Lijo, la Corte y las inversiones

La propuesta del juez federal penal Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema ha desatado gran oposición en todos los sectores vinculados al Poder Judicial, salvo dentro de algún nicho de Tribunales, hogar de lo más rancio de la casta denunciada por el presidente Milei.

Su llegada al cargo, sus decisiones judiciales, sus demoras, las actividades de su hermano “operador” judicial, las sospechas de enriquecimiento, las investigaciones nunca empezadas, las carreras de caballos, la falta de antecedentes académicos suficientes… son muchas las razones por las que Lijo no es un candidato lógico para la Corte. Lo dicen muchas personalidades jurídicas, asociaciones profesionales, academias, colegios de abogados, políticos respetados y entidades empresarias y de la sociedad civil. Las repetidas notas de periodistas como Pagni y Morales Solá son lapidarias.

Sin embargo, su pliego sigue vigente y dado el perverso invento kirchnerista de adhesiones, las recibió de parte del Pro, la UCR y lógico: del peronismo y del kichnerismo.

Cuando esto pasa en otros países, los presidentes retiran al candidato, porque saben que una Corte Suprema no debe ser cuestionable. Ojalá esto se repita en la Argentina.

Ni siquiera se ha dicho todo, porque existen otros aspectos medulares que debieran impedir que la designación de Lijo en la Corte. Veamos algunos:

El candidato es penalista y la materia criminal no es propia de la Corte, que está circunscripta a asegurar el cumplimiento de la Constitución, no de las leyes comunes. La materia penal corresponde a las jurisdicciones locales y por eso la Corte solo ha dictado un 8% de sentencias en asuntos vinculados a lo criminal, las muy pocas veces que consideró violadas garantías constitucionales.

El juez Lijo no posee experiencia en la actividad privada, algo muy negativo para integrar la Corte. Los países con estabilidad judicial como la Argentina y Estados Unidos, tienen “carrera judicial” que hace necesario oxigenar a la judicatura con abogados expertos en actividades reales y muy alejados del virus burocrático que inevitablemente invade al Estado y a la Justicia, como enseñó Antonín Scalía, famoso juez de la Corte de EE.UU.

Otro de los impedimentos fue tema de una excelente nota de Marcos Buscaglia: la seguridad jurídica.

Hay relación directa entre la certeza que debe generar el sistema legal de un país y su capacidad para atraer inversiones propias y del extranjero. Esto es materia de especial interés en la OCDE y en todas las organizaciones económicas internacionales, porque la falta de confianza en los jueces atenta contra la actividad económica: ellos son quienes interpretan y aplican las leyes. Como dijo Hughes, las leyes dicen lo que los jueces dicen que dice.

Por eso, cuando un gobierno domina o predomina en una Corte Suprema o peor, cuando existen en una Corte jueces influenciables, nadie tiene la seguridad del amparo real de las leyes, ni en sus personas ni en sus patrimonios. Así no hay inversiones, ni progreso, ni trabajo.

Para peor, con la nominación de Lijo se potencia a otro de los miembros de la Corte: al juez Lorenzetti, de intensa relación con el kirchnerismo, que lo nombró en 2004 y con los sucesivos presidentes desde entonces. Con todos osciló entre cercanía y lejanía y parece que con el presidente Milei está en la primera y repetida etapa.

En su caso no creo quepan dudas de su poca afinidad con el ideario liberal: logró derogar al magnífico Código Civil de Vélez Sarsfield, que fue la base de nuestra libertad y prosperidad perdida. Lo reemplazó –apoyado en y por Cristina Kirchner- por el Código Civil y Comercial, de pocos méritos, que potencia al Estado a través de la voluntad de los jueces y otros organismos estatales, y tienen el poder de desplazar, reemplazar e invalidar a la voluntad individual o sea, a los individuos y a nuestro poder de autodeterminación en libertad.

No es menor que Lijo se jubilaría recién en 2043, así que seríamos regidos por una Corte opinable por más de 20 años, justamente lo opuesto a lo que estoy convencido quiere el presidente Milei.

Las inversiones genuinas no vendrán a un país donde la Corte es manejada desde el Poder Ejecutivo: después de Milei, si por el “corsi e ricorsi” de la historia, vuelve una otra oleada estatista, necesitaremos una Corte independiente que haga cumplir las declaraciones, derechos y garantías que nos da la Constitución, protegiéndonos de una recidiva kirchnerista.

Con Lijo y Lorenzetti es seguro que Milei habrá perdido la oportunidad de volver a tener una Corte liberal que perdimos hace casi un siglo.

El sacrificio de estos años habrá sido en vano.

Abogado, exmiembro del Consejo de la Magistratura