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Las falsas denuncias por abuso están subregistradas y exigen un sistema judicial más riguroso
Durante décadas, el sistema judicial y la narrativa social se apoyaron en una lógica de difícil retorno. La sola interposición de una denuncia activaba un engranaje automático de validación. Con que una mujer denunciara ya estaba todo dicho. A partir de ello, necesario en su origen para visibilizar la violencia de género, se instaló un paradigma donde dudar o cuestionar a quien denunciaba equivalía a revictimizar.
Sin embargo, el tiempo y la praxis judicial -posiblemente también social- han comenzado a mostrar las fisuras de un modelo que, por momentos, olvidó su función técnica de verificación para transformarse en uno de validación emocional. Hoy, asistimos a un cambio de tendencia, todavía incipiente pero innegable, donde la incomodidad de exigir rigurosidad en las denuncias empieza a ganarle terreno al automatismo.
Casos de alta exposición pública, como el del médico Pablo Ghisoni, quien fue absuelto este año luego de una falsa denuncia de sus hijos por abuso sexual que lo tuvo 3 años en la cárcel, han actuado como catalizadores de un debate que antes era tabú.
Algo más que la palabra
Estas historias pusieron bajo la lupa errores sistémicos que ya no pueden ser ignorados. ¿A qué nos referimos? A condenas basadas en pruebas endebles, testimonios que nunca fueron contrastados y pericias psicológicas que carecen del más mínimo rigor científico.
Lo que antes era aceptado de forma acrítica hoy genera preguntas. Jueces y operadores judiciales comienzan a advertir que el sistema ha sido, en ocasiones, instrumentalizado para fines ajenos a la protección real, dejando en el camino vidas destruidas y vínculos filiales pulverizados.
Para muchos padres, una denuncia falsa representa el inicio de un exilio forzado de la vida de sus hijos que puede durar años. Sin embargo, esto que se repite una y otra vez no se ve reflejado como corresponde en las estadísticas. Lo cierto es que el sistema resulta sumamente ágil para investigar al denunciado, pero permanece lento o inmóvil cuando se trata de investigar la falsedad de una acusación.
La justicia tiende a cerrar los expedientes con la absolución del imputado (en los casos en que se constata la falsa denuncia), pero rara vez avanza sobre la responsabilidad de quien denunció falsamente o prestó falso testimonio. Este “bajo costo” de mentir genera un incentivo negativo: si no hay consecuencias legales para el fraude procesal, la herramienta de la denuncia seguirá siendo utilizada como un arma de negociación o venganza en conflictos de familia.
Un derecho necesario
El debate actual no busca deslegitimar la lucha por los derechos de las mujeres, que es necesaria y urgente. El desafío reside en separar esa lucha de las prácticas que vulneran garantías básicas, como la presunción de inocencia. Incluso dentro de sectores del feminismo, comienzan a alzarse voces que advierten sobre los riesgos de banalizar la denuncia. La aparición de agrupaciones de padres afectados ha equilibrado la balanza del debate público, visibilizando el “otro lado” de la moneda. O sea, hombres absueltos tras años de ostracismo social y afectivo que intentan reconstruir lo que el sistema permitió demoler.
Para revertir esta tendencia, es imperativo elevar los estándares. No alcanza con que un relato sea emotivo o verosímil para que sea verdadero; debe ser coherente, persistente y, sobre todo, corroborado periféricamente.
Es, en ese sentido, urgente un control técnico estricto de las pericias psicológicas, que no deben ser meras transcripciones de dichos, sino análisis basados en métodos científicos probados. Asimismo, la defensa técnica debe ser activa desde la Investigación Penal Preparatoria (IPP).
El proceso penal no puede ser un espacio de fe, sino de prueba. Cuando el sistema falla y convalida una falsedad, el daño es doble, dado que se destruye a un inocente y se debilita la credibilidad de las verdaderas víctimas que el Estado debe proteger.
La verdad no es una opción ideológica; no se puede tratar de elegir a quién se le cree; es el único cimiento posible para una justicia que se precie como tal y cuide efectivamente a los niños envueltos en esas controversias. Solo elevando el rigor probatorio podremos garantizar que el derecho a la protección no se transforme, él mismo, en un abuso.
Abogada especialista en Derecho Penal y Migratorio, Maestra internacional (EE.UU.) en Juicio Oral
