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Legislar para el futuro
Carlos Winograd Para LA NACION
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En estos días, con pasión e impaciencia se desarrolla un apresurado debate sobre la industria de medios. Por un lado, discutimos sobre la libertad de expresión y el acceso a la diversidad de contenidos. Por otro, debatimos sobre una de las industrias más dinámicas de la economía globalizada. No podemos permitirnos, en el altar de las controversias de coyuntura, una vez más perder el tren del progreso.
Deseamos impulsar una industria que produzca contenidos a precios accesibles para los argentinos, que contribuya a un mayor acceso a la información y al divertimiento reduciendo así la exclusión crónica de franjas importantes de la población. Para ello es indispensable contar con un sector empresarial vibrante y una competencia intensa que, además, permita a nuestra industria trascender las fronteras y beneficiarnos del creciente mercado hispano. Debemos aspirar a constituirnos en un actor de la escena de medios internacional.
El sector de medios y de producción de contenidos, el desarrollo tecnológico y la acelerada innovación en la distribución por intermedio de diversas plataformas, el cable, el satélite y las telecomunicaciones requieren un cuidadoso análisis. Es éste un debate de la mayor relevancia para la sociedad.
¿Es el actual debate una controversia sobre el pasado o estamos pensando las reglas para el futuro? Debemos estar atentos a no promover regulaciones atractivas a primera vista y contrarias a los objetivos en los hechos. Los argentinos tenemos excesiva experiencia en fracasos a gran escala después de grandilocuentes anuncios.
El acceso a la banda ancha es hoy el eje de la industria de la comunicación. Es éste el futuro del explosivo desarrollo de la industria de medios. Mientras en la Argentina las ofertas de servicio llegan a los tres megas, en Estados Unidos se generalizan las propuestas accesibles de diez megas y en Europa los departamentos de productos y tarificación de las corporaciones más dinámicas estudian ofertas varias veces mayores. Visualizamos ya la interacción entre contenidos, telefonía fija y celular como una realidad comercial y no sólo como fantasía.
Información instantánea y entretenimiento en soportes antes inimaginados.
La brecha digital entre países con la regulación apropiada y aquellos atrapados en el pasado se agigantará. La brecha digital al interior de la sociedad entre los pocos con acceso caro y las grandes mayorías excluidas constituye, ahora, la cuestión. Una regulación estatal para un sector de medios fuerte, competitivo y con la adecuada capacidad de innovación constituye una necesidad ineludible. El futuro es hoy, e Internet no forma parte del extenso proyecto de ley de radiodifusión discutido en estos días.
Veamos aquí el ejemplo de una regla aparentemente atractiva, pero potencialmente corrosiva: la limitación de la participación de mercado a la industria de cable. Esta limitación para las empresas de cable a un 35% propuesta producirá un significativo efecto anticompetitivo.
La evaluación negativa de esta regla presuntamente antimonopólica es de carácter general. Pero en el caso del mercado de Internet esta regulación provoca una significativa asimetría, debilitando a un competidor importante. Al reducir los incentivos de estas empresas para ganar mercado se destruirá su potencial competitivo en Internet. La infraestructura de cable ya desarrollada será subutilizada, se tornará ineficiente y recaerá sobre los costos de los servicios, que tenderán a aumentar (o no se reducirán). Las empresas de telecomunicaciones, también proveedoras de Internet, no están sujetas a esta restricción al crecimiento del número de clientes.
Este tipo de reglas tienen efectos negativos sobre la competencia y severos problemas de instrumentación. Si las empresas ya alcanzaron el límite del 35%, o están cerca de él, no tendrán ningún incentivo para ganar mercado ni para reducir sus precios o mejorar su oferta de canales y servicios con el objeto de atraer más clientes. El resultado que se puede anticipar es el de un aumento de márgenes, potenciales acuerdos oligopólicos y mayores precios.
No hay evidencia internacional de este tipo de restricción, salvo en el caso de Estados Unidos. Sin embargo, en este país este límite nunca se ha hecho efectivo. Varias cortes de apelaciones han cuestionado esta restricción. Recientemente, la Corte del Distrito de Columbia la consideró arbitraria.
Por otra parte, en Estados Unidos el perjuicio para los consumidores, de aplicarse esta regla, sería limitado, ya que se trata de un gran mercado nacional y de mercados locales de mucho mayor tamaño que el argentino. El límite del 30% de suscriptores en los Estados Unidos implica que una empresa de TV por cable puede atender hasta 40 millones de hogares. En cambio, la restricción del 35%, considerada en el proyecto argentino, implicaría que una empresa de TV por cable o por satélite no podría ofrecer sus servicios a más de cinco millones de suscriptores.
Esta distorsión se complementa con la potencial no renovación de las licencias prorrogadas. Si la empresa debe abandonar la concesión de TV paga, pero desea seguir brindando el servicio de Internet de banda ancha, su plataforma tecnológica resultará muy subutilizada. No existe evidencia internacional sólida que justifique esta disrupción en el proceso de renovación de licencias. En la mayor parte de los países, las renovaciones son automáticas. Esta medida sobre licencias es particularmente injustificada en relación con una plataforma tecnológica que no utiliza espectro radioeléctrico, un recurso escaso, que debe ser administrado con racionalidad.
En el apuro, daremos un golpe a Internet en nuestro país, el sector más dinámico de la industria de medios. No es así como los argentinos eliminaremos la brecha digital que nos aleja del mundo.
No es casual que los países con mayor activismo antimonopólico no utilicen este tipo de regulaciones. Las economías más avanzadas en materia de políticas antimonopólicas basan su ejercicio en la legislación de defensa de la competencia y en los instrumentos de evaluación de mercado desarrollados con este fin. Nuestro país dispone de esta legislación y debemos utilizarla con rigor técnico y perseverancia.
El proyecto que analiza el Senado propone un sinnúmero de regulaciones. Entre otras medidas cuestionables, están el diseño de la autoridad de aplicación, la propiedad cruzada de medios -es decir, TV abierta y cable- en condiciones de competencia efectiva (múltiples oferentes), la integración vertical (es decir, la propiedad simultanea de red de distribución y de contenidos) y la convergencia y la convivencia competitiva de diversas plataformas tecnológicas.
Son temas cruciales en los que este instrumento legislativo requiere ser perfeccionado. El desarrollo de un sector de medios dinámico, que permita proveer de oportunidades a nuestros calificados técnicos, creadores y trabajadores en el marco de la intensa globalización de esta industria es ciertamente un objetivo de política pública de la mayor relevancia. La experiencia internacional en este campo no es menor.
