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Los números de la justicia argentina
Por Natalia Gambaro y Martín Gershanik Para LA NACION
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La creciente demanda por parte de la ciudadanía de mayor seguridad, ya sea física o jurídica, pone a prueba la capacidad de respuesta de nuestro sistema judicial.
Este complejo entramado institucional está compuesto por veinticinco poderes judiciales separados e independientes; cada uno de ellos con sus tribunales, ministerios públicos, fuerzas de seguridad y, en muchos casos, también cárceles. Entender su funcionamiento no es tarea fácil, aunque su actuación tenga un fuerte impacto en la vida cotidiana de los argentinos.
Es muy frecuente escuchar que la justicia está en crisis, que los juzgados están colapsados o que hay largas demoras. Sin embargo, poco se habla sobre la verdadera magnitud del problema, sus orígenes y las posibles soluciones. Ver algunos números puede ayudar a dimensionarlo.
El sistema judicial es una organización sostenida fundamentalmente por sus recursos humanos. En todo el país trabajan aproximadamente 80.000 personas. De éstas, 4300 son jueces. El resto se reparte entre funcionarios y empleados. En 2005, se destinaron 3350 millones de pesos a afrontar sus gastos, que van desde el pago de haberes hasta la compra de papel y la reparación de los edificios. Si tenemos en cuenta que el 89% de este dinero se utiliza para pagar sueldos, resta un limitado margen para destinar a inversión de capital, como la incorporación de tecnología.
Si bien el presupuesto destinado al sistema judicial en todo el país aumentó 65% en los últimos diez años, en 2005 la incidencia del presupuesto en justicia sobre el presupuesto público total descendió al 3,43%. En 2000, había sido del 4,46%, es decir que el incremento en el presupuesto judicial no fue proporcional al aumento del presupuesto de la administración pública. Sumado a ello, la demanda ciudadana de servicios de justicia, medida en términos de cantidad de causas ingresadas, alcanzó, en 2004, los 3,9 millones de nuevos expedientes. Ello implica un aumento del 45% en estos diez años. Con este caudal de causas ingresadas, cada juez, en promedio, debe resolver 920 causas nuevas por año, y a ello deben sumarse las causas que no fueron resueltas definitivamente en años anteriores.
Con respecto a la justicia criminal, los números también asombran. En la última década, la cantidad de delitos prácticamente se duplicó. En 2004 se denunciaron 1,2 millones de delitos. El incremento de los delitos denunciados impactó en la cantidad de personas privadas de libertad en todo el país. Hoy hay más de 62.000 personas detenidas en cárceles de todo el país y, en algunos casos, como la provincia de Buenos Aires, también en comisarías. Dicha cantidad representa un aumento del 65% con respecto al año 2000. Este acelerado crecimiento provocó el colapso del sistema carcelario, que actualmente no posee la capacidad suficiente para albergar al total de personas detenidas. El índice de sobrepoblación carcelaria alcanza el 42%.
Los datos expuestos precedentemente forman parte del diagnóstico del estado de nuestra justicia, realizado a partir de una investigación llevada a cabo por Unidos por la Justicia, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Se trata de un trabajo inédito que, por primera vez, sistematiza en un solo volumen información sobre el sistema federal y los sistemas judiciales provinciales y la de la Ciudad de Buenos Aires.
Esta investigación abarca las distintas instituciones del sistema judicial: Poder Judicial, ministerio público, fuerzas de seguridad, sistema penitenciario y educación legal, entre otras, e incluye información sobre presupuestos judiciales y de la administración pública, movimiento de causas, recursos humanos, cantidad de detenidos, estudiantes y abogados.
Además, realiza una descripción de los proyectos de mejora del sistema judicial que se encuentran en pleno desarrollo e implementación, en las distintas jurisdicciones, que van desde reformas legales y nuevas modalidades de trabajo hasta la incorporación de herramientas tecnológicas.
Se trata de una obra de referencia obligada tanto para actores relevantes de las instituciones y encargados de la toma de decisiones, como para la población en general; imprescindible para tomar cuenta del estado actual y la evolución del sistema de justicia en nuestro país.
La utilización de esta información es fundamental para tomar las decisiones de gobierno que permitan concretar las reformas necesarias para la mejora del sistema judicial, tanto a nivel nacional como provincial. Para ello, será necesaria la participación consensuada de los tres poderes del Estado en términos de modificaciones normativas, acuerdos de inversión a futuro y compromisos de no injerencia en la actividad del poder judicial.
El desafío es partir de la realidad reflejada en "datos duros" para avanzar en una verdadera política de Estado que permita mejorar el sistema de justicia en nuestro país, pilar fundamental para fortalecer las demás instituciones democráticas.
