Las negras también juegan

La estrategia se planificó en el Instituto Patria mucho antes de la asunción de Alberto Fernández como Presidente. Cristina Fernandez de Kirchner abrió la partida cuando asumió su mandato al frente del Senado. Ese día, el plan estratégico de avasallamiento a la Justicia comenzó a ejecutarse.

Desde entonces, la reina se desliza por el tablero de ajedrez y mueve silenciosamente peones, alfiles y torres. No se trata de jugadas espasmódicas ni aisladas: es un plan cuyas jugadas se pensaron milimétricamente para garantizar la impunidad de la vicepresidenta, su familia, funcionarios y allegados.

La clave es dejar de ver los movimientos del tablero por separado y poner atención en la jugada completa para entender cómo funciona esta partida de ajedrez que pretende ir acorralando a la Justicia y finalizar con un jaque mate a la democracia.

Para eso, es suficiente un breve repaso por los principales movimientos que se dieron desde el 10 de diciembre de 2019 a esta parte.

Apenas asumió Alberto Fernández se desmanteló la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados y, en paralelo, la Oficina Anticorrupción empezó a renunciar a la participación que tenía en diversas causas, como “Los Sauces” y “Hotesur”, dos de las que más preocupan a Cristina Fernández.

Luego, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, solicitó la prisión domiciliaria para Ricardo Jaime y Amado Boudou, entre otros condenados penales. Hoy, Boudou está en su casa y cobra una asignación “honorífica” vitalicia de unos $400.000 mensuales, a pesar de haber quedado firme su condena por defraudación al Estado. No son muchos los casos de delincuentes condenados que, por el hecho de tener hijos menores, gozan del privilegio de cumplir condena desde el living de su casa.

También modificaron estratégicamente la Ley de Jubilación de Magistrados provocando un aluvión de renuncias previas a su reglamentación y generando cientos de vacantes de cargos que quedaron disponibles para que sean ocupados por jueces “amigos”.

En julio de 2020, Alberto Fernández anunció el proyecto de Ley de Reforma Judicial, que obtuvo media sanción del Senado con 46 votos del Frente de Todos y 26 en contra. El proyecto pretende aumentar la estructura de los juzgados federales generando cientos de nuevos cargos, lo que implicaría un gasto anual de más de $3 mil millones.

A los pocos meses, se impulsó el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal que también obtuvo media sanción en la escribanía en la que transformaron el Senado.

El Ministerio Público Fiscal es un organismo independiente con autonomía de funcionamiento que se ocupa de investigar y perseguir a quienes cometen delitos relacionados con narcotráfico, corrupción, trata de personas y crimen organizado.

El Procurador General es quien lo organiza y representa, como su máxima autoridad. Su rol es estratégico porque también sostiene la acusación ante la Corte Suprema de Justicia en los casos en los que las defensas impulsan recursos. En un sistema acusatorio como el que el gobierno nacional está apurado por implementar, los fiscales serían los que deciden qué delitos se investigarían y cuáles no.

Esta reforma busca, además, ampliar las facultades de la Comisión Bicameral que funciona en el Congreso para el seguimiento del Ministerio Público. Esto representaría una injerencia indebida de un poder por sobre otro, violando la norma constitucional que le garantiza al Ministerio Público independencia y autonomía.

También pretende eliminar la mayoría agravada (dos tercios de los votos) para la designación del Procurador General. Hoy su nombramiento es fruto de un amplio consenso a nivel político. Si esta reforma hubiera sido sancionada hace unos años, quizás el Procurador General sería Reposo, aquel que falseó su CV para postularse y que hoy se esconde en la Subdirección General de Seguridad Social de la AFIP.

Finalmente, la reforma modificaría la integración del Jurado de Enjuiciamiento de fiscales garantizando la mayoría oficialista dentro del organismo encargado de investigar y remover a los fiscales.

El impacto en cuanto a la independencia judicial sería arrollador, ya que la sanción de la reforma implicaría el desembarco del oficialismo en el Ministerio Público Fiscal con un Procurador General que será dependiente de una Comisión de otro poder y con fiscales con una estabilidad endeble, ya que los podrán remover cuando sus investigaciones molesten al gobierno de turno.

Sin embargo, ante este panorama alarmante lo que el kirchnerismo debería entender es que “las negras también juegan”. La ciudadanía despertó de su letargo y sabe que, si se pierde la independencia de poderes, lo que se pierde es la república. En la Argentina de hoy, no hay lugar para permitir que le hagan jaque mate a la democracia.

Abogada, presidenta y socia fundadora de Bases Republicanas