Los derechos humanos según Correa

La reciente declaración de Rafael Correa en Buenos Aires mediante la cual relativizó la importancia del atentado contra la AMIA, al compararlo con el ataque de la OTAN en Libia, no es un hecho casual. Lo que realmente dijo el presidente de Ecuador es que la defensa de los derechos humanos (y la condena de sus violaciones) no es una obligación absoluta de los Estados, sino que es relativa a otras dimensiones políticas. En otras palabras, para condenar la brutalidad contra la AMIA primero hay que tener una posición dura contra la OTAN. Las violaciones de los amigos no son tan condenables como lo son las de los enemigos.

Pero tampoco se trata de una opinión aislada del mismo Correa, sino que forma parte de un peligrosísimo movimiento político que crece en la región, cuyo objetivo es desarmar todo el sistema continental de defensa de los derechos humanos, al que la Argentina debe tanto.

Con el liderazgo del movimiento ALBA, que preside Hugo Chávez, y el apoyo cómplice de la Argentina y otros países, avanza en la OEA una tesis perversa: la violación de los derechos humanos en una dictadura no tiene la misma entidad que en una democracia. A modo de ejemplo: si un gobierno ha sido elegido por una mayoría importante, debe contar con la libertad necesaria para ejecutar su proyecto político aunque ello implique violar algunos derechos básicos de los ciudadanos. Lo que es inaceptable para las dictaduras puede ser aceptable para los gobiernos autoritarios que necesitan libertad para cumplir con su "proyecto nacional y popular", para hablar en términos que bien conocemos.

Chávez y sus socios, incluyendo a la Argentina, han planteado en el seno de la OEA una discusión durísima que amenaza reducir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una figura decorativa, comenzando por la desaparición de la valiente Relatoría para la Libertad de Expresión.

Desde el punto de vista de la mejor tradición diplomática de nuestro país, la adhesión del kirchnerismo a esta posición es un verdadero escándalo. No sólo porque agrede a una institución y a una tradición que forman parte de principios que parecían inamovibles, sino también porque abre la puerta a comportamientos detestables, como el diálogo sin condiciones con Irán y la lenidad con que este gobierno ha tratado la masacre en Siria, ambos países aliados de Venezuela.

Pero se trata también de un camino que agrede los principios elementales de la democracia: los derechos humanos son una herramienta contramayoritaria, que debe servir para defender los derechos de las minorías, casualmente porque la democracia es el régimen de las minorías. Las violaciones al derecho a la libre expresión, a tener una justicia independiente, al debido proceso, al control de los actos públicos, tienen como único objetivo cercenar las posibilidades y los derechos de las minorías.

Si este virus se difunde por la región, el resultado será la falta de espacios jurídicos que protejan estos derechos y la consolidación de las democracias autoritarias.

La posición argentina en esta discusión que se está dando en la OEA y en todo el sistema interamericano es tan trascendente que debe ser tratada por el Congreso. No sólo para fijar una posición en la construcción de un tratado que necesariamente deberá aprobar el Congreso, sino también para que se desnude ante la opinión pública la enorme hipocresía que esconde el doble mensaje en el tema de los derechos humanos.

El Gobierno cree que el castigo a las violaciones dictatoriales le ha dado suficientes credenciales como para avanzar de la manera que lo está haciendo en estos tiempos, y remedar así a quienes comparten su misma visión autoritaria de la política. Por eso urge la acción concertada de las fuerzas políticas en este campo tan vital para la democracia y la vida de las personas.