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Lo que calla Cristina Kirchner sobre la Justicia
Cristina Kirchner excluye a la Justicia bonaerense de sus críticas al Poder Judicial, que sus incondicionales sintetizaron en la consigna utilizada para convocar a la marcha contra la Corte Suprema: la necesidad de sustituirla por otra. Esa omisión es llamativa. Sectores del oficialismo insisten en que el gobierno de María Eugenia Vidal se valió de ella para perseguir opositores. La movilización pretendía reforzar esa idea, frustrada por discrepancias entre los organizadores. El ala sindical se opuso sin éxito a que hubiese oradores. Resulta curioso que Daniel Llermanos hiciera constar ese malestar en Twitter al día siguiente, si fue real su gestión para que hable Silvio Carzoglio. Opción rechazada, entre otros, por sus defendidos: Hugo y Pablo Moyano. La Justicia de Lomas de Zamora debe resolver la apelación del fiscal Sebastián Scalera al sobreseimiento de Pablo en la causa por supuesta asociación ilícita con barras del club Independiente.
En octubre de 2018, Carzoglio se negó a librar una orden para detenerlo. En diciembre, la Legislatura bonaerense suspendió al juez de Garantías Nº 1 de Avellaneda para iniciarle un jury por denuncias en su contra de 2014. Hasta abril de 2019, cinco jueces de Garantías de Lomas de Zamora se excusaron de intervenir en la causa.
María del Carmen Mollo, Laura Ninnis, Jorge López, Gustavo Gaig y Sebastián Monellos eludieron convalidar los acuerdos judiciales para reconocer como arrepentidos colaboradores a los barras que declararon contra Moyano. Esa conducta gestáltica desafía la denuncia de la titular de la AFI, Cristina Caamaño, presentó ante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak.
Más que una estrategia deliberada para montar causas contra la oposición, la apelación sistemática al recurso de la excusación podría configurar una aparente confabulación de sectores del Poder Judicial para que algunos dirigentes no sean alcanzados por su propia acción.
El desempeño de la Corte bonaerense en el caso Scapolán confirmaría esa tendencia como una extraña filosofía de la jurisprudencia. Hilda Kogan, Luis Genoud, Daniel Soria y Sergio Torres se excusaron de intervenir en el jurado de enjuiciamiento que debe determinar si Claudio Scapolán tiene que ser sometido a juicio político. El fiscal de San Isidro es acusado de liderar una asociación ilícita dedicada al narcotráfico. Los miembros de la Corte se rotan anualmente para presidirla y en su mandato son titulares de los jurados de enjuiciamiento a funcionarios judiciales. La presidencia del jury marca el ritmo que sigue ese trámite. Su acefalía lo paraliza. Es lo que ocurre con el de Scapolán.
María Florencia Budiño, Víctor Violini, Ramón Maidana, Daniel Carral, Mario Kohan, Fernando Mancini, Ricardo Borinsky y Carlos Natiello imitaron a la Corte: declinaron inmiscuirse en la causa de Scapolán. Un verdadero problema. Los jueces del Tribunal de Casación Penal se autoinhibieron de lo que prevé la ley: suplir a los de la Corte en la presidencia del jury. Cristina hace bien en no reparar en la Justicia bonaerense.
Carzoglio debería agradecer el fracaso de Llermanos en su gestión. El jury en su contra está pendiente. Igual que la apelación al sobreseimiento de Pablo Moyano que debe definir la Sala 2 de la Cámara de Garantías de Lomas de Zamora. El resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires mantendría perplejos a sus miembros, Alejandro Rojas y Pablo Little. Es lo que se rumorea.
Una victoria amplia del oficialismo o la oposición los hubiese librado de las vacilaciones provocadas por la paridad de fuerzas que refleja el Senado bonaerense. Es la Cámara que sustancia los jurys a los magistrados. ¿Convocarían a un juez de otra sala para evacuar dudas? Conjeturas.
La tensión se concentra en Diputados. El Frente de Todos pidió el juicio político de Julio Conte Grand, aunque se conformaría con una comisión investigadora que determine si puede avanzar sobre el procurador general, jefe de todos los fiscales. Para la comisión precisan una mayoría simple de 47 votos. Con sus aliados, el Frente reúne 46. El juicio político requiere una mayoría especial de 61 votos. Imposible sin el aval de Juntos. El video que Caamaño presentó como prueba en su denuncia no causó fisuras de la oposición en la Legislatura. Pero no disimula otros roces. Julio Garro especuló con culpar a Vidal por la reunión que compartió en oficinas del Banco Provincia en la ciudad con empresarios, funcionarios bonaerenses y espías. En la versión de Caamaño, para montar una denuncia contra el exdirigente de la Uocra Juan Pablo “el Pata” Medina. La titular de la AFI anuló esa posibilidad. Le envió a Kreplak los registros de ingresos al organismo de inteligencia en enero de 2017. Garro figura en ellos.
El intendente de La Plata acordó con el de Lanús, Néstor Grindetti, expandir la corriente Hacemos en todo el territorio bonaerense. Descubrieron su afinidad en la negociación con Martín Insaurralde para modificar la ley 14.836, que les permite a los tres volver a ser reelegidos en sus municipios. La capacidad de diálogo del jefe de Gabinete despierta admiración en Garro y Grindetti. Su alianza expresa también el malestar con Horacio Rodríguez Larreta por no incluirlos en la mesa chica que trabaja en su candidatura presidencial. El jefe del gobierno porteño no consigue alejar a Conte Grand de su agenda con Hugo Moyano. El padre de Pablo exige su salida a cambio de atacar a Mauricio Macri y a Vidal. Habladurías. Al menos por ahora.
Vidal no está imputada en la causa abierta por Kreplak. Para que no pase a Comodoro Py, el juez tendría que demostrar que la exgobernadora sabía que la reunión en el Bapro era filmada por la AFI. Es lo que podría modificar su situación judicial. Pocos apuestan a que mejore, aun si esta hipótesis no prospera. “Algo se rompió”, insisten antiguos socios políticos de la exgobernadora. El rechazo al presupuesto en el Congreso habría precipitado esa aparente crisis.
Vidal había exigido la presidencia de la Cámara de Diputados si la oposición reunía las voluntades suficientes para desplazar del cargo a Sergio Massa, exaliado en la Legislatura. Máximo Kirchner le habría revelado a Cristian Ritondo que los intendentes del PJ no hubiesen colaborado con sancionar presupuestos a Vidal sin su consentimiento. El jefe del bloque Pro le habría reprochado al del Frente que La Cámpora no había votado ninguno.
Pablo Moyano sigue lo que ocurre en el recurso que Héctor Maldonado presentó en el Tribunal de Casación Penal para ser excluido del juicio oral en la causa Independiente. El pedido del secretario general del club está en la Sala 3, que votaría dividida. Víctor Violini a favor de Maldonado y Ricardo Borinsky en contra. Desempataría la Sala 1 a través de Daniel Carral. Se descuenta la abstención de Ramón Maidana, su par.
Carral integra Justicia Legítima y es candidato a una de las tres vacantes en la Corte bonaerense. En 2016 intentó designar a Florencia Piermarini como su relatora. Desistió por la objeción de Elisa Carrió. Piermarini era jefa del Servicio Penitenciario cuando Martín y Cristian Lanatta junto a Víctor Schillaci se fugaron del penal de General Alvear. El subsecretario de Política Criminal, César Albarracín, era el superior de Piermarini.
Albarracín es el defensor del Pata Medina. La denuncia de Camaño se funda en el exdirigente de la Uocra-La Plata. Una máscara a la medida de Pablo Moyano. Albarracín fue sobreseído en la causa por la triple fuga de General Alvear en septiembre de 2021. Cristina sabe por qué calla.ß
