Lo que no se dice del proyecto

El texto del proyecto de despenalización y legalización del aborto que obtuvo media sanción por escaso y controvertido margen en Diputados, actualmente en revisión en el Senado, es el producto de varios proyectos unificados y está desvirtuado desde su origen. Es, en primer término, inconstitucional y también va a contramano de lo que disponen las Constituciones de trece provincias, entre ellas Tierra del Fuego, que le reconoce a las personas el derecho a la vida desde su concepción. Como senadora fueguina no estaría representando a mi provincia si acompañara esta iniciativa. Asimismo, el proyecto afecta la libertad de trabajo de los profesionales de la salud y además está marcado por aspectos desconocidos que impactarían y generarían ciertos interrogantes a muchas personas si fueran revelados. A saber:

No se dice que el eje del proyecto no es la mujer, sino el aborto. El artículo 5, que habla del objeto, es decir la razón de ser o finalidad del texto, dice: "Garantizar (...) acceder a la interrupción voluntaria del embarazo".

No se dice que se terminaría reconociendo al aborto como un derecho durante los nueve meses de la gestación -no solo durante las primeras catorce semanas como algunos afirman- al tomarse como referencia la amplia definición de salud de la OMS como "el completo estado de bienestar físico, mental y social".

No se dice que el "aborto seguro" no existe, porque siempre implica riesgos, tanto en etapas tempranas como tardías. Tampoco que el Misoprostol está siendo contraindicado y retirado de algunos países como Francia por sus efectos colaterales (según reciente resolución de la Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé). No se informa qué método "seguro" se utilizaría para practicar un aborto, por ejemplo, a los siete meses de gestación.

No se dice que este proyecto no se limita a despenalizar, sino muy por el contrario, establece nuevas penas para las autoridades de establecimientos de salud y profesionales de la salud que se nieguen a practicar un aborto. El proyecto prohíbe expresamente la objeción de conciencia institucional (Artículo 15), hasta tal punto que un establecimiento privado podría ser clausurado por no cumplir con la responsabilidad de realizar abortos (Artículo 13).

No se dice que el "aborto gratuito" no existe, porque alguien tendrá que pagarlo: los ciudadanos con nuestros impuestos, las obras sociales y las prepagas con nuestros aportes, y que significará una carga para los sistemas de salud provinciales, algunos en estado de colapso (Artículo 16), y que además será exigible y prioritario el aborto sobre prestaciones de salud. Se estima que el costo total para llevar a cabo esta práctica a nivel Nación ascendería aproximadamente a $6.500.000.000 anuales.

Tampoco se dice que en un país donde por marco normativo se prohíbe la venta de alcohol o se impide conducir un vehículo a menores de 16 años, una muchacha de esa edad podría decidir sola (es decir, sin autorización de sus padres o tutores) realizarse un aborto. Otro grave aspecto desconocido es que una niña menor de 16 años podría someterse a esa práctica con el solo consentimiento de un miembro de la familia ampliada o incluso con un referente afectivo (Artículo 9). En este caso, hasta se puede dar la situación de una niña de 12 o 13 años que fue abusada y embarazada por un pariente o referente, y que sea el mismísimo abusador quien la acompañe a practicarse un aborto. Lamentablemente, estas situaciones ocurren a diario y este proyecto las terminaría legitimando.

Hay silencios que son elocuentes.

Por las razones expuestas, espero que en este tiempo de exposiciones en el seno del Plenario de Salud, Justicia y Asuntos Penales y Asuntos Constitucionales del Senado se lleve a cabo un debate esclarecedor y de alcance federal que traiga luz sobre estas cuestiones, enriqueciendo nuestra mirada y análisis en torno del proyecto. Al respecto, sigo abrigando la esperanza de que el Senado, casa de las provincias argentinas, rechace esta iniciativa y se aboque de inmediato a buscar alternativas que respeten verdaderamente la dignidad de las mujeres y el derecho a la vida de los niños y las niñas por nacer.

Senadora nacional (Movimiento Popular Fueguino)

Miriam Ruth Boyadjian