Leyes que eviten el vaivén judicial

La paternidad de la frase "las leyes son como las salchichas: dejan de inspirar respeto cuando sabes cómo están hechas" se la disputan John Godfrey Saxe, un poeta estadounidense que vivió en el siglo XIX, y el alemán Otto von Bismarck. Pero para alguien que, como yo, fue diez años legisladora, la frase resulta, si no cínica, al menos injusta en relación con lo que nunca se ve en el Congreso: el saber técnico de aquellos asesores y legisladores que trabajan con seriedad y compromiso, y sostienen el verdadero trabajo legislativo.

Sin embargo, sigo creyendo que el argumento de "la ley posible" con la que muchas veces se justifican los apresuramientos en el Congreso debiera ser reemplazada por la aspiración a "la mejor ley", la que resista la presión del griterío público, no termine judicializada ni ponga en duda la capacidad de la política para solucionar los problemas. Es lo que sucedió con la polémica ley del 2x1 , traída a debate por el fallo de la Corte Suprema de Justicia , que, con votos divididos, rechazó para los delitos de lesa humanidad el beneficio de la ley 24.390, que en la época de Menem buscó responder a la superpoblación y los motines en las cárceles y -a modo de compensación para las numerosas prisiones preventivas, sin juicios ni condenas- redujo el tiempo de las penas. Una exigencia de la Convención Americana de los Derechos Humanos, conocida también como Pacto de San José de Costa Rica, que dice que toda persona debe ser "juzgada en un plazo razonable o a ser puesta en libertad". Dicha Convención tiene jerarquía constitucional desde que la reforma de la Constitución de 1994 incorporó los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, que ponen en el centro de la protección la libertad y la dignidad humana.

Derogada seis años después, la ley 24.390 no resolvió la superpoblación de las cárceles, el hacinamiento ni las prisiones sin condenas. Pero sirvió para que la Corte Suprema, en 2017, sobre la base del principio de igualdad y la ley más benigna, otorgara el beneficio de acortar las penas para un caso de lesa humanidad. Un fallo que, al desencadenar una genuina, espontánea y multitudinaria protesta social, demostró el alto grado de conciencia social en relación con la condena al terrorismo de Estado, y obligó al Congreso a otra urgencia para aclararles a los jueces cuál había sido la intención del legislador. Un parche legislativo que si bien explica el cambio de actitud de los jueces de la Corte, que en su reciente fallo modificaron su voto inicial para rechazar el beneficio de la reducción de las penas para los delitos de lesa humanidad, desnuda el hacer legislativo.

¿Por qué en la década pasada los que se arrogaban la defensa de los derechos humanos no usaron la mayoría en el Congreso para efectivamente adaptar las leyes a la nueva filosofía constitucional de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad, que no prescriben, se perpetúan en el tiempo, no pueden ser indultados? Una categoría especial que debiera tener su correlato en la modificación de otras leyes ordinarias, como la que beneficia con la prisión domiciliaria a los mayores de 70 años, para evitar que cada año, frente a la lista de los represores susceptibles del beneficio de la prisión domiciliaria, se vuelva a utilizar el tema para el escándalo o la disputa ideológica, sin que finalmente tengamos una actitud razonable frente al pasado, que vaya más allá de las consignas políticas y los dogmas jurídicos.

Como no soy abogada, no cometeré la imprudencia del análisis jurídico, pero agradezco a la vida legislativa que me haya abierto a las lecturas de la filosofía del derecho, de donde extraigo el pensamiento del profesor Stefano Rodotá, quien participó de la redacción de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, fue diputado, y cuyas críticas a las instituciones de su país bien sirven para nosotros. Pondera a los constitucionalistas de la posguerra italiana que fueron capaces de elaborar una Constitución digna de elogios: porque "eran cultos, porque estaban alejados de toda vileza y toda influencia de espíritus cerriles aferrados a las prerrogativas parlamentarias, no rehuían una cuestión dura e inédita que les obligaba a ir más lejos del dogma jurídico y político". Un ideal legislativo para evitar los vaivenes de la Justicia.

Directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado