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Las obligaciones impositivas
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Las nuevas normas llegan acompañadas de multas más severas y una promesa: el fisco no investigará el pasado tributario de los contribuyentes que declaren con exactitud sus ganancias de 1995 compromiso carente aún de sustento legal que además incluye una cierta amnistía impositiva siempre irritativa para el contribuyente cumplidor.
En una situación fiscal dificultosa aunque no apremiante -según las palabras del director-gerente del Fondo Monetario Internacional- el Gobierno está utilizando todos los instrumentos de convicción y de compulsión a su alcance para cerrar el círculo de la evasión como había anticipado meses atrás cuando el secretario de Hacienda Ricardo Gutiérrez calculó en 24.000 millones de pesos el monto probable de la elusión tributaria total.
Las medidas en danza apuntan entre otras cosas a corregir la notoria disparidad entre el rendimiento de los impuestos al consumo -los internos y el IVA- y el producto de los gravámenes directos -ganancias y patrimonio-: el año último el IVA proporcionó 9830 millones de pesos los impuestos internos 1040 millones y el gravamen sobre las ganancias 4260 millones de pesos. En parte esa disparidad se debe a una tasa demasiado elevada en términos internacionales para el IVA.
Si aquellas cifras sobre la evasión tributaria resultan realistas y el Estado hubiera recuperado el 85% del monto posible con las tasas impositivas actuales el ingreso fiscal habría totalizado en 1995 casi 60.000 millones de pesos lo que frente a un gasto cercano a los 40.000 millones arrojaría un superávit gigantesco. Como no hay razonamiento digno de ese nombre que aconseje elevar hasta ese nivel el gasto público -el propósito político de la administración es contenerlo y mejorar su asignación (segunda reforma del Estado)- es claro que una presión tributaria que generase tal superávit sería decididamente arbitraria fiscalista y recesiva.
Los métodos de coerción o de convicción adoptados por el fisco serán ineficaces sin embargo si la carga tributaria excede las posibilidades reales de las unidades económicas y el contribuyente no percibe con claridad que su buen comportamiento ante las exigencias fiscales será seguido de cerca por una disminución efectiva de las tasas impositivas.
Del mismo modo esos métodos deben ser tan respetuosos de las normas que amparan la información estratégica y confidencial que las empresas ponen en manos de quienes las proveen de determinados servicios -el secreto bancario por ejemplo- como de la privacidad personal.También se debería prescindir de la información de fuente privada que puedan dar organismos públicos como los que registran la propiedad de inmuebles automotores naves y aeronaves. Es claro que estas exigencias imponen al sector privado sobrecostos sin compensación alguna.
La acción recaudadora oficial no puede quedar reducida al fuerte y sostenido aumento de las superabundantes obligaciones cargadas sobre las espaldas de los contribuyentes. La Dirección General Impositiva con su numerosísima dotación debe mostrar ahora su eficacia para incorporar a la base tributaria a los responsables de la evasión que difícilmente se cuenten entre quienes ya aceptaron que una economía estable requiere cumplir con las obligaciones fiscales.
