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Liberar es el principio
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Poco más de un mes atrás, el gobierno nacional dispuso el fin del cepo cambiario, sorprendiendo a diversos sectores económicos y generando una oleada de reacciones en el mundo empresarial y financiero. Eliminó así las restricciones que, desde hace más de una década, impedían la libre compra y venta de divisas.
Esa medida fue acompañada por un desembolso de dólares frescos por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), con la intención de robustecer las reservas del Banco Central y otorgar mayor certidumbre al mercado de cambios. Un mes después, cabe destacar que, más allá de las preocupaciones iniciales sobre su impacto en la cotización del dólar, la medida ha sido bien recibida por los mercados, y se mantuvo e incluso se redujo levemente el valor de la divisa norteamericana.
En el devenir histórico del cepo, desde su introducción en 2011, surgieron mercados paralelos como el famoso dólar blue, que se convirtió en un termómetro de la confianza inversora. Si bien hubo un intento de relajación en 2015, el cepo recrudeció en 2019, cuando el gobierno introdujo límites a la compra de dólares para ahorro y creó distintos tipos de cambio –solidario, mayorista, ahorro, entre otros– para lidiar con el desequilibrio entre oferta y demanda, extremando el control sobre importaciones, exportaciones y giros de divisas.
En los últimos días, el Gobierno anunció un paquete de medidas económicas tendientes a promover la utilización de dólares no declarados en la economía formal. Este paquete incluye, entre otras disposiciones, la derogación de varios regímenes informativos. Por ejemplo, se eliminó la obligación de informar las compras con tarjeta de crédito, débito y billeteras virtuales, así como el denominado “CITI de los escribanos”, que obligaba a reportar todas las operaciones notariales.
Asimismo, se anunció el fin de los reportes por compraventa de vehículos usados, pagos de expensas a partir de $32.000, publicaciones de venta de inmuebles y consumos de servicios públicos como electricidad, agua, gas y telefonía. Del mismo modo, ARCA prohibió a los bancos solicitar la declaración jurada de impuestos nacionales como condición para operar, y se elevaron los montos mínimos a partir de los cuales las operaciones bancarias deben ser informadas.
Este paquete de medidas, junto con la salida del cepo, persiguen un objetivo manifiesto: la normalización de la economía argentina. Se busca que los dólares que los argentinos han atesorado en sus “colchones”, escapando al obsesivo control del Estado, se incorporen al mercado formal bajo la forma de inversiones y consumo.
El escenario, entonces, combina expectativa y cautela. El levantamiento del cepo supone un alivio para muchos consumidores y empresarios agobiados por años de trabas, pero la escena macroeconómica aún presenta desafíos importantes: desde la contención de precios hasta la recomposición de la confianza en los mercados internacionales. Por su parte, el nuevo paquete económico, destinado a motorizar el consumo y dinamizar la inversión mediante la reintroducción de dólares en la economía formal, debe implementarse con sumo cuidado y bajo los máximos estándares de transparencia, para evitar su aprovechamiento indebido por parte del crimen organizado.
En este punto, vale la pena destacar que el éxito de cualquier apertura no solo dependerá de la estabilidad macroeconómica, sino también de un marco regulatorio claro que brinde seguridad jurídica y, muy especialmente, de una política impositiva que estimule la producción y la generación de empleo. En este último punto importa hacer foco. En un año y medio de gestión, el gobierno nacional ha dado pasos importantes hacia el ordenamiento de la macroeconomía y la baja de la inflación. Sin embargo, aún no ha avanzado en una reducción significativa de la carga impositiva ni en medidas específicas de apoyo a la producción.
Está claro que no podemos exigirle a un gobierno que resuelva en menos de dos años problemas que se arrastran desde hace décadas. Pero la experiencia demuestra que las mejoras macroeconómicas no derraman automáticamente sobre toda la estructura del país. Son condiciones necesarias, pero no suficientes. La economía real –la de los comercios y las pymes– también necesita atención y políticas de Estado que promuevan su desarrollo.
Tenemos un gran país, con abundancia de recursos naturales y capital humano, que, a pesar de los errores y desmanejos del pasado, no ha perdido su potencial. El ordenamiento macroeconómico que viene llevando adelante el Gobierno es un paso adelante, pero no debemos dejar de lado la búsqueda de una Argentina productiva. Para eso se necesita una fuerte decisión política que resuelva de manera coordinada las cuestiones impositivas nacionales, provinciales y municipales, la problemática financiera, el comercio exterior, y la infraestructura logística, todo con un claro sentido de productividad federal. Liberarnos de las trabas es solo el principio. Ahora es tiempo del impulso, deberíamos iniciar una nueva etapa, con producción y trabajo.
El autor se desempeñó como intendente de General San Martín, diputado nacional y ministro de la Producción de la provincia de Buenos Aires. Actualmente es director ejecutivo del MPA
Tipo de trabajo:
opinión
