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Los pactos de Eisenhower y Franco
Por Carlos Escudé Para LA NACION
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Hoy se cumple medio siglo de la firma de los pactos entre Estados Unidos y España, que convirtieron a ésta en uno de los baluartes de la seguridad occidental a comienzos de la Guerra Fría. Los acuerdos de 1953 tuvieron efectos en cierta medida paradójicos: consolidaron el régimen franquista, dañaron la imagen norteamericana en el mundo (por lo menos entre los liberales y la izquierda), permitieron a Estados Unidos afianzar una presencia militar en territorio europeo que hasta el día de hoy es crucial para sus operativos militares y sentaron las bases para la eventual incorporación de una España democrática a las instituciones europeas y atlánticas.
Estos pactos ilustran también sobre las diferencias entre Francisco Franco y su aliado argentino Juan Domingo Perón.
Quien esto escribe tuvo la fortuna de estudiar el contenido de los archivos norteamericanos y británicos respecto de las históricas negociaciones que comenzaron en 1951, durante la presidencia de Truman, y culminaron a nueve meses de comenzada la gestión de Eisenhower. Durante largo tiempo, Franco había acariciado el sueño de seducir a Estados Unidos con las ventajas geoestratégicas brindadas por el territorio español, pero nada consiguió hasta que la Guerra de Corea calentó la Guerra Fría, convenciendo a Washington de que debía precaverse frente a la posibilidad de un fulminante ataque soviético contra Europa occidental. Como consecuencia, en junio de 1951 el Consejo Nacional de Seguridad dejó de lado sus escrúpulos ideológicos y emitió su directiva NSC 72/6, que estableció la necesidad de negociar por bases militares en España y dictaminó que la pronta incorporación de España a la OTAN era un objetivo prioritario de Estados Unidos.
Este objetivo, sin embargo, habría de encontrar fuerte resistencia entre sus principales aliados, Francia y Gran Bretaña. No sólo resultaba objetable la incorporación de España a la OTAN: también lo era la negociación de pactos bilaterales. Aunque la objeción explícita a la incorporación de España a la defensa occidental fue principalmente ideológica, el origen de la oposición era más complejo.
Por un lado estaba el problema político que supondría la obtención de respetabilidad internacional por parte del franquismo, habida cuenta del peso del laborismo en el Reino Unido y de los socialistas y comunistas en Francia. Pero de mayor importancia aún era el cálculo de que toda colaboración con España reduciría el dinero disponible para la OTAN.
En las palabras de un funcionario británico: "Les hemos dicho a los americanos que contemplamos un acuerdo favorablemente siempre que la ayuda de Estados Unidos a España no sea a costa de su ayuda al Tratado del Atlántico Norte, países del Commonwealth, y, eventualmente, Alemania". Además, en el caso francés este cálculo venía potenciado por el temor a la posibilidad de que, ante un arrollador avance soviético, Estados Unidos optase por replegarse detrás de los Pirineos, abandonando a Francia a su suerte hasta poder intentar su reconquista.
Frente a estos temores y objeciones, los norteamericanos optaron por jugar su propio juego. Negociaron con el régimen de Franco, pero sacrificaron el objetivo de incorporar a España a la OTAN (cosa que sólo se concretaría décadas más tarde, después de la muerte de Franco).
El Congreso ya había separado cien millones de dólares (cifra enorme en la época) para la cooperación con España, que el Poder Ejecutivo podía usar o no según su mejor criterio. Con esa zanahoria, las conversaciones (que habían tenido una fase preliminar en 1951) se aceleraron en abril de 1952, encabezadas de parte norteamericana por George Train (en lo económico) y el general August Kissner (en lo militar), y de parte española por el ministro de Asuntos Exteriores Alberto Martín Artajo y el general Juan Vigón.
Pronto les quedó claro a los norteamericanos que se necesitarían mucho más que cien millones de dólares para conseguir que los españoles permitieran el uso de su territorio para el despliegue de fuerzas norteamericanas. Los negociadores de Franco se encargaron de subir permanentemente la apuesta. Reconcieron su interés por llegar a un acuerdo, pero remarcaron que éste era imposible si España no estaba capacitada para defenderse del riesgo de ataque soviético que supondría tener fuerzas militares norteamericanas en su territorio. Era necesario compensar a España con una fuerte ayuda militar.
Con unanimidad, los negociadores norteamericanos le daban la razón a la contraparte española en su correspondencia secreta con las autoridades de Washington. En agudo contraste con las negociaciones de 1946 del gobierno de Perón ante Gran Bretaña, los españoles, en un principio despreciados por los norteamericanos, se supieron ganar el respeto.
Decía el embajador Lincoln MacVeagh en un telegrama secreto de julio de 1952: "España no está ni remotamente tan ansiosa de recibir nuestra ayuda como estamos nosotros de darla a cambio de la obtención de otra cosa (...) El problema presente es encontrar alguna fórmula para el acuerdo de bases militares que sea capaz de satisfacer los requisitos españoles (...) sin ir más allá de lo que esas bases valen para nosotros. (...) Una medida de atención a su orgullo vale muchos dólares".
Y en un despacho de septiembre, el embajador se explayaba un poco más:
"Nuestra impresión a partir de nuestros contactos personales aquí es que hay más flexibilidad en las mentes españolas de lo que, debido a las exigencias de la negociación, están dispuestos a revelar. (...) Debo confesar que tengo menos confianza en nuestra disposición a modificar nuestra posición que la que tengo en la disposición de ellos a encontrarse con nosotros en la mitad del camino. Soy consciente de que si vamos a proveer equipos militares a España, debemos revocar las seguridades hasta ahora dadas a los británicos, y quizás a otros miembros de la OTAN. Pero esto es inevitable ahora que conocemos mejor la actitud de los españoles, si es que queremos tener éxito en nuestras negociaciones aquí."
La respuesta de Washington a estas demandas de sus propios negociadores se produjo muy lentamente. Hacia fines de 1952 los españoles se endurecieron, paralizando las negociaciones. El tránsito de la administración de Truman a la de Eisenhower, que se produjo entonces, demoró aún más el trámite.
Cuando el gobierno de Eisenhower llegó a la conclusión de que no habría manera de conseguir bases militares en España sin gastar mucho más de lo que sus negociadores estaban autorizados a ofrecer, se convocó a una reunión del Consejo Nacional de Seguridad, en mayo de 1953. Allí se aliaron el Departamento de Estado con el de Defensa para vencer las resistencias del Departamento del Tesoro, cuya consigna era equilibrar el presupuesto. De esa reunión surgió una nueva directiva que cedía unos $ 465 millones en ayuda para España y un gasto total de alrededor de $ 800 millones, que incluía el costo en dólares de la construcción de bases militares. El gasto militar se recortaría en otros rubros, pero se encontraron los recursos para satisfacer las pretensiones de los peninsulares, y España sería incorporada al esquema de defensa de Occidente, pese a la oposición gala y británica.
Las negociaciones, cuyas consecuencias fueron respetadas incluso por los socialistas en la era democrática, convirtiéndose en una auténtica política de Estado, representaron el comienzo del renacer español. Son un modelo para un patriotismo anclado en el reconocimiento de la asimetría de poder entre un Estado fuerte y uno débil. Los españoles reivindicaron lo propio con firmeza, a la vez que pragmáticamente reconocieron que las circunstancias exigían bases norteamericanas en su territorio.
El autor es profesor de la Universidad del CEMA y director del Centro de Estudios Internacionales y de Educación para la Globalización.
