Las impugnaciones a la legitimidad democrática

A la luz de la reciente caída del presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, han quedado en evidencia, al modo de dos genios opuestos, los principios de representación que luchan entre sí en nuestras democracias latinoamericanas. El principio de la democracia representativa, fundado en elecciones periódicas y transparentes y en el papel mediador de los partidos, choca con otro principio, ajeno a las disposiciones constitucionales que, con objeto de destituir a los gobernantes, atribuye un valor preponderante a las movilizaciones populares en calles, plazas y rutas públicas. ¿Participación directa o participación indirecta del pueblo en los asuntos públicos? Es un venerable problema político que hoy vuelve a manifestarse con dramatismo.

Esta lógica latinoamericana de la acción colectiva impugna la legitimidad de los regímenes constitucionales, refleja las convulsiones sociales de nuestros países y, al mismo tiempo, está forjando una suerte de estrategia de asonadas populares tan tumultuaria como incierta. Ya tenemos contabilizados un número considerable de países que ha caído bajo la férula de este nuevo fenómeno. De Buenos Aires a Caracas, de La Paz a Quito y a Lima, las instituciones tiemblan cuando una fracción del pueblo se pone en movimiento y se arroga la representación de la soberanía.

¿A qué se debe esta forma de actuar? ¿De qué fuentes se nutre? Resulta evidente, en una aproximación inicial al problema, que el estado del descontento social es el principal disparador de estos acontecimientos. Un descontento, en el caso de Bolivia, con raíces antiguas que se actualiza en una coyuntura determinada por serios errores políticos.

De este cruce explosivo entre, por un lado, una población indígena excluida durante el decurso de dos centurias y, por otro, un campesinado con propiedad de la tierra, cuyo sustento depende del cultivo de la coca, han surgido nuevos liderazgos políticos y sindicales. Estos dirigentes, exponentes típicos de una tradición sindical consagrada en Bolivia durante el último medio siglo, comparten con el líder cocalero Evo Morales el estilo de jugar simultáneamente sobre dos tableros: lo hacen, en efecto, en el terreno legal como candidatos a la presidencia o como representantes elegidos a la asamblea legislativa, y también disponen sus fichas en cuanto espacio público pueda ser violentamente ocupado.

Estamos pues en presencia de una acción colectiva, impulsada por una marea de resentimientos que parece desbordar el sistema político. Ni la represión, con sus decenas de víctimas, la detiene y, cuando esa movilización amaina, lo hace temporariamente tras el reemplazo de un presidente obligado a renunciar. Por ahora, este trámite ocurre, felizmente, de acuerdo con los ordenamientos vigentes (como sabemos, el vicepresidente Carlos Mesa acaba de asumir el cargo de primer magistrado).

Vale la pena insistir sobre el tema del resentimiento vinculándolo con el contexto internacional en que dicho descontento se inscribe. Pecaría de irresponsable quien ignorase el gravísimo riesgo que supone, para los Estados Unidos y la región en general, el desarrollo patológico de estados feudales de naturaleza narcoterrorista. Es una amenaza de extrema peligrosidad que sobre todo abarca al mundo andino y, por cierto, a la frontera situada en el norte de nuestro territorio. No obstante, habría que preguntarse qué alternativa tiene el campesino boliviano si, en ciertas zonas, no puede cultivar y vender coca. La respuesta de los Estados Unidos, cuyas autoridades golpean preferentemente sobre el lado de la oferta y no sobre la demanda de sus consumidores de droga, consiste en obligar a producir en dichas áreas otros bienes agrícolas.

En principio, no se trataría de una solución incorrecta si los gobiernos de los Estados Unidos y de la Unión Europea uniesen a ese designio la voluntad de abrir el comercio de productos de la agricultura liberándolo de las distorsiones derivadas de los subsidios y protecciones. Frente a esa enorme masa de dinero mal utilizada, la paupérrima Bolivia tiene poco que hacer. Aquí se aplica aquel antiguo refrán que dice: "palos porque bogas y palos porque no bogas".

De todos modos, más allá de estos condicionamientos externos, en América latina están crujiendo las instituciones de la democracia representativa. Esta erosión aflige más a algunos países y menos a otros. Sin embargo, el hecho de que estos derrumbes ocurran en forma recurrente no augura nada bueno. A partir de los años ochenta se comentaba en nuestros países que la democracia representativa, al manifestar signos de agotamiento, debía ser reemplazada por otra forma de gobierno llamada democracia participativa. De hecho, estos conceptos fueron incorporados a la "Constitución bolivariana" que hace pocos años aprobaron los venezolanos a impulso del presidente Hugo Chávez.

En realidad, este juego de palabras, en gran medida inútil, no ha podido resolver el problema de mediación que perturba a nuestras sociedades. Cuando no hay mediadores reconocidos en el sistema formal, la gente sale a la calle y es allí -y no en el parlamento- donde se fraguan los liderazgos alternativos. Hay pues un déficit de representación, que se reproduce al ritmo de las crisis económicas y del aumento de la pobreza, y que no puede ser subsanado sino merced a una mejora sostenida en la calidad de nuestros representantes.

¿Es acaso este proceso de renovación todavía posible? ¿O es que terminaremos empantanados en unos regímenes políticos a medio hacer, mitad constitucionales y mitad envueltos en las rebeliones, donde el ciudadano sabe que al presidente se lo puede cambiar por la suma pacífica de los votos o mediante la iracundia de las movilizaciones populares?

La teoría política y la experiencia histórica han mostrado que estos dos métodos no pueden coexistir en paz. Si coexisten lo hacen de manera belicosa, a través de un conflicto abierto. Si, en cambio, logran reorientarse hacia metas más constructivas es porque la democracia constitucional ha podido prevalecer mediante el diálogo y el sentido del compromiso, creando nuevas áreas de consenso capaces de alcanzar una satisfacción mínima de las necesidades básicas.

Estas metas no son para nada ilusorias. Es cierto que los presidentes se despeñan, pero mientras hace apenas un par de décadas el instrumento para rehacer un pretendido orden era el golpe militar, hoy esos movimientos se encauzan, al menos parcialmente, gracias a la acción de las propias instituciones representativas. Caen los presidentes; no se desmoronan enteramente los regímenes constitucionales: en estas palabras está cifrada nuestra circunstancia presente. Por eso decimos que se impugna la legitimidad de los gobiernos sin que, por ahora, esos cuestionamientos violentos provoquen una crisis total capaz de tragar primero a los gobernantes, después a las instituciones democráticas y, por fin, a lo poco que queda de libertades públicas.

Tratemos por todos los medios posibles, con la ayuda de una constructiva conjunción de convicciones y razones, de no llegar nunca más a ese punto terminal, porque entonces los esfuerzos de estos últimos veinte años habrán vuelto a foja cero. El Mercosur, que es una región devota de la paz, no puede permitirse esas regresiones.

Por Natalio Botana

---

Conforme a