Lázaro Báez: No fue solo una noche más
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PARA LA NACIONDaniel Santa Cruz
Lázaro Báez pasó los últimos 1615 días en el Penal de Ezeiza. El dato curioso es que 1614 de ellos fueron por determinación de la justicia y uno, el del lunes a la noche, por una acción de protesta llevada adelante por los vecinos del country Ayres de Pilar, que negaron su entrada al barrio cerrado en una pequeña manifestación que incluía consignas que iban desde el rechazo a compartir la vecindad, hasta un repudio a la Justicia por no haber podido condenar a una de las personas con más pruebas en contra en casos de corrupción pública en la historia reciente, procesado en seis causas de ilícitos cometidos durante el gobierno kirchnerista.
Lo dijo uno de los vecinos entrevistados por LN+ en lugar, en el momento de la protesta: "No se trata de que viva acá o en otro lado, eso es menor, se trata de que la Justicia tuvo más de cuatro años para condenar a una persona que hizo negocios ilícitos con el estado y que se hizo de más de 1400 propiedades".
No está bien, si procuramos ser un país serio, dejar pasar por alto o vivir con normalidad que una decisión de la Justicia no se cumpla por una protesta vecinal. Al contrario, no habla bien de nuestras instituciones y degrada, aún más, el estado de derecho.
Sin embargo, tampoco podemos soslayar que lo que pasó este lunes, pone de manifiesto el desacuerdo de una gran parte de la sociedad sobre como la justicia viene manejando distintas causas de corrupción.Lo que sucedió en Pilar no fue más que otra ocasión más para mostrar el desagrado por situaciones judiciales especiales a las que no quieren acostumbrarse y que comienza a dar forma a otro banderazo convocado para el próximo 13 de septiembre.
Solo quien tiene intereses en que la impunidad impere en ciertos casos de corrupción y para determinadas personas, puede no registrar que el mal humor social se acrecienta día a día porque simplemente cada vez más personas se convencen de que la Justicia no es igual para todos.
Ese enfado generalizado vivió como un triunfo que Lázaro Báez vuelva a la cárcel de Ezeiza, aunque sea solo por una noche más. Esa noche de encierro es su victoria, así lo celebraron en el complejo Ayres de Pilar, en las redes sociales y en un incipiente cacerolazo que se sintió en algunos barrios porteños. Poco importó que Báez estuviera excedido en el tiempo detenido durante una prisión preventiva y que si la Justicia no lo condenó tenía derecho a salir del penal, como tampoco que Báez no consiguiera su libertad, sino que cambió la modalidad de detención carcelaria hacia una de arresto domiciliario. O sea, en teoría Báez sigue preso.
Aprovechando esos argumentos, el gobierno redobla la apuesta, y va por más, así lo hizo saber la interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF) María Laura Garrigós de Rébori, que además es fundadora de la agrupación" Justicia Legítima" al señalar que "los vecinos del country impidieron que se cumpla con la ley" y confirmó que serán denunciados por los daños sufridos por el móvil que trasladaba a Lázaro Báez. Exponer la intolerancia de un sector de la sociedad es su carta de triunfo.
Esa bronca intolerante la explicó Elisa Carrió minutos después de los incidentes: "Cuando no hay justicia, más en los casos de corrupción, pasan estas cosas. La gente no quiere convivir con gente que robó y empobreció a la Nación". Mientras que desde el gobierno traducen lo sucedido como muestras de "cierto desborde emocional de mucha gente, a la que la pandemia la puso más intolerante y dispuesta a indignarse rápido".
Los dos parecen tener razón, tanto Carrió, representado la voz le la oposición, como los voceros del gobierno, hacen una excelente lectura de lo que está sucediendo y coinciden en el diagnóstico: por una razón u otra relacionada con causas judiciales, el hartazgo social comenzó a manifestarse y no parece tener techo.
Quizás la victoria, si la hay, no esté ni en la victimización del oficialismo ante la intolerancia que señalan, ni en la noche de más que el empresario kirchnerista tuvo que pasar en la cárcel, sino en el mensaje que está recibiendo el gobierno que ya no puede mirar para un costado sin comprender que seguir adelante con una agenda prioritaria, basada en una dudosa reforma judicial en medio de la pandemia, generará que el malestar social sea creciente e inevitable.
Ganaríamos todos si entendiéramos que los triunfos electorales otorgan un legítimo derecho a gobernar, pero que están lejos de ser un cheque en blanco para consagrar impunidad.
