Ley de salud mental: nada por modificar, todo por implementar

Entre las reformas nocivas que incluye la ley ómnibus, está la de la Ley de Salud Mental. Vemos el futuro repetir el pasado: un claro y peligroso retroceso en salud mental y derechos humanos.

El proyecto de reforma vuelve a permitir la existencia del manicomio, vuelve a incrementar la potestad de jueces y abogados, profesiones ajenas a la salud, para definir intervenciones terapéuticas, como una internación, o externación, amplía los criterios de internación, permitiendo internaciones innecesarias, que pueden convertirse en privaciones ilegítimas de las libertades, deja afuera del Órgano de Revisión al Estado, al organismo de DDHH y a usuarios/as y familiares, entre otros cambios. Son pocos, pero desarman el núcleo de la ley.

¿Por qué es un grave retroceso? ¿Por qué esta reforma no debería ser aprobada? Por muchas razones: La reforma elevada incumple el compromiso del Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH de febrero de 2019, quien se expresó “…comprometido en avanzar en el cumplimiento efectivo de la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones, tendiente al cierre de los manicomios a partir de su transformación hasta su sustitución definitiva. Entendemos que estos no son complementarios sino contradictorios con un modelo de salud mental que promueva el respeto de los derechos de las personas con padecimientos mentales, porque no caben dudas, nadie debe vivir en un hospital”.

Desoye los acuerdos internacionales que suscribió la Argentina en Declaración de Caracas 1990, Principios de Brasilia 2005 y Consenso de Panamá 2010, y a su vez contradice la documento de la Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS para la “Desinstitucionalización de la atención psiquiátrica para América Latina y el Caribe”, del año 2020 del que Argentina fue uno de sus redactores.

Se opone a la Declaración del Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones Cofesama - Buenos Aires 2019, que firmaron autoridades provinciales de salud mental de 20 provincias, junto a la Dirección Nacional de Salud Mental y el Órgano de Revisión Nacional, en la que se afirmó el compromiso por la plena implementación de la Ley 26657.

Contradice la Convención Internacional de derechos de personas con discapacidad.

Pero la razón más importante es otra: la dignidad, los derechos, la vida de cada una de las personas que padeció, padece y puede padecer la institucionalización tras esos muros del encierro.

No hay problema de salud mental que justifique que una persona viva en un hospital. A nadie se le ocurriría que alguien que tiene una enfermedad crónica, como diabetes o hipertensión, viva en el hospital. Esa persona tiene derecho a un tratamiento oportuno, viviendo en la comunidad. Quien tiene un problema de salud mental, tiene el mismo derecho.

¿Qué dice la Ley Nacional 26.657? Que la salud mental debe ser abordada desde su complejidad, en una red comunitaria, de manera interdisciplinaria e intersectorial. ¿Qué dice de las internaciones? Si una persona, aun estando en tratamiento, se encuentra en riesgo, los profesionales de la salud pueden y deben decidir internarla en un hospital general de manera urgente, preferentemente con su consentimiento, pero también pueden hacerlo contra su voluntad. Sólo deben indicarse como último recurso, por periodos breves y en hospitales generales. ¿Qué dice de los manicomios? Lo que ya ha dicho el resto del mundo: forman parte de nuestra sociedad desde hace más de un siglo, y continúan siendo un grave problema a resolver, a pesar del consenso respecto a que no son válidos desde lo científico – técnico y, sobre todo, que no hay dudas que vulneran derechos humanos.

Por eso, los manicomios, hospitales psiquiátricos o monovalentes deben cerrarse. ¿Cómo? Avanzando en el camino de su adecuación paulatina pero decidida hasta la sustitución definitiva por una red comunitaria.

Para ello es necesario saber quiénes son y cuántos son. La Ley también obliga al Estado a realizar un Censo, cada dos años. El único que se realizó (debieron hacerse 7) fue en el 2018, que a su vez fue también el primero en América Latina. Este censo permitió saber que en nuestro país hay 12.035 personas internadas en las 162 instituciones con internación monovalente, públicas y privadas, cuyo promedio de edad es de 50 años. El promedio de tiempo de internación es de 8 años, y dos terceras partes de la población que está internada, no está en una situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros (única razón por la que podrían estar internados, según la Ley vigente). Para decirlo de una manera más clara: la mayoría de las personas que hoy están en los monovalentes, no tienen criterio de internación. No están internadas, están allí viviendo. Diversas organizaciones de derechos humanos de Argentina realizaron denuncias por malos tratos, sobre medicación, abusos sexuales, muertes dudosas, aplicación de electroshock sin protocolos, entre otras violaciones de derechos.

No se pueden naturalizar estas situaciones, ni tampoco el hecho de que, de esta manera, se está vulnerando su derecho a vivir libremente y en comunidad.

El problema no es la ley de salud mental, el problema es que el sistema de salud de nuestro país vulnera los derechos de las personas con padecimientos mentales y no les da una respuesta adecuada.

La ley intenta dar respuesta a esto. El problema es que no se implementó. El problema es que hace 13 años se espera una decisión política sostenida en el tiempo. Entonces, el problema no es la ley, sino la falta de decisión política para implementarla.

En esta instancia crucial, aún en este contexto legislativo complejo, no debería haber más dudas. El Congreso debe estar a la altura de las circunstancias, en la defensa del no retroceso en materia de derechos humanos promovidos y protegidos con esta Ley de avanzada. Y el Poder Ejecutivo Nacional tiene la obligación de tomar la decisión de avanzar en su plena implementación. Sin retrocesos, sin claudicaciones. Por el respeto a quienes lucharon por esta ley y en favor del fin de los manicomios. Por quienes vivieron y murieron en ellos en nuestro país, por los cientos de miles de personas con padecimientos mentales que hoy no tienen las respuestas que necesitan en una red de salud mental comunitaria, por los miles que hoy viven en instituciones psiquiátricas con sus derechos vulnerados. Por todos ellos es hora de implementar la ley y de crear y profundizar un modelo de atención comunitario.

Los hospitales psiquiátricos que continúan abiertos hoy constituyen una deuda histórica que tenemos como Nación. Mientras haya una persona viviendo en un hospital por motivos de salud mental, hay un derecho vulnerado, hay una libertad menos, un dolor que persiste. La modificación propuesta por el gobierno profundiza esas restricciones y esos dolores, permitiendo la persistencia del manicomio y con él, las violaciones a los derechos humanos que la ley prohíbe.

Ley de salud mental: nada por modificar, todo por implementar.

Ni un paso atrás, manicomios nunca más.

Psicólogo, exdirector Nacional de Salud Mental