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La vocación de servicio público
Por Gerardo Sanchís Muñoz Para La Nación
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En estos tiempos de elecciones, vuelve al primer plano el debate sobre la reforma del Estado. Hoy se discuten especialmente alternativas sobre cómo organizar y administrar mejor los recursos públicos, o sobre cómo controlar el fraude. Sin embargo, las plataformas partidarias siguen esquivando el tema clave: cómo recuperar la vocación de servicio público, que hoy es la única alternativa para luchar efectivamente contra la corrupción y lograr mejoras sustentables en la administración. La reciente experiencia argentina de reforma del Estado lo demuestra.
En una década, la reforma de la administración pública ha pasado por tres fases, inspirada en la experiencia de otros países y en diversas teorías de administración de empresas.
A principios de los años 90, se redujeron las funciones del Estado mediante privatizaciones y tercerizaciones. En general, las privatizaciones mejoraron los servicios, pero no sus costos sociales totales, o los resultantes de una endeble regulación. Análogamente, numerosas tercerizaciones multiplicaron el gasto: sin intentar primero mejorar servicios provistos internamente, se subcontrataron por dogma, y caros, pero reteniendo al personal superfluo.
Luego de achicar sus funciones, el Estado apuntó a mejorar su organización, con la descentralización y la racionalización de organismos. Esta segunda fase se inspiró en parte en la reingeniería empresarial, hoy cuestionada por justificar a gerentes que abusaron de las reestructuraciones y cesantías, y debilitaron la moral y la competitividad de muchas empresas.
El Estado argentino también sufrió una versión distorsionada de la reingeniería. En muchos organismos, la presión por reducir personal a toda costa mediante retiros voluntarios empujó afuera a los mejores profesionales, que eran los que podían conseguir trabajo en el sector privado. Además, resaltó lo contradictorio de las cesantías en el caso de los servicios sociales, que, por definición, se basan en la demanda casi infinita de asistencia social personal.
En su tercera y última fase, la reforma se concentró en el desempeño de los funcionarios y agentes. Además de tímidas acciones de capacitación, se propuso motivarlos creando incentivos monetarios que los indujeran a cumplir objetivos previamente cuantificados y acordados. En las empresas, esos incentivos sirven básicamente para que los gerentes se enriquezcan casi independientemente del éxito de la empresa, y a costa de los dueños, accionistas y empleados.
En el Estado se empezó a difundir la acertada idea de gestión por objetivos, pero los incentivos monetarios se usaron sólo selectivamente. Vale igual la experiencia empresarial: si baso los incentivos de un funcionario en dinero, los "incentivos externos" (caso IBM-sobornos), ¿cómo se contrarrestan? El Estado necesita mejores salarios, pero nunca podrá competir con los incentivos del sector privado.
El compromiso de trabajar mejor
En la mayoría de estas experiencias de reforma, la compleja naturaleza del sector público amplificó las distorsiones del privado. La moraleja es que no hay reorganización o incentivo que valga si falta compromiso verdadero con lo público. Además, ¿de qué sirven los incentivos si el administrador no está capacitado para lograr aquello para lo cual es incentivado? Aquí también, sólo un compromiso genuino motiva a capacitarse y a trabajar con empeño.
Tampoco, por ejemplo, se revierte el grave deterioro de la ética pública sólo con incentivos negativos (castigos) o los improvisados por una "oficina de ética". El compromiso, el empeño y la verdadera ética en la función pública sólo los garantiza la vocación de servicio público.
Según los principales candidatos, la corrupción se limpia con mejores controles y justicia. Esto urge, sin duda, pero la política pública óptima se basa en prevenir y no en curar. Debemos prevenir estimulando la vocación pública. Hoy tratamos de compensarla con incentivos. Como éstos no alcanzan, superponemos controles. Como éstos también se desbordan, reclamamos a la Justicia, que se desploma asfixiada, porque está para respaldar la ley y no para curar la corrupción.
Una voluntad que no es privatizable
En general, la falta de vocación agrava dos círculos viciosos. Primero: cuando los desmoralizados funcionarios perciben la nula confianza del público, se desganan aún más, empeoran su desempeño y retroalimentan esa percepción. Segundo: el desprestigio del Estado hace que los mejores profesionales descarten la carrera pública y, a la larga, el nivel del funcionariado resultante justifica plenamente el desprestigio.
No hace falta inventar la vocación pública. Gracias a la vocación de maestros y médicos se sostienen la educación y la salud pública en la Argentina, y no por incentivos salariales. Soportando presiones y amenazas, aduaneros japoneses han fijado un estándar mundial al preservar la calidad de sus exportaciones; jueces italianos con mani pulite han revertido años de degradación nacional, y en los Estados Unidos simples agentes han jaqueado el cuasimonopolio de la poderosa Microsoft. Aquí Alfredo Pochat combatió el fraude en la Anses hasta ser asesinado. La voluntad que impulsa estas acciones no es privatizable, subcontratable o incentivable. Nace (y muere) con la vocación de servicio público.
La globalización no va a sepultar al Estado. Al contrario, sus funciones serán cada vez más complejas y críticas, y las demandas sociales y exigencias de servicio, mayores. La Argentina participa de la subasta global de inversiones en un mundo cada vez más competitivo: su única opción es una economía impecablemente regulada. Todos estos desafíos exigen más que nunca profesionalidad en nuestra función pública. Nos engañamos si pensamos que saldremos del Tercer Mundo sin ella. Todavía parece flotar en el debate nacional la "bananera" noción de que con estabilidad, mercados libres y un Estado amordazado podemos sentarnos a esperar el progreso.
La profesionalidad pública se basa en un cóctel de competencia, honestidad y empeño, incentivables de muchas maneras, pero siempre basados en la vocación de servicio público. Para recuperar esta vocación hay que revalorizar primero el prestigio de la función. La dirigencia política debe empezar a anteponer los intereses permanentes de estas instituciones por sobre el cortoplacismo electoral y el compromiso partidario. Nunca una nación ha sido competitiva sin un sector público competente, y la Argentina del siglo XXI no será la excepción. Los dirigentes que den la señal correcta estarán mostrando que esta vez sí, por fin, estamos en marcha.
