puede incluir a la Policía Federal, pero no habilita al jefe del Estado a restringir los derechos de las personas. Son dos cosas demasiado distintas como para que los funcionarios públicos, sobre todo Bullrich, no lo hayan percibido antes de pedirle la firma a Milei. El Presidente es una persona que se formó como un obsesivo economista; nunca se interesó en el conocimiento de los aspectos institucionales ni en el corpus jurídico que protege los derechos de los argentinos de las ocurrencias de sus gobernantes.
“Cuando se trata del derecho de las personas, siempre deben estar la ley y el juez”, suele decir Ricardo Gil Lavedra, actual presidente del Colegio Público de Abogados y exmiembro de la Cámara Federal que juzgó y condenó a los integrantes de las juntas militares por violaciones de los derechos humanos. Esa síntesis del reconocido abogado penalista sirve para analizar el nuevo estatuto de la Policía Federal; de hecho, el propio Gil Lavedra repite el concepto cuando le preguntan por el reciente decreto firmado por Milei y Bullrich. Y en ese estatuto policial pergeñado por Bullrich faltan la ley y el juez. Por ejemplo: la Policía Federal podrá detener durante 10 horas, sin autorización judicial, a personas que “hagan presumir” que cometieron un delito o que puedan cometerlo y que no acrediten fehacientemente su identidad. Salvo en caso de delitos flagrantes (cuando la policía ve a alguien cometiendo un delito), la privación de la libertad era hasta ahora una facultad exclusiva y excluyente de los jueces. Felizmente, ni siquiera el presidente de la Nación puede poner preso a nadie durante ningún tiempo. Los argentinos tendrán que cuidarse nuevamente de llevar siempre consigo los documentos de identidad, porque su libertad quedó en poder de la mirada parcial y muy personal de un policía. ¿Qué es, si no, la facultad de la policía de detener a personas que le hagan “presumir” que podrían ser delincuentes? Los que vivieron el último régimen militar podrán recordar que existían las arbitrarias detenciones por “averiguación de antecedentes” y la necesidad de los argentinos de llevar siempre el documento que acreditara su identidad.
En el excéntrico país que nos toca, es muy porosa la frontera entre lo correcto y lo incorrecto
Si bien se consigna en el estatuto que habrá un “compromiso de respetar los derechos fundamentales de las personas”, también establece que la policía hará “tareas de prevención del delito en espacios digitales”; es decir, un constante ciberpatrullaje sin orden judicial en las redes sociales. La norma no exceptúa explícitamente, como debería hacerlo, a plataformas digitales de mensajería (WhatsApp o Telegram, por ejemplo), porque si esa fuerza de seguridad hurgara en tales redes estaría violando el derecho a la intimidad de los argentinos. Incluso, el estatuto debería contener más precisiones sobre las “tareas de prevención” cuando se trata de las redes sociales; la policía merodeando en esas herramientas de comunicación podría menoscabar la libertad de expresión y las cuestiones privadas de los ciudadanos. Hace poco más de tres años, a principios de 2022, la Argentina vivió un hecho estrafalario cuando el entonces presidente de la Nación, Alberto Fernández, reveló por cadena nacional que un grupo de jueces y funcionarios del gobierno capitalino habían viajado a la Patagonia, a la estancia Lago Escondido, para pasar un fin de semana. Alberto Fernández obtuvo esa información por una filtración ilegal de mensajes privados intercambiados entre los magistrados y los funcionarios en la plataforma Telegram. El propio Fernández reconoció en su discurso público que se enteró de ese viaje por una “intromisión en una plataforma de comunicación” privada. ¿Por qué, entonces, quien era jefe del Estado legitimó un hecho ilegal si se trataba de una “intromisión” en conversaciones privadas entre ciudadanos, por más jueces y funcionarios que hubiesen sido? Cuidado: ese precedente podría convertirse en un anticipo del futuro según la legislación tramada por Bullrich y avalada por el Presidente.
También la Policía Federal podrá hacer tareas de inteligencia sin orden judicial y realizar requisas a personas o “inspeccionar lo que llevan consigo” y el interior de sus vehículos. En los hechos, la policía ha hecho siempre eso, sobre todo las tareas de inteligencia, pero la redacción del nuevo estatuto es muy vaga y general y podría darles injerencia a las fuerzas de seguridad en cuestiones que hacen a la vida política de los argentinos. El hecho de permitirle a la Federal iniciar investigaciones por su cuenta cambia el rol de esa fuerza, que antes era auxiliar de la Justicia; es decir, ayudaba a fiscales y jueces en la investigación de los delitos. Ahora, la policía tendrá iniciativa propia. Históricamente, la fuerzas policiales suelen leer esos documentos con una mirada más amplia que la letra de los propios documentos. De hecho, el miércoles pasado un periodista de LN+ fue obligado a ir a una comisaría para declarar como testigo después de que un kirchnerista fanático contara ante la cámara de televisión, en la importante manifestación cristinista en Plaza de Mayo, que proyectaba matar a Milei. Ese exaltado que proclamaba un crimen imperdonable había escalado nuevas cimas en la espiral de violencia verbal que estremece al país, pero la policía no puede obligar a una persona inocente, como lo era ese periodista, a ir a una comisaría. Lo correcto hubiera sido que le pidieran al periodista un teléfono o una dirección para que un juez lo llamara. En el excéntrico país que nos toca, es muy porosa la frontera entre lo correcto y lo incorrecto.
En esos mismos días se conoció, por una revelación de la periodista Florencia Donovan en LA NACION, que el gobierno nacional había contratado a Tactic Global, empresa de un personaje oscuro, el argentino Leonardo Scatturice, para hacer lobby en nombre de la administración local en Estados Unidos y, fundamentalmente, en las agencias de inteligencia norteamericanas. ¿Para qué? ¿Por qué? Silencio. Scatturice se radicó en Estados Unidos en 2020 y en apenas cinco años hizo una fortuna incalculable, que le permite tener, entre otras cosas carísimas, dos aviones privados de última generación. Inexplicable. Una de sus empresas acaba de comprar la compañía aérea Flybondi, una de las primeras low cost que se establecieron en el país en tiempos de Mauricio Macri, y esa adquisición sacó de nuevo su nombre a la luz pública. Nadie sabe cómo Scatturice logró hacer tanto dinero en tan poco tiempo y, además, sin la residencia permanente en Estados Unidos (las autoridades de Washington le negaron la green card), pero lo cierto es que se convirtió en un amigo cercano de Santiago Caputo, el superasesor de Milei. Varias fuentes confiables señalan que Scatturice es asesor del asesor Caputo en temas relacionados con la SIDE, ARCA (la ex-AFIP) y la UIF, que es la agencia que investiga el lavado de dinero. Esas tres dependencias tienen conocimiento de todo lo que hacen los argentinos, a través de la información reservada (SIDE) o de sus declaraciones de ingresos y gastos (ARCA). La UIF cuenta también con su propio servicio de inteligencia. Empresarios argentinos recuerdan a Scatturice, protegido por el dueño de medios digitales, cuando tenía una empresa de seguridad y espionaje –todavía vivía en la Argentina– en sociedad con el norteamericano Frank Holder, un exagente de la CIA. Luego, esa relación se rompió. Según Hugo Alconada Mon, Scatturice fue siempre considerado como una persona vinculada a la SIDE, agencia de la que fue empleado con un rango menor, y a la Policía Federal. Antes de la reciente contratación, un avión privado de Scatturice aterrizó en Aeroparque con siete valijas, no fue revisado por la Aduana y luego se fue a París sin control alguno. ¿Por qué el gobierno de Milei, al que los argentinos le confiaron que cambiara la dirección de la decadencia nacional, le gusta rodearse de sombríos personajes? Esa tendencia se agrava cuando tales individuos podrían tener indebidamente información sobre los argentinos. Los límites del Estado frente a las personas son indiscutibles; la entelequia sobre si el Estado debe existir o no es una discusión que no terminará nunca. Debe existir, por más parloteo que haya.
En la vereda de enfrente, el kirchnerismo hizo lo suyo con la violencia que siempre propagó. Después de la agresión que destruyó parte de las instalaciones de Canal 13 y TN por parte de militantes de Cristina Kirchner y de envarados dirigentes de La Cámpora (el segundo de Eduardo de Pedro, cuando este fue ministro del Interior, participó de los desmanes), varios jueces fueron amenazados. La primera intimidación le tocó al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, luego de que ese tribunal le pusiera punto final al destino de Cristina Kirchner: ella debe estar presa y no podrá ejercer nunca más la función pública. Luego, la amenaza cayó sobre el presidente del tribunal oral que la juzgó y condenó por primera vez en la causa que la encarceló, Jorge Gorini. Al final, la provocación y la difamación cristinista afectaron a la familia del juez de la Cámara de Casación Carlos Mahiques, padre del fiscal Ignacio Mahiques, autor, junto con el también fiscal Gerardo Pollicita, del primer y demoledor informe sobre la corrupción kirchnerista en la obra pública. ¿Todo vuelve? Todo amenaza con regresar. Por ahora.
Tipo de trabajo:
análisis
