Los paraísos fiscales aumentan la desigualdad

Una vez más, la pereza o la mala intención -o una combinación de ambas- llevan a confundir la naturaleza de un grave problema de interés público: cuál es la función y el efecto de los paraísos fiscales. Los nuevos documentos que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación está difundiendo en estos días y que son conocidos como “Papeles del Paraíso” dirigen el escrutinio a los nombres de los titulares de las cuentas y a la discusión respecto de si es correcto o no que un funcionario o un empresario posean activos financieros o participen en sociedades radicadas en paraísos fiscales. Parecería que, si el dinero allí radicado no fuera producto de la corrupción o el narcotráfico todo el problema se reduciría a una cuestión moral sobre la cual cada uno tiene una opinión igualmente respetable. Pero cuando el dinero no es ilegal el problema principal no es de naturaleza jurídica ni de tipo moral: es un problema de orden político.

Que el dinero depositado en paraísos fiscales no provenga de actividades delictivas no es un pasaporte a la honorabilidad de sus propietarios. Buena parte de esos fondos son propiedad de compañías multinacionales que por medio de procedimientos legales evitan pagar impuestos en los países en los que realizan sus negocios. A través de transacciones entre sociedades subsidiarias, operaciones que en apariencia consisten fundamentalmente en la compra o venta de bienes o servicios a precios de mercado son en realidad modos de transferir las ganancias obtenidas a jurisdicciones en las que los impuestos son nulos o poco significativos. En 2003 Alphabet, la compañía propietaria de Google, transfirió la propiedad de sus tecnologías de búsqueda y de publicidad (es decir, los algoritmos que hacen de Google el buscador más utilizado y los que le permiten vender los anuncios con los que realiza su ganancia) a una subsidiaria irlandesa, cuya residencia fiscal está a su vez en Bermuda. Como señala un trabajo realizado por Gabriel Zucman, profesor de economía en la Universidad de California, eso le permitió a Google que todas las ganancias generadas por esos activos tecnológicos terminaran en Bermuda, sitio en el que Google registró en 2015 unas utilidades antes de impuestos de quince mil quinientos millones de dólares. Antes de impuestos y después de impuestos es una distinción que en Bermuda carece de sentido, dado que la tasa es 0%.

Bajo la forma del pago a empresas matrices o subsidiarias por el uso de patentes, licencias, marcas, logotipos o sistemas de administración, entre otros conceptos, las multinacionales transfieren a paraísos fiscales, según el mismo estudio, unos 700 mil millones de dólares anuales, es decir, más que la riqueza total que produce la Argentina.

“La mayor parte de la riqueza mundial, escribe Zucman, pertenece a gente muy rica, de modo que la elusión fiscal corporativa sólo enriquece a un pequeño número de personas”: los poseedores de las acciones de esas compañías y sus directivos. Y los impuestos que las multinacionales evaden debe ser compensados por impuestos más altos sobre los hogares de ingresos medios y bajos, de modo que las clases medias ven más reducida su capacidad de ahorro. A su vez, los Estados que dejan de percibir los impuestos por las ganancias que las multinacionales trasladan a los paraísos fiscales tienen menos capacidad de realizar las inversiones en bienes públicos que mejorarían el horizonte vital de los sectores más débiles de las sociedades. Según Zucman, la pérdida de ingresos de la Unión Europea por este mecanismo equivale a la mitad del total del gasto público en educación superior del conjunto de la región.

Tax Justice Network, una red internacional independiente dedicada a la investigación y análisis del sistema impositivo y a la regulación financiera, sostiene que “debido a los paraísos fiscales, la desigualdad es significativamente peor de lo que los economistas miden”. También Oxfam, una ONG dedicada a la lucha contra la pobreza, explica que como consecuencia de esas maniobras los gobiernos deben recortar servicios o compensar la menor recaudación aumentando impuestos a los demás ciudadanos. “Ambas opciones -explican- hacen que las personas más pobres pierdan y que la brecha de desigualdad crezca.”

No sólo las multinacionales transfieren su riqueza a paraísos fiscales. También los “ultra ricos” pueden esconder allí sus fortunas, sacándolas de la vista “del fisco, de los socios, de los cónyuges o de los jueces. El equivalente del 10% de producto bruto global -afirma Zucman- es manejado offshore por personas ricas bajo la forma de depósitos bancarios, acciones, bonos o participaciones en fondos de inversión, en general a nombre de cáscaras corporativas vacías, fundaciones y trusts.” Aproximadamente el 50% de la riqueza escondida en los paraísos fiscales pertenece a familias que tienen más de 50 millones de dólares -a quienes los banqueros llaman “individuos de valor neto ultra alto (ultra high net worth individuals)”. Un grupo que representa el 0,01% de la población de las economías avanzadas. En países como el Reino Unido, España, Alemania y Francia, entre el 30 y el 40% de la riqueza de las familias que integran ese 0,01% se encuentra en paraísos fiscales. No conocemos esos porcentajes para nuestro país, pero sí sabemos que, de acuerdo con un informe del Foro Económico Mundial, América latina es el continente más desigual y que, aquí, entre 2002 y 2015 las fortunas de los más ricos se incrementaron en un 21% anual en promedio, mientras que el crecimiento de las economías estuvo por debajo del 5% anual: la desigualdad solo crea más desigualdad.

El presidente Macri lleva adelante una reforma del sistema impositivo argentino. En un sistema fiscal se cifran, como en ningún otro cuerpo normativo, las ideas de justicia de una sociedad en un momento determinado. Fue la inequidad del sistema fiscal la que negó en los hechos todo el discurso pseudo progresista del kirchnerismo. Una reforma es sin duda imprescindible. Pedir que todos en la sociedad pongan algo, sin embargo, no es el mejor modo de iniciarla: entre nosotros algunos tienen mucho y ellos deberían hacer el esfuerzo mayor. Un esfuerzo que debe comenzar pagando lo que deben en función de lo que ganan. La aparición de empresarios y funcionarios argentinos en los documentos de los paraísos fiscales no debería ser visto tan sólo -ni siquiera principalmente- como una cuestión moral: es una cuestión política, que refuerza las desigualdades de una sociedad tremendamente injusta. Naturalmente, nuestro país no puede, por sí solo, luchar contra los paraísos fiscales. El ex primer ministro británico Gordon Brown inició una campaña en Avaaz para que el G20, en su próxima cumbre, promueva “un acuerdo internacional que ilegalice los paraísos fiscales e imponga sanciones y penas de prisión a los evasores de impuestos”. El presidente del G20 es, en esta ocasión, Mauricio Macri. Compartir el liderazgo de la iniciativa será un buen modo de hacer saber que el Gobierno está dispuesto a combatir, como afirma también la declaración de Gordon Brown, “una de las injusticias más grandes de nuestro tiempo, que permite a los ricos mantenerse al margen mientras todos los demás pagamos por un sistema de sanidad y de educación y por proteger a los más vulnerables”.