Las AFJP, en contra y a favor

El Senado convirtió en ley el proyecto de estatización de los ahorros previsionales anunciado en la carpa de la Anses. El criterio predominante entre los legisladores que apoyaron el proyecto fue el voto en contra de las AFJP.

Ese voto está fundamentado. A valores de hoy, los afiliados llevan pagados casi $30.000 millones en comisiones como contrapartida de la administración de sus ahorros, que, bien valuados, no llegan a los $80.000 millones que se informan oficialmente. Estas comisiones financiaban primordialmente el gasto de una enorme fuerza comercial de nulo valor agregado: el afiliado al que seducían no mejoraba su posición, dado que las distintas AFJP terminaban tomando decisiones de inversión casi idénticas.

Obligadas a invertir más del 50% de sus carteras en bonos oficiales, las AFJP corrían riesgos incompatibles con el destino previsional de los ahorros de sus afiliados. La caída del valor de los fondos administrados en 2008, por ejemplo, es la contracara de la depreciación de más del 50% en el valor de mercado de algunos títulos públicos. Y la pérdida es mayor que la anunciada, porque en el canje de la deuda de 2005 el Gobierno instó a las AFJP a mantener a valor nominal del bono cuasi par diseñado para maximizar la participación en el canje y minimizar el número de juicios de los afiliados contra las AFJP que aceptaran la quita. Una muestra más de cómo la regulación y los incentivos operaron en contra de los afiliados.

Los legisladores deberían haber comprendido, sin embargo, que su decisión no se agotaba en el placebo maniqueísta de votar desde parámetros ideológicos y "contra los malos". Porque el voto en contra de las AFJP fue también un voto a favor de los siguientes puntos:

1) El embargo de los ahorros en la corte de Nueva York. Con su voto, los legisladores desviaron a los fondos buitre unos US$ 2500 millones que hoy son de los afiliados.

2) La confiscación definitiva de los fondos provinciales que financiaron la reforma del sistema de capitalización. Hoy, las provincias entregan el 15% de los fondos coparticipables para el financiamiento de una transición que quedará trunca al momento de reglamentarse la ley. Para algunas provincias (Formosa, Catamarca) este esfuerzo fiscal representa más del 20% de su presupuesto anual. Para la más grande, Buenos Aires, la detracción es superior al desaparecido Fondo de Reparación Histórica y llega a los $2500 millones por año. ¿Es posible que la Cámara que representa a las provincias haga la vista gorda a esta violación del federalismo? ¿Cómo explicará Scioli que no tiene fondos para combatir la inseguridad si los senadores de su provincia le otorgan semejante regalo a la Nación?

3) La violación de la propiedad privada de los afiliados. Los aportes individuales de los afiliados están en cuentas indisponibles, pero personalizadas. Trocar la cuenta individual por la promesa de pago desde la bolsa común del sistema de reparto viola la propiedad y el derecho de los afiliados a recibir el servicio profesional de administración de los fondos por el que ya pagaron las debidas comisiones.

4) La desconfianza generalizada y destrucción de valor que provocó el anuncio de la medida. En octubre, el valor de los ahorros inmovilizados de los afiliados de las AFJP cayó $15.000 millones. Hubo fuga de capitales por más de US$4000 millones y los depósitos en pesos registraron una caída del cinco por ciento. La gente ya votó y seguirá votando con el bolsillo en contra del proyecto. Y ese voto trae más desconfianza, menos crédito, más recesión, más desempleo, más pobreza.

5) Darle los fondos a un gobierno que prioriza el pago de la deuda sobre el empleo y las jubilaciones. La Anses no ha podido explicar en qué ha invertido los excedentes presupuestarios en los últimos años, pero la ley la premia quintuplicando los fondos que administra. La poca información disponible indica que los fondos fueron destinados a financiar al Gobierno o a empresas públicas con retornos muy por debajo de la tasa de inflación. La comisión de seguimiento prevista en la ley no garantiza la protección de los jubilados. Como tampoco garantiza la movilidad la reciente ley de movilidad previsional. La jubilación promedio representa apenas un 38% del salario promedio, el índice más bajo de la historia. La ley le regala el sistema de reparto a un gobierno que ha financiado sus compromisos a través de la licuación de las jubilaciones.

Hubiera correspondido, entonces, que en lugar de votar en contra de las AFJP, el Congreso hubiera votado a favor de la gente que optó en forma masiva por el mal menor de quedarse en el sistema de capitalización. Nuestra vida pública se enriquece en la medida en que se nos amplían los márgenes para elegir.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación acaba de defender ese principio en el ámbito de la representación sindical. Cuánto mejor hubiera sido que el Congreso defendiera, en el terreno previsional, la libre opción que el Poder Ejecutivo parece despreciar. Y que trabajara, con tiempo, y un debate sincero, en mejorar las opciones de los futuros jubilados, en un mundo cada vez más complejo.

Qué lástima que el Congreso se sume a los festejos de 25 años de democracia con menos federalismo y menos República.