Libertad de expresión y “riesgo país”

En el debate sobre el riesgo país suele privilegiarse una mirada principlamente económica, centrada en variables fiscales, monetarias o financieras. Sin embargo, existe un conjunto de factores institucionales que inciden de manera decisiva en la percepción de los inversores: la calidad de la gobernabilidad. Dentro de estos factores, la libertad de expresión, en su dimensión específica sobre el acceso a la información, ocupa un lugar clave, en tanto constituye un indicador de transparencia estatal.

La posibilidad de acceder a información pública confiable, oportuna y completa a través, por ejemplo aunque no únicamente, de los periodistas, no solo fortalece la rendición de cuentas democrática, sino que también reduce la incertidumbre que enfrentan los actores económicos. Cuando las decisiones de política económica son transparentes y previsibles, y cuando los datos fiscales y financieros están disponibles, se genera un entorno más estable y confiable. Esto se traduce en mejores condiciones para atraer inversiones y acceder a los mercados internacionales de crédito.

Las evaluaciones de riesgo país incorporan, de manera directa o indirecta, estas dimensiones. Instituciones y servicios especializados como PRS Group (a través del International Country Risk Guide), Business Environment Risk Intelligence (BERI) y la Economist Intelligence Unit (EIU), así como las grandes agencias calificadoras de crédito como Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch, consideran variables vinculadas con la transparencia, el funcionamiento del sistema jurídico, el control de la corrupción y la calidad institucional. En ese contexto, el acceso a la información, como derecho incluido en la libertad de expresión, no es un elemento aislado, sino parte de un entramado más amplio que define la credibilidad de las instituciones públicas.

No se trata de afirmar que mejorar el acceso a la información, por sí solo, garantice una mejor calificación de riesgo. Pero sí de reconocer que su ausencia debilita la confianza, aumenta la percepción de opacidad y eleva los costos del financiamiento. Por el contrario, su fortalecimiento contribuye a consolidar un entorno institucional más sólido, que es valorado por quienes toman decisiones de inversión.

Las ideas expuestas en los párrafos anteriores no han sido provocadas por una determinada coyuntura actual por la que atraviesa la Argentina, donde la cuestión vinculada al “riesgo país” es un tema de discusión frecuente. Por el contrario, como relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos, anticipé en un informe de 2003 (¡hace más de 20 años!) la vinculación entre la libertad de expresión, el acceso a la información y el desarrollo económico de los países.

El acceso a la información, como dimensión constitutiva de la libertad de expresión, no solo es un derecho fundamental en una sociedad democrática. Es también un activo económico. Su promoción y protección no deben verse únicamente como una obligación jurídica o ética, sino como una condición necesaria para mejorar la inserción de los países en la economía global y reducir su riesgo percibido.

La libertad de expresión es la piedra angular de la democracia. En eso creyó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde 1976 en el caso “Handyside vs. Reino Unido”. En eso creyó la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 1985, al emitir la “Opinión Consultiva Nº 5”. En eso creyeron los Estados de la Organización de los Estados Americanos (OEA) cuando adoptaron la “Carta Democrática Interamericana” en 2001.

La defensa de la libertad de expresión, sobre todo en su aspecto relacionado con el acceso a la información, nos puede ayudar para el desarrollo económico gracias a las mejoras potenciales en la calificación del riesgo país.

Profesor de la Washington College of Law, American University. Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos