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Los problemas educativos en Neuquén
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POR decreto provincial Nº 1712, el gobierno del Neuquén ha suspendido la aplicación de la ley federal de educación Nº 24.195 hasta el año 2003. Las causas que determinaron esta medida se vinculan con la dura resistencia que han mantenido contra esa norma la comunidad educativa y los sectores político-sindicales.
En función de ese estado de cosas, y a fin de "conservar la tranquilidad y la paz social", el gobernador Jorge Sobisch eligió el camino de no innovar o -al menos- de postergar indefinidamente la reforma de la enseñanza.
Para apreciar la demora en que se encuentra en Neuquén la aplicación de la ley 24.195 basta señalar que la estructura tradicional del sistema educativo no fue modificada, de modo que en la gran mayoría de los establecimientos de enseñanza provinciales subsisten las denominaciones de los niveles preescolar, primario y secundario.
Es oportuno recordar que la ley de educación fue sancionada el 14 de abril de 1993, con pleno acuerdo de los legisladores nacionales, entre los cuales se contaban, lógicamente, los representantes del Neuquén. Se aseveró entonces que el instrumento legal buscaba afirmar la federalización del sistema y así abandonar el centralismo que había imperado. Sin embargo, en la práctica, esa aspiración fluctuó en un espacio de ambigüedad.
También debe dejarse en claro que la norma legal instituyó el Consejo Federal de Educación, cuya función principal es coordinar y concertar el sistema, a fin de mantener su unidad. Ese organismo es el ámbito natural en el que se deben resolver las diferencias de criterio entre las distintas provincias.
Es conocido que la marcha de la reforma ha sido desigual en las diferentes jurisdicciones. Generalmente se han invocado problemas de financiamiento que dilataban la construcción de obras de infraestructura y equipamiento. Tampoco se debe omitir la gravitación de la cuestión salarial docente, que afectó durante todos estos años el trabajo normal en las escuelas y entorpeció la buena recepción de los cambios, de manera que las copiosas resoluciones y los documentos de apoyo quedaron a menudo distantes de la realidad. En este cuadro general, la singular decisión tomada en Neuquén obliga a una reflexión.
En principio, parece claro que por tratarse de la suspensión de una ley federal, el decreto no tendría validez jurídica. Por otra parte, las resistencias que ha manifestado la población neuquina, si bien merecen especial consideración, no pueden llevar al extremo de impedir la comprensión de que el sistema educativo no puede funcionar sin un régimen mínimo de equivalencias y validez nacional para los estudios cumplidos y para sus títulos correspondientes.
El criterio rector que debe aplicarse para superar el conflicto creado en Neuquén es el que consagra la necesidad de compatibilizar el principio de la unidad -que no implica uniformidad- con el principio de la diversidad , en tanto ésta no suponga la segregación del sistema. Esa es precisamente la función del Consejo Federal de Educación, que es el foro en el cual deben dilucidarse estos problemas.
En vísperas ya del Día del Maestro, aniversario en el cual la actual gestión nacional aspira firmar el Pacto Educativo II, se abre la instancia adecuada para producir un reordenamiento que permita conciliar el espíritu de la ley con el respeto a las particularidades de la realidad social y educativa del Neuquén.
