Ley Lucio: una cuenta pendiente
Lucio Dupuy tenía 5 años y una vida por delante en La Pampa. Su infancia - corta y aterradora - no fue la que un niño debería tener. Con apenas 5 años vivió en el infierno y nadie pudo rescatarlo. Nunca sabremos cómo le hubiera ido en la escuela, de quién se hubiera enamorado o qué profesión hubiese elegido.
Hoy Lucio ya no está. Dos miserables personas se llevaron su vida. La muerte de Lucio y su largo camino hacia ese final, constituyen una radiografía de la crueldad que hay en algunos seres humanos, y también del enorme silencio cómplice por omisión o falta a la obligación legal médica y policial.
El grito desesperado de su familia y de los pampeanos que repercutió en todo el país para que se haga justicia, nos deja una pregunta abierta que debemos urgente responder: ¿qué falló y quiénes fallaron para que Lucio no esté con nosotros?
Es una pregunta obvia, pero de difícil resolución. Nos han implorado que hagamos algo, que alcemos la voz y cambiemos el sistema.
El crimen de Lucio Dupuy puso en escena la violencia familiar, acoso o indiferencia de la que niños, niñas y adolescentes son víctimas cada día. También las situaciones de abuso que sufren principalmente por parte de personas de su entorno.
Es nuestro deber y responsabilidad legislar para que no haya más casos como el de Lucio en la Argentina. Como diputado y representante de los pampeanos me reuní con su familia y con abogados e instituciones que se especializan en esta temática, para trabajar y legislar en la prevención y evitar que la violencia arrase con la infancia de nuestros chicos. Porque más allá de que sabemos quiénes son las culpables de este caso, se podría haber evitado si se contaba con un sistema que, aún hoy, es errático y carente por donde se lo mire.
Debemos tener protocolos más claros, información segura y confiable, capacitación en instituciones intervinientes sobre cómo actuar en estos casos y una línea de denuncias que trabaje de manera constante y eficaz.
Sólo si todos los eslabones del sistema funcionan de manera coordinada y ensambladas correctamente en nuestra provincia podríamos evitar más casos como el de Lucio.
Por ello, empezamos el camino junto a otros legisladores de plantear la “Ley Lucio”, tanto a nivel provincial como nacional, que aumente la protección de los derechos de nuestros niños y que ya están garantizados en nuestra Constitución, en los tratados de DD.HH. y en las leyes de protección entre las que están la 24.417 y la 26.061.
El primer paso que debemos tomar con suma urgencia es la aplicación en todas las provincias de la línea telefónica 102 para la prevención, promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, junto con la capacitación de todos los actores del Estado, para que sepan cómo actuar ante situaciones de violencia o vulneración de estos derechos.
También vamos a incluir en esta ley la creación de un protocolo para unificar los criterios de actuación de las fuerzas de seguridad, así como de los organismos administrativos y juzgados con competencia en familia y niñez. Además, la ley contemplará sanciones ejemplares para aquellos funcionarios de esos poderes que incumplan con su deber. La ley conlleva la obligatoriedad de los servicios asistenciales sociales o educativos, públicos o privados, los profesionales que actúen en el ámbito público o privado, las fuerzas de seguridad y todo funcionario público en razón de su labor de denunciar hechos de violencia o cualquier vulneración de los derechos de los niños.
Es importante destacar que, si bien ya está estipulada esta obligación en las leyes, debemos darles protección a estos actores en el momento de realizar las denuncias porque en muchos casos son víctimas de represalias por los progenitores a quienes denuncian. Por ello, incorporamos el ítem de “reserva de identidad y protección en las denuncias” a los trabajadores que de por sí ya tienen un arduo trabajo en salud o educación. Este es un punto central en la ley. Lucio asistía a un establecimiento educativo, hubo reiteradas denuncias policiales de vecinos y hasta ingresó 5 veces al hospital por golpes y fracturas. Lucio debió ser rescatado: se sabía qué pasaba. Pero el sistema decidió mirar para otro lado. Porque los intervinientes del caso no supieron, porque no pudieron o porque no quisieron adentrarse en el caso.
Sabemos que sólo con un cambio de ley no alcanza, pero es nuestro deber como adultos y como representantes del pueblo legislar para proteger a los niños. Es nuestro deber garantizarles sus derechos. Y es nuestro deber acompañarlos y permitirles una vida plena.
Estos puntos, junto con otros que debemos incluir en la ley, nos encaminarán a que no haya más casos desgarradores con finales aberrantes como el de Lucio.
Tenemos que agradecerle a la familia Dupuy, que en un momento de tanto dolor haya decidido trasformar ese sufrimiento en acción, por interpelarnos e implorarnos a avanzar con una nueva legislación que tendrá el nombre de quien hoy no está con ellos jugando en su casa.
Debemos transformar la conmoción y lágrimas en esperanza, en una luz para tantos niños y niñas que sufren violencia cotidianamente y no pueden o no tienen como alzar la voz para ser escuchados. Confiamos que la “ley Lucio” sea aprobada y que se haga realidad. Y quizás llevarle tranquilidad a Lucio para que pueda, al fin, descansar en paz.
Diputado nacional (Juntos)
Por Martín Maquieyra
