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Los intereses creados
Durante el último mes se instaló políticamente la controversia sobre el Consejo de la Magistratura. Sin embargo el tema no es nuevo. El plazo para sancionar la ley reglamentaria venció en agosto último pero la obstinación del Gobierno para imponer su proyecto no lo permitió.
Parece claro que hace dos años el presidente Carlos Menem para conseguir los votos necesarios para la reforma constitucional que habilitó su reelección aceptó que el radicalismo introdujese el Consejo que asesorará al primer mandatario en el nombramiento de jueces y tendrá atribuciones de administración y disciplina del Poder Judicial.
Pero como era previsible el Gobierno no estaba dispuesto a tolerar que se limitase su injerencia sobre la Justicia en el nombramiento de los jueces y con los votos de los propios legisladores dio media sanción a su iniciativa en el Senado.
El tema parecía adormecido hasta que hace un mes durante un almuerzo organizado en el tradicional Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires el presidente de la Corte Suprema Julio Nazareno dijo que el Consejo "rifa" al Poder Judicial.
Nazareno que sólo acepta su creación a regañadientes reclama que el cuerpo se limite a asesorar a la Corte en materia disciplinaria y presupuestaria pero a su entender debe ser ésta la que tenga la última palabra en esos temas.
Hace varios días un grupo de presidentes de cámaras de apelaciones planteó ante el primer mandatario "sus preocupaciones porque el Consejo no resguarda suficientemente la independencia de la Justicia". El martes más de cien secretarios letrados de los Tribunales hicieron lo mismo ante Nazareno.
Si bien las objeciones de los jueces coinciden parcialmente con las de Nazareno algunos focalizan sus críticas en las atribuciones disciplinarias y presupuestarias -varios reivindican la facultad de la Corte para fijar sus sueldos- mientras que otros lo hacen en la composición del órgano algo que Nazareno por su extracción oficialista no cuestiona.
Lo que ni Nazareno ni muchos de esos jueces reconocen es que las quejas son extemporáneas pues es la Constitución la que expresamente otorga aquellas atribuciones al Consejo.
A esta altura de los acontecimientos sólo es legítimamente atendible cuestionar la integración del Consejo para que no esté dominado por el oficialismo. Pocos perciben que el Gobierno pretendería controlar la sala que se ocupará de designar a los jurados encargados de la selección y conformación de las ternas uno de los puntos más delicados.
Críticas y reacciones
Menem supo aprovechar las críticas de los jueces y buscó oxígeno para los legisladores. Como si la postura del oficialismo no tuviese nada que ver en la mora legislativa dejó entrever que la aprobación del proyecto está demorada por culpa del radicalismo presionó para que se lo sancione y amenazó con nombrar jueces por decreto.
Esto último aterró a todos. parece fuera de toda lógica que el Gobierno declare una emergencia judicial que no existe ni tiene precedentes. Además los decretos de necesidad y urgencia requiere su posterior e inmediato tratamiento por el Congreso lo cual sólo importaría diferir la discusión.
Tampoco podría invocar la figura del nombramiento de jueces en comisión (artículo 99 inciso 19 de la CN) porque por una parte ella sólo se puede usar cuando el Senado está en receso y por otra está prevista para cubrir las vacantes de cargos que requieren acuerdo de esa Cámara mientras que la designación de magistrados necesita también del dictamen previo del Consejo que elabora la terna.
Y finalmente el tradicional mecanismo de designación de magistrados por el Presidente con acuerdo del Senado es inaplicable porque la Constitución expresamente dispuso que caducaba en agosto del año último.
Peligros
Hoy día todos los movimientos entrañan peligros. El ministro de Justicia Rodolfo Barra se reunió con los diputados justicialistas para procurar que introduzcan las modificaciones solicitadas por los jueces porque después de todo ellos defienden las potestades de la Corte y ésta está dominada por el oficialismo.
Por otra parte el presidente de la UCR Rodolfo Terragno en un acto en el que estuvo acompañado por los presidentes de los bloques de diputados y senadores radicales advirtió que si el Gobierno continúa con su línea de acción los legisladores "no integrarán" el cuerpo.
Evidentemente el líder radical quiere tomar distancia de cualquier inclinación negociadora y adopta una seria postura ética que de concretarse restará legitimidad al flamante instituto constitucional. En veinte días habrá despachos de mayoría y minoría.
Lo que nadie puede perder de vista es que está en juego la Constitución Nacional. Su violación nunca importó a muchos pero siempre tuvo responsables que defendieron sus propios intereses. ¿Seremos una vez más los argentinos esclavos de nuestra idiosincrasia política y social? Quizás el pueblo merece algo mejor.
