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Las pobrezas de nuestra democracia
Los argentinos disfrutamos de una democracia ininterrumpida desde 1983. Esto no evitó, sin embargo, crecientes niveles de desempleo, informalidad, pobreza, deficiencias educativas, sanitarias y de vivienda; con una inseguridad creciente que se hace más grave con el avance del narcotráfico. Esto hace evidente la necesidad de corregir el pobre desempeño de nuestra práctica democrática. He aquí algunas reflexiones, que solo pretenden señalar temas para una agenda de pensamiento y acción: 1) desvíos de la clase política; 2) formación de los representantes; 3) control ciudadano; y 4) fortalecimiento de la sociedad para ejercer ese control.
La clase política que gobernó desde 1983 ignoró la generación de riqueza y empleos genuinos: el radicalismo se limitó a garantizar los derechos y libertades individuales y el funcionamiento de las instituciones republicanas, mientras que el peronismo puso el acento en la distribución de una riqueza que tampoco se preocupó por crear, y de ahí el asistencialismo como arma para combatir la falta de empleo y la pobreza, recurriendo a la emisión monetaria y una política impositiva que desalentó las inversiones. La corta experiencia del Pro no cambió el panorama. Haciendo además un uso abusivo de los recursos públicos: desde los simples descuidos para atender asuntos privados (el jardinero del presidente De la Rúa) hasta el uso del Estado para enriquecimientos ilícitos (llevado al extremo por el kirchnerismo), pasando por las prácticas generalizadas de dar empleo no necesario a parientes, amigos y clientela política, además de autoasignarse salarios, jubilaciones y una larga lista de privilegios.
En cuanto a los requisitos para ser un “representante del pueblo” la propuesta de sumar una “ficha limpia” es importante, pero insuficiente. Manejar el enorme potencial político, técnico y social que provee el Estado, así como los cuantiosos recursos públicos, requiere de una formación a la altura de esa responsabilidad. Un médico, abogado, contador, y hasta tornero mecánico, debe recibir una formación adecuada para ejercer su profesión; sin embargo, para gobernar este país basta con ser conocido por el gran público, sea a través de las pantallas de TV o por ser un deportista destacado. Urge fijar taxativamente esa formación imprescindible, y para que todo ciudadano pueda convertirse en representante, el Estado debe brindar esa formación en forma gratuita y sin discriminaciones.
El tema de la falta de controles por parte de los ciudadanos respecto al desempeño de sus “representantes”, es una falla que afecta a la esencia misma de la democracia. Reducirla a la emisión del voto y esperar hasta la finalización del mandato para evaluar ese desempeño es enajenar la voluntad de un pueblo que ya no gobierna. Por razones de espacio me valgo de una nota reciente del constitucionalista Roberto Gargarella (frente a la posición del gobierno respecto de la invasión a Ucrania): “la democracia no merece ser nunca reducida a esto: un gobierno ejercido en nombre del pueblo y sin consultar al pueblo”.
Dado que la división de poderes y el control de la oposición sobre los oficialismos se han mostrado ineficientes, y que casi todo se resuelve negociando dentro del conjunto de las fuerzas políticas, se hace necesaria una reforma de la Constitución que disponga la obligación de consultar a los ciudadanos en forma vinculante sobre todos aquellos temas que, a juicio de una comisión designada al efecto, lleven a un gobierno eficiente y un uso adecuado de los fondos públicos, entre otros los salarios y privilegios de la clase política.
Finalmente, deben promoverse cambios en la cultura política de la sociedad, para que esté en condiciones de juzgar el desempeño de sus representantes, sin dogmatismos o egoísmos. Tarea de formación y concientización que debe estar a cargo de organizaciones de la sociedad civil sin lazos con las fuerzas políticas; considerando incompatible la pertenencia simultánea a ambas.
Sociólogo
